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Los mayas no queremos cultivos transgénicos que envenenen nuestros suelos y aguas, que terminen con la selva y con la apicultura, que forma parte de nuestra cultura y modo de vida, sostuvo Gustavo Huchín, en el foro Impacto de la siembra de soya transgénica en la región de Los Chenes, Campeche, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Narró que por el impulso de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a la agricultura industrial –que incluye soya y otros cultivos– 35 mil hectáreas de selva han desaparecido, así como miles de apiarios. El gobierno, los menonitas y algunos agricultores que deforestaron para abrir grandes extensiones al cultivo de soya no entienden que habrá un problema social fuerte si desaparece la apicultura en la península de Yucatán.
Ante universitarios, investigadores e integrantes de agrupaciones sociales reunidos en el aula de seminarios Doctor Guillermo Floris Margadant, apuntó que su batalla legal, que por el momento derivó en la obligación de las autoridades de llevar a cabo un proceso de consulta entre las comunidades mayas, es parte de su lucha contra esos cultivos y no vamos a rendirnos.
Irma Gómez González, