Rodrigo Llanes Salazar: Suspenden Tren Maya

Mirada antropológica

Rodrigo Llanes Salazar (*)

Fuente: Diario de Yucatán

El Tren Maya, uno de los proyectos de desarrollo prioritarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se enfrenta ahora a una suspensión provisional concedida por el Juzgado Primero de Distrito en Campeche.

El pasado 28 de enero, organizaciones de la sociedad civil, activistas e integrantes de comunidades de Calakmul —una de las regiones donde se prevé que el Tren Maya tendría un mayor impacto socioambiental— realizaron una conferencia de prensa en la que dieron a conocer la decisión del Juzgado. En un comunicado de los demandantes se expone que “comunidades indígenas pertenecientes al pueblo Maya Peninsular y Ch’ol, asentados en Xpujil, Calakmul, Campeche, integrantes del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx), obtuvimos el pasado 14 de enero de parte del Poder Judicial de la Federación la suspensión provisional de la ejecución del proyecto Tren Maya, en respuesta a una solicitud de amparo que presentamos en contra del proceso de consulta simulada que se llevó a cabo en asambleas informativas y consultivas con representantes de comunidades indígenas”.

De acuerdo con los demandantes, “la consulta no cumplió con el carácter de informada ni previa, pues no recibimos información detallada con antelación suficiente, ni se respetó nuestro derecho a la participación toda vez que la estructura de los foros de la supuesta fase informativa, de fecha 30 de noviembre de 2019, fue diseñada e implementada de manera unilateral, por lo que sus formas y modos no fueron acordes con las formas de deliberación y toma de acuerdos de las comunidades. Asimismo, antes de consultar, ya se había anunciado la aprobación del proyecto a través de diversos canales públicos.

La consulta —continúa el comunicado— tampoco se realizó de buena fe y no fue culturalmente adecuada, dado que se repartieron papeletas electorales para depositar en casillas, a modo de votación, sin tomar en cuenta las formas de organización y toma de decisiones de la comunidad”.

En el documento del Juzgado de Campeche se lee que “se concede la suspensión provisional a la parte quejosa, para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, esto es, para que las autoridades responsables con independencia al resultado de la consulta realizada en relación al proyecto denominado Tren Maya, se abstengan de decretar la aprobación de dicho proyecto, o bien al haber sido declarada dicha aprobación, se abstengan a realizar actos tendientes a la ejecución de dicho proyecto, hasta en tanto se notifique a dichas responsables la interlocutoria que resuelva sobre la suspensión definitiva”.

Desde que inició el proceso de consulta a comunidades indígenas sobre el Tren Maya en noviembre del año pasado, diversas organizaciones y especialistas de derechos humanos señalaron que el proceso no estaba cumpliendo con los estándares internacionales en la materia. Acaso el señalamiento más notable sea el que realizó la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en un comunicado publicado el pasado 19 de diciembre. En él, advierten que “el proceso de consulta indígena sobre el Tren Maya no ha cumplido con todos los estándares internacionales de derechos humanos en la materia”.

El Gobierno Federal ha desestimado una y otra vez la crítica por parte de organizaciones de la sociedad civil y especialistas en derechos humanos, incluyendo a la propia ONU-DH.

En un comunicado oficial del Gobierno Federal, expresan su “preocupación ante las descalificaciones que han vertido diversos actores, en especial la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México), pues prejuzgando sobre hechos futuros relacionados con el proyecto de desarrollo, abonan a un clima de incertidumbre y de falta de respeto a la legítima voluntad que han expresado las comunidades indígenas”.

En realidad, en su comunicado, la ONU-DH no prejuzga sobre hechos futuros relacionados con el Tren Maya, como acusa el Gobierno Federal. Más bien, señalan puntualmente los aspectos en los que el proceso de consulta no cumplió con los estándares internacionales.

En otro artículo publicado en este espacio, he señalado particularmente que la consulta no cumplió con los requisitos de información establecidos por diversos organismos de derechos humanos (“¿Consulta informada?”, D.deY., 9-12-19).

