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Por: SemMéxico
Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 22 de abril 2026.- El Informe Anual 2025/26 de Amnistía Internacional destaca un deterioro profundo de los derechos humanos en México, marcado por un aumento del 10.5% en desapariciones con respecto al año anterior, con 133,500 casos, continua los feminicidios y una impunidad estructural del 99.6%. El reporte subraya la crisis de violencia, el riesgo para buscadoras y defensores, periodistas, migrantes y mujeres y la persistente militarización de la seguridad pública.
En la presentación del Informe, este martes por Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional, sección México, indicó que el gobierno de Claudia Sheimbaun Pardo se encuentra ante una oportunidad histórica de aceptar la solicitud del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU porque incluye asistencia internacional, financiera y técnica para trazar el camino que finalmente lleve justicia a las familias de las personas desaparecidas.
Asimismo, se recomienda revertir la reforma al poder judicial y la seguridad pública debe recaer en un mando federal de carácter civil.
Reconocer pública e institucionalmente el fenómeno de los feminicidios en México, así como las deficiencias en las investigaciones, transmitir un mensaje de que no se tolerarán ni quedarán impunes.
Reconocer pública e institucionalmente a las mujeres buscadoras como defensoras de derechos humanos e incluirlas en los mecanismos de protección federal o local.
Olivares Ferreto reconoció que la Jefa del Ejecutivo recibió un país con una profunda crisis de derechos humanos, pero también se observaron algunas medidas que podrían afectar aún más esa delicada situación. Entre esas decisiones está la profundización de la militarización de la seguridad pública, la decisión de mantener la figura del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa, así como seguir negando la crisis de desapariciones y feminicidios. Todo ello en un contexto en el que la impunidad por crímenes comunes sigue siendo motivo de alarma.
También señala el Informe que disminuyeron los mecanismos de protección de la población y las garantías de los derechos humanos. Quienes defendían los derechos, ejercían el periodismo o buscaban a personas desaparecidas continuaban siendo objeto de amenazas, criminalización, asesinatos y desapariciones.
Las autoridades no reconocían la labor de las mujeres buscadoras pese a las recomendaciones formuladas por organismos internacionales. La policía seguía reprimiendo las protestas, como las del 8 de marzo en 2025. La tortura continuó siendo una práctica generalizada. El aborto permanecía despenalizado en la mayoría de los estados. Las autoridades continuaron negando derechos y protección internacional a la población migrante. Aumentó el número de personas desplazadas internamente.
El gobierno de México reconoció que las mujeres enfrentan un contexto histórico de violencia, desigualdad y exclusión. Ante ello, el Congreso aprobó la iniciativa de la presidenta Sheinbaum de crear una Secretaría de las Mujeres. Sin embargo, persisten en el país actitudes y estereotipos patriarcales profundamente arraigados, que socavan la condición social de la mujer, tal como concluyó en julio de 2025 el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
Asimismo, a pesar de que el feminicidio es un problema de larga data en México, las estadísticas y documentación sobre este crimen son inadecuadas, las investigaciones penales deficientes y la mayoría de los casos quedan en la impunidad.
Hasta noviembre, las fiscalías habían iniciado 2.589 expedientes de investigación sobre asesinatos de mujeres, de los cuales 672 estaban tipificados como posibles feminicidios. Estas cifras reflejaban una disminución del 24,16 y el 21,2%, respectivamente, en comparación con 2024.Por otra parte, las autoridades registraron durante el año 3.637 casos de mujeres desaparecidas, de los cuales 1.745 correspondían a menores de 19 años. Estas cifras reflejaban un aumento del 11,5 y el 29,4%, respectivamente, en comparación con 2024.
En julio, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer manifestó su preocupación por el aumento de la violencia de género cometida por actores estatales y no estatales, incluidas organizaciones delictivas, así como respecto al aumento de la participación de personal militar en la seguridad pública, entre otras esferas, que había dado lugar a un incremento de las denuncias de violencia de género cometida contra mujeres por militares.
Al cierre del periodo analizado el aborto era legal en 24 de las 32 entidades federativas; Sin embargo, en la práctica persisten obstáculos para el acceso al aborto, por ejemplo, porque personal de instituciones de salud no brinda la atención de forma adecuada y pronta o intenta imponer requisitos no contemplados en la ley.
En todas las entidades federativas es posible el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales siguen enfrentando obstáculos para el disfrute de sus derechos, en particular por barreras motivadas por prejuicios sociales, discriminación cotidiana y por omisiones legales. Además, sufren crímenes violentos vinculados a odio y discriminación en su contra y al menos 137 fueron asesinadas entre 2024 y 2025.
Protestas de mujeres
En septiembre, el gobierno de la Ciudad de México intentó retirar el vallado que rodeaba la Glorieta de las Mujeres que Luchan, lugar del que un grupo de mujeres se había apropiado en 2021 para colocar una estatua como símbolo de las que exigían justicia por los feminicidios, las que buscaban a sus familiares desaparecidos y las que habían desempeñado un papel destacado en la historia. La retirada de las vallas se detuvo después de que diversos colectivos, activistas y organizaciones de la sociedad civil se pronunciaran al respecto.
