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Rodrigo Llanes Salazar (*)
Fuente: Diario de Yucatán
Después de haber perdido una elección que denominó fraudulenta en julio de 2006, Andrés Manuel López Obrador fue proclamado “presidente legítimo” de México por la Convención Nacional Democrática en el Zócalo, en la capital del país, el 20 de noviembre de ese año.
Como parte de su investidura, AMLO presentó a su “gabinete alterno”, dio a conocer los 20 puntos de su “gobierno legítimo” y se colocó la banda tricolor presidencial.
“Acepto el cargo de presidente como rechazo a la imposición y la ruptura del orden constitucional”, expresó entonces AMLO.
Unos días antes, había liderado un “plantón” de más de un mes en el centro de la ciudad en rechazo al fraude electoral. Esa fue una de las medidas más controvertidas entre las muchas denuncias que AMLO y sus seguidores hicieron con respecto al proceso electoral.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación había reconocido a Felipe Calderón Hinojosa como el candidato ganador de los comicios.
Para muchos críticos de AMLO, su proclamación como presidente legítimo fue uno más de una larga lista de actos irreverentes del político. Para sus seguidores, el plantón en el centro histórico y la investidura como presidente legítimo constituyó una alternativa pacífica ante la posibilidad de manifestaciones violentas del descontento de miles de ciudadanos.
En cualquier caso, AMLO apostó por la legitimidad y la fuerza moral allí donde las instituciones oficiales no le dieron la razón.
Guardadas las proporciones, a una situación similar ha llegado la movilización en contra del proyecto denominado “Tren Maya”, un proyecto impuesto y que ha roto con el orden constitucional, numerosas leyes mexicanas y tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte.
Prácticamente desde los inicios del proyecto en 2018, numerosas ciudadanas y ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y especialistas han recurrido a los medios legales para manifestar su oposición y preocupaciones en torno al Tren Maya: han presentado más de veinte demandas de amparo debido al incumplimiento de diversas normas por parte de las autoridades, se han presentado estudios y observaciones expertas sobre los impactos negativos del Tren y, sobre todo, de las obras de infraestructura y polos de desarrollo que le acompañan.
A pesar de todo lo anterior, “el Tren Maya va porque va”, como ha afirmado AMLO.
En este contexto, del 9 al 12 de marzo se celebró el Octavo Tribunal Local de los Derechos de la Naturaleza en Valladolid, Yucatán, para juzgar el proyecto del Tren Maya. El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza fue creado por la Global Alliance for the Rights of Nature (GARN) en 2014 y estuvo inspirado en otros “tribunales de conciencia”, como el Tribunal Internacional sobre crímenes de guerra y el Tribunal Permanente de los Pueblos.
Como señala GARN, los tribunales de conciencia son creados por ciudadanos para investigar y difundir violaciones de derechos humanos, ejercer presión social y fortalecer el derecho internacional de derechos humanos.
Particularmente, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza es un espacio para que personas de todo el mundo hablen en nombre de la naturaleza, protesten por la destruccción de la Tierra y hagan recomendaciones. Al igual que otros tribunales de conciencia, este Tribunal cuenta con jueces con una reconocida trayectoria y expertise en la materia, y basan sus decisiones en el derecho internacional.
Asimismo, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza tiene como fundamentos normativos el creciente movimiento de los derechos de la naturaleza, el cual, como explica GARN, “es un nuevo enfoque en el derecho ambiental, que ve la naturaleza no como una serie de recursos que los seres humanos pueden usar, sino como un sujeto vivo con sus propios intereses y derechos”.
Los jueces del octavo Tribunal local fueron el padre Raúl Vera (de México), Yaku Pérez (de Ecuador), Francesco Martone (de Italia), Alberto Saldamando (Chicano/Zapoteca) y Maristella Svampa (de Argentina), quien fue la presidenta.
Como parte del Tribunal local, los jueces y la jueza leyeron diversos materiales sobre los impactos del Tren Maya, visitaron comunidades afectadas y, el 11 de marzo, se celebró una audiencia en Valladolid en la que integrantes de comunidades, organizaciones e investigadoras e investigadores presentaron testimonios sobre los efectos actuales y futuros del Tren.
Al inicio de la audiencia, Pedro Uc, de la Asamblea Maya de Defensores del Territorio Muuch Xiinbal expresó que el acto “no tiene que ver con derechas o con izquierdas”, sino “con los árboles que están tirando, con los cenotes que están rellenando, con la tierra que están envenenando”. La intención, afirmó, es “proteger nuestro territorio”.
Natalia Greene, de GARN, hizo un recuento de las constituciones de entidades federativas y sentencias de la Suprema Corte de Justicia de México que reconocen derechos de la naturaleza en el país, aunque aclaró que “a la naturaleza no hay que reconocerle derechos, tiene derechos, el tribunal hace valerlos”.
Por su parte, el fiscal de la Tierra, el abogado Jorge Fernández Mendiburu, explicó que en la audiencia se acusa formalmente al Estado mexicano por la implementación del proyecto Tren Maya, el cual, afirmó, “como iremos demostrando con los testimonios, ni es maya ni es solo un tren: es todo un proyecto de reordenamiento territorial que está generando serios impactos a la naturaleza en la península de Yucatán”.
