Servicio público pleno

Guillermo Fournier Ramos*

Fuente: Diario de Yucatán

Mérida, 7 de noviembre de 2026.- Los gobiernos tienen la responsabilidad de ofrecer servicios públicos de calidad a la población, mediante la administración eficiente del erario, que proviene de los impuestos pagados por los ciudadanos. Ese es el pacto social que justifica la entrega del poder a cualquier autoridad gubernamental: que el Estado garantice los derechos y necesidades básicas de la gente.

Sin embargo, es común que la ciudadanía padezca gestiones deficientes de recursos, ya sea por incompetencia, corrupción o mala planeación. Los casos son muchos, desde falta de infraestructura eléctrica causante de apagones, hasta hospitales públicos sin equipo médico que ponen en riesgo las vidas de los pacientes asegurados, pasando por escuelas en estado deplorable donde los niños y jóvenes no aprenden como debieran.

En este orden de ideas, en los últimos meses, ha empezado a hablarse cada vez más, y en diversas partes del país, sobre el problema del agua. Si bien, algunas regiones del centro y norte del territorio nacional sufren por escasez de agua potable desde tiempo atrás, llama la atención que ahora entidades como Jalisco o Yucatán enfrenten retos significativos en torno a dicho tema.

La crisis por contaminación del agua en la zona metropolitana de Guadalajara genera indignación porque circulan múltiples testimonios de ciudadanos que se encuentran con líquido obscuro y mal olor al abrir la llave del baño. Además de la falta de acceso al agua, los habitantes de tales colonias están expuestos a riesgos para la salud. El agua contaminada puede derivar en enfermedades potencialmente fatales, como el cólera.

Es verdad que en Yucatán no hemos llegado a tales extremos, pero también es cierto que las denuncias y reclamos ciudadanos por asuntos relacionados con el servicio de agua potable han incrementado de manera desproporcionada. Por tanto, se vuelve urgente que las autoridades actúen en consecuencia, con el fin de evitar una eventual crisis mayor que comprometa el acceso generalizado al agua, así como la salud de la población.

¿Por qué vemos el abandono de algunos gobiernos al mantenimiento y atención del sistema de agua potable? Tal vez sea indolencia o poca capacidad, pero también está la preocupante posibilidad de que se trate de una justificación montada para privatizar el agua potable. Tal escenario sería alarmante.

En primer lugar, porque el agua es un derecho fundamental y el gobierno es, en última instancia, el obligado a garantizarlo. Así lo establece el Derecho Internacional y nuestra Constitución y leyes nacionales. Los ciudadanos podemos y debemos exigirles a las autoridades que nos aseguren que tendremos acceso a agua potable limpia.

En segundo término, porque el agua es un recurso no renovable y, al mismo tiempo, un bien común de los mexicanos. Si tanto se habla de defender la soberanía, es momento de demostrarlo protegiendo y haciendo valer el derecho al agua para todos. El acceso al agua no debe ser un privilegio, sino un servicio público pleno y eficiente. El petróleo es importante, pero sin agua no se puede vivir.

Mentir sería continuar con la política gubernamental de negar cualquier problema social, afirmando que todo está bien o minimizándolo; robar sería negarle el derecho al agua potable a los ciudadanos por atender intereses oscuros; traicionar sería privatizar el agua, ya sea a nacionales o extranjeros.

Por supuesto, la subcontratación de empresas especializadas para hacer actividades complementarias en el suministro de agua potable es válido, y puede contribuir a hacer más eficiente el servicio público. Lo que sería inaceptable es entregar por completo el recurso vital a corporaciones privadas. Hay que subrayar la distinción.

En síntesis, un gobierno que no es capaz de brindarle agua potable a la población es un gobierno que no les da lo mínimo a sus ciudadanos. Entonces, se trata claramente de una autoridad incompetente para dar resultados. Observar este tipo de detalles en el servicio público es útil para decidir desde ahora por qué partido político no debemos votar como electores.—Mérida, Yucatán

*Licenciado en Derecho, maestro en Administración, doctor en Gobierno