En el quinto aniversario de la represión policial de la protesta feminista celebrada el 9 de noviembre de 2020 en el municipio de Benito Juárez (estado de Quintana Roo), representantes del gobierno local develaron un monumento conmemorativo; sin embargo, no ofrecieron una disculpa pública, con lo que no se cumplió con la reparación integral del daño.
En al menos 14 entidades federativas del país, las autoridades continuaron cometiendo violaciones de derechos humanos durante las manifestaciones. En Puebla, la policía reprimió dos protestas encabezadas por mujeres que tuvieron lugar en agosto y septiembre.
Las autoridades no han tomado las medidas suficientes para que las personas ocupen sin restricciones indebidas el espacio cívico para expresar sus opiniones de manera libre y pacífica. Si bien las manifestaciones no son prohibidas por el Estado, en éstas se efectúa un despliegue masivo de policías que, en ocasiones, dispersan manifestaciones pacíficas sin justificación y sin cumplir los requisitos del derecho internacional de los derechos humanos.
También se llegaron a registrar detenciones arbitrarias de personas manifestantes, como en las protestas del 8 de marzo de 2025 en Chihuahua, Coahuila e Hidalgo, de acuerdo con informes de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. Pese a que la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza regula de manera deficiente el uso de armas y de la fuerza por los cuerpos policiales en manifestaciones, la SCJN reconoció la validez de los artículos 27 y 28 relacionados con esos temas y el Congreso no ha modificado esa ley para adecuarla a las normas del derecho internacional y estándares internacionales de derechos humanos
Defensoras y periodistas
De acuerdo con un informe publicado en mayo por la organización Front Line Defenders, México continuaba ocupando el segundo lugar a nivel mundial en asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos, con 32 casos registrados en 2024, lo que suponía un aumento respecto a los 30 de 2023. Asimismo, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental alertaba en un informe publicado en abril sobre un aumento del número de personas asesinadas por proteger el medioambiente, que ascendía a 25 casos en 2024 frente a los 19 registrados en 2023.
Según Reporteros Sin Fronteras, México continuaba siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. La organización ARTICLE 19 denunció que siete periodistas habían sido asesinados durante el año en represalia por su labor informativa. También alertó sobre el aumento de la utilización de los marcos normativos como herramientas de censura en el país y registró entre enero y julio 51 casos de acoso judicial contra el gremio periodístico que afectaban a 39 profesionales (28 hombres y 11 mujeres) y 12 medios de comunicación, cifra que más que duplicaba la del año anterior.
Entre junio y septiembre, el Congreso aprobó diversas leyes sobre vigilancia masiva que ponían información confidencial a disposición de instituciones públicas, entre ellas las fuerzas armadas.
Desaparición forzada
La cifra de personas desaparecidas aumentó un 10,5% respecto al año anterior. En diciembre, el número de casos de personas desaparecidas y no localizadas ascendía a 133.500.
Ante la respuesta deficiente de las autoridades, familiares de las personas desaparecidas —en su mayoría mujeres organizadas en colectivos— realizaron labores de búsqueda por su cuenta y encontraron cientos de restos humanos, algunos de ellos calcinados, y fosas clandestinas. Esas búsquedas entrañaban un alto riesgo y quienes las llevaban a cabo eran objeto de amenazas, extorsiones, desaparición y asesinato. Durante el año fueron asesinadas seis personas buscadoras (cuatro mujeres y dos hombres).
En 2025 no se actualizaron los datos oficiales sobre el número de fosas clandestinas localizadas. Los colectivos de búsqueda encontraron fosas en al menos 10 estados del país. En marzo, el grupo Guerreros Buscadores de Jalisco halló en el municipio de Teuchitlán (estado de Jalisco) un campo de reclutamiento forzado —que podía haber sido también un campo de exterminio— en el que había indicios de asesinatos, lo que conmocionó a la sociedad mexicana. En el lugar aparecieron también cientos de artículos personales tales como zapatos, mochilas y credenciales. Las autoridades habían tenido conocimiento de la existencia del campo seis meses antes de que el colectivo lo hiciera público, pero no habían iniciado investigaciones inmediatas sobre las posibles personas desaparecidas ni indagado sobre la posible existencia de fosas.
La presentación del Informe se llevo a cabo en Casa Creatura-Pensamiento Crítico.Además de Edith Olivares Ferreto participaron Roberto Miguel Sánchez Campos, Codirector de Kanan Derechos Humanos; María Antonia Márquez, madre de Nadia Muciño, víctima de feminicidio. La señora Beatriz Zapoteco Neri, mujer buscadora de la comunidad Nahua en Zitlala, Guerrero, quien busca a su esposo Santiago Tixteco Cosme.