Particularmente, los ejes a acreditar, según explicó el fiscal, fueron que el proyecto se inició sin las debidas manifestaciones de impacto ambiental y, cuando se hicieron, fueron de manera fragmentada (evaluando tramos del proyecto y no el proyecto en su conjunto con sus impactos acumulativos) y sin la participación de las comunidades y pueblos afectados, como lo mandata el Acuerdo de Escazú (el cual el Estado mexicano firmó y ratificó recientemente).
Asimismo, el fiscal planteó que el proyecto es inviable debido a las características particulares de la región, con un suelo kárstico, altamente frágil, y una biodiversidad única en el mundo.
Como explicó en su intervención el Dr. Rodrigo Medellín, investigador de la UNAM, más de la mitad de todos los jaguares de México se encuentran en la península de Yucatán y, para su supervivencia, necesitan paisajes de selva extensos, los cuales serán fragmentados e impactados por las obras del Tren Maya.
Otro de los ejes fue que el proyecto viola el derecho a la libre determinación de los pueblos, ya que, en palabras del fiscal, parte de un modelo de desarrollo “que nada tiene que ver con la concepción de desarrollo de las comunidades”, las cuales son vistas como “mano de obra barata, como ha sido sistemáticamente en este país”.
Los testimonios de integrantes de comunidades como Pisté, Sanahcat, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, Hopelchén y Xpujil expresaron cómo el proyecto ha generado división en sus pueblos —peleas por el dinero y por las rentas de las tierras—; cómo las obras del proyecto están afectando los hábitats de animales como jabalíes, monos, venados, pájaros, murciélagos, abejas; cómo se están rellenando cenotes. También expresaron severas preocupaciones por el incremento de la violencia, la delincuencia y la presencia de la Guardia Nacional.
Por su parte, las y los investigadores presentaron resultados de sus investigaciones que dan cuenta de los impactos actuales y posibles del proyecto. El Dr. Luis Zambrano, del Instituto de Biología de la UNAM, especialista en ecosistemas acuáticos, expuso que estudios recientes indican que con el Tren Maya se va a destruir entre el 10 y 20% del hábitat de toda la península.
El Dr. Zambrano señaló que él y su equipo de investigación presentaron observaciones en las consultas públicas de información, pero fueron ignoradas por las autoridades.
Además de advertir los impactos en la fauna como en los jaguares y los murciélagos, el Dr. Medellín también enfatizó que la roca caliza de la península de Yucatán, que se desmorona muy fácilmente, no permite la construcción de obras como el Tren Maya. Por este tipo de medidas consideró que la historia del proyecto es la crónica de un desastre anunciado.
Asimismo, la Dra. Gabriela Torres-Mazuera, investigadora del CIESAS, expuso cómo Fonatur y empresas intermediarias como Barrientos y asociados han entablado negociaciones fraudulentas con las asambleas ejidales para lograr la renta de las tierras ejidales, generando división en las asambleas y excluyendo a mujeres y jóvenes de las comunidades. Torres-Mazuera hizo un llamado a cambiar el enfoque centrado en la propiedad social de la tierra —la idea de que la tierra es de quien la trabaja— y reconocer la función socioecológica de la misma —la idea de que la tierra es de quien la cuida.
Tras escuchar los testimonios de integrantes de comunidades y especialistas, los jueces expusieron sus conclusiones y la Dra. Svampa leyó el veredicto provisorio. El juez Yaku Pérez señaló los numerosos acuerdos internacionales ratificados por el Estado mexicano que han sido violados, como la Declaración de Río, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el Acuerdo de Escazú, la Agenda 2030, entre otros.
Finalmente, la Dra. Svampa señaló que, antes de la audiencia, tuvo una reunión con la Semarnat, cuyos funcionaros le advirtieron que el Tren Maya es un “proyecto muy controvertido”. Ella reconoció que, más que controvertido, los testimonios son conduntentes y “el Tren Maya y sus impactos, los que ya están viendo y los que vendrán, están al servicio de la devastación y del despojo”. “Es un proyecto insustentable, devastador”, sentenció.
El veredicto de los jueces fue que el “mal llamdo Tren Maya abre la puerta no solo al ecocidio, sino también al etnocidio”; que ha violado todas las herramientas de protección social y ambiental, por lo que solicitan la cancelación y la realización de una auditoría independiente, intercultural y con la participación plena y efectiva de las comunidades afectadas, no del proyecto por tramos, sino de todo el proyecto; exigen la reparación de los ecosistemas dañados y que se detenga el proceso de despojo de la tierra ejidal, así como la desmilitarización inmediata del territorio.
Por último, llamaron a los poderes ejecutivo y legislativo a realizar modificaciones constitucionales para establecer el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos y el efectivo ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.— Mérida, Yucatán.
rodrigo.llanes.s@gmail.com
Investigador del Cephcis-UNAM