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Martha Tagle
Fuente: El Sol de México
6 de noviembre, 2026.- Cada vez que compramos un refresco, cargamos gasolina o adquirimos ciertos alimentos de alto contenido calórico, también contribuimos al financiamiento del Estado. En sus precios está incluido el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). No hace falta presentar una declaración anual ante el SAT para aportar dinero al gobierno.
El problema no es solamente cuánto recauda el Estado, sino quién decide cómo se gasta, quién vigila esas decisiones y qué sucede cuando se detectan irregularidades.
Las recientes revelaciones sobre el manejo de recursos en el Instituto Nacional Electoral (INE) deberían encender las alarmas. Las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no significan automáticamente corrupción o desvío de recursos, pero sí exigen explicaciones, investigaciones y, cuando corresponda, fincar responsabilidades.
¿Y si lo ocurrido en el INE es apenas la punta del iceberg? ¿Qué más está pasando con los presupuestos de las dependencias y organismos públicos que no conocemos, porque los mecanismos de vigilancia no están funcionando como deberían? La pregunta incluye a instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), que administra recursos públicos y cuyo gasto debe estar sujeto a controles efectivos, pero que resguardan la información bajo la consigna de la seguridad nacional. Ninguna dependencia debería quedar fuera del escrutinio.
Hay algo todavía más preocupante. La Cámara de Diputados aprobó la Cuenta Pública de 2024 pese a que persistían miles de millones de pesos pendientes de aclaración. Su aprobación no cancela las observaciones de la ASF, pero obliga a preguntar qué seguimiento real darán las y los legisladores a esos hallazgos.
La Constitución confiere a la Cámara de Diputados facultades exclusivas para aprobar el Presupuesto de Egresos y revisar la Cuenta Pública, además de responsabilidades en materia de fiscalización superior. No son simples espectadores del gasto gubernamental: son nuestros representantes y deben vigilar que los recursos se ejerzan conforme a la ley y al interés público.
Esta vigilancia también necesita perspectiva de género. Las mujeres aportamos impuestos cada vez que consumimos, pero seguimos realizando la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Cuando faltan servicios públicos de salud, centros de cuidado infantil o apoyos para personas dependientes, somos principalmente nosotras quienes cubrimos esas ausencias con tiempo, ingresos y oportunidades.
Por eso no basta con revisar si el dinero se gastó conforme a las reglas. También debemos preguntar a quién beneficia, qué desigualdades reduce y cuáles reproduce. Un presupuesto puede estar formalmente ejercido y, sin embargo, dejar intactas necesidades fundamentales.
Estamos ante la discusión del Presupuesto de Egresos de 2027. Es momento de exigir transparencia sobre cada peso, seguimiento a las observaciones, evaluación de resultados y decisiones que respondan a las necesidades de las personas.
La mayoría oficialista tiene los votos para aprobar presupuestos y cuentas públicas. Pero contar con los votos le obliga a rendir cuentas. La representación democrática no consiste en respaldar automáticamente al gobierno, sino en controlar el ejercicio del poder.
El dinero público no pertenece a ningún gobierno. Sale de nuestros bolsillos y debería regresar a la sociedad en derechos, servicios y mejores condiciones de vida. Si el dinero es nuestro, tenemos derecho a saber cómo se gasta y a exigir cuentas por cada peso.