Como lo hace en otros ámbitos, el Gobierno Federal recurre a su legitimidad política para evadir o desestimar las críticas. En el caso de la consulta sobre el Tren Maya, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) expuso a fines del año pasado que participaron “alrededor de 10 mil autoridades y representantes de mil 78 comunidades indígenas, cifra que representa el 74 por ciento de un total de mil 440 comunidades indígenas convocadas” y que “hay un consenso generalizado de apoyar la construcción y la implementación del Programa de Desarrollo Tren Maya”. Ahora que las organizaciones Cripx, Diálogo y Movimiento (Dymo), asesores legales e integrantes de comunidades indígenas afectadas interpusieron un amparo y les fue concedida la suspensión provisional, la primera respuesta del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) fue que “no existe una suspensión en contra del Tren Maya”, ya que “Fonatur/INPI/SEGOB NO HAN SIDO NOTIFICADOS” (comunicado de prensa del 28 de enero).

Posteriormente, Rogelio Jiménez Pons, director general de Fonatur, admitió que el Juzgado concedió la suspensión provisional para frenar actos tendientes a la ejecución del Tren Maya. En entrevista con “El Universal”, Jiménez Pons declaró que “no estamos hablando de que sean ‘las comunidades indígenas’ las que se están amparando. Eso es importante aclararlo. Son un grupo de seis personas, inconformes, un grupo muy pequeño, que tienen todo el derecho a expresarse, que tienen nuestro respeto.

“Pero ahí es donde yo pregunto —continúa Jiménez Pons—: ¿Hasta dónde unos pocos, tienen derecho a frenar una obra que beneficia a muchos y que muchos están respaldando?” (“El Universal”, 30-1-20).

Entre los quejosos existen preocupaciones por las declaraciones de las autoridades federales. La forma en la que el Gobierno Federal trata a la oposición es a través de la descalificación y la polarización, señalando incluso a organizaciones y opositores. En un reciente artículo, el escritor Homero Aridjis —presidente emérito de la organización de escritores PEN International y exembajador de México ante la UNESCO— ha recordado a diversos defensores del medio ambiente que han sido asesinados en México, entre ellos, el más reciente, Homero Gómez González, defensor de las mariposas monarca.

En la primera mitad de 2019 fueron asesinados 13 defensores ambientales y, en 2018, 21. En este contexto, Aridjis expresa su preocupación por el caso del Tren Maya. “Ya varias comunidades indígenas han impugnado la que llaman ‘la simulada y fraudulenta consulta indígena’ para aprobar el proyecto” —escribe Aridjis—. “La construcción del tren ha sido objetada por organizaciones dedicadas al cuidado medioambiental y por expertos en conservación de la naturaleza. Aún así, el gobierno no desiste del proyecto, que no solo pone en riesgo la biodiversidad en la región, sino también a los activistas que alzan la voz para impedir su construcción. Temo por los ambientalistas, los defensores del patrimonio arqueológico, los pueblos indígenas y los ciudadanos que se opongan al Tren Maya” (“En México te matan por defender la naturaleza”, The New York Times, 31-1-20).

Asimismo, existen preocupaciones sobre qué tanto el Ejecutivo federal respeta las decisiones del Poder Judicial. En otros casos que involucran derechos de pueblos indígenas, las autoridades de diversas administraciones han incumplido las decisiones del Poder judicial, incluso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En este caso, mientras que no se resuelva la suspensión definitiva, las autoridades deben abstenerse a “realizar actos tendientes a la ejecución” del Tren Maya. Pero las autoridades no parecen dar marcha atrás. Como informó Diario de Yucatán, el pasado 31 de enero Jiménez Pons declaró que el Tren Maya atravesará Mérida por un túnel de 4 kilómetros y 6.50 metros de profundidad.

Aún falta mucho por ver en el caso del Tren Maya. La actual es una suspensión provisional de la ejecución de la obra debido al amparo presentado que reclamaba violación de derechos durante el proceso de consulta. En tanto que aún no se han realizado los estudios de impacto ambiental ni se han dado las autorizaciones en la materia, todavía no se han presentado demandas por afectaciones al medio ambiente, una de las principales preocupaciones en torno a este proyecto.

Sin embargo, este caso nos revela —y confirma— la posición del Gobierno Federal en la forma en que trata asuntos de derechos de pueblos indígenas, a las organizaciones y especialistas en derechos humanos y a las decisiones del Poder Judicial, por lo que vale la pena estar atentos, exigir la protección de los defensores ambientales y el cumplimiento de los estándares internacionales en derechos humanos.

rodrigo.llanes.s@gmail.com

Investigador del Cephcis-UNAM