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“La violencia política contra las mujeres ha crecido en un 200 por ciento como respuesta del machismo, la misoginia, porque las mujeres ocupen cargos políticos y, si bien las mujeres hoy tienen representación del 43 por ciento en la Cámara de Diputados, la violencia política ha aumentado y eso es muy preocupante”, afirmó Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador jurídico del Instituto Nacional para las Mujeres.
Al impartir el “Taller: derechos humanos para las mujeres”, en la sede de un hotel de esta ciudad, dijo que es de vital importancia que se respeten los derechos políticos de las mujeres, y se eliminen la discriminación y violencia contra ellas.
“A partir de que se consagra la paridad como derecho político en las mujeres y que detona en una gran participación de las mujeres, ahorita en el Congreso el 43 por ciento de representación es femenina, se incrementa en senadores, no avanzamos en gubernaturas y en presidencias municipales, del 6 por ciento, brincamos al 12 por ciento, es muy poquito.
“Paradójicamente, la violencia contra las mujeres repuntó de manera escandalosa en nuestro país, y eso nos habla de dos cosas: el patriarcado, la cultura machista y misógina, que reaccionan frente al avance de las mujeres. Los hombres reaccionan de manera violenta, se da en el proceso previo a las elecciones, hay obstáculos, se señala que las mujeres no tienen la capacidad para aspirar o asumir cargos. La otra etapa es en las campañas electorales, hay señalamientos devastadores que van desde su aspecto físico hasta la forma de vestir y, ya que ganan, se perpetúa la violencia”, dijo.
Agregó que el alza de esta violencia es de 200 por ciento en número de casos de violencia, lo cual es muy grave, dijo. “Porque si no permitimos la participación de la mujer en la vida política, mucho menos podemos garantizarle una vida sin violencia doméstica”.
Con respecto a la Alerta de Género que se solicitó para el Estado, dijo que la Secretaría de Gobernación ya tiene el informe y propuesta para el Estado y, una vez que se libere y se notifique al gobierno estatal, el Estado tiene 6 meses para implementarlo y, al final, se decidirá si se emite la alerta o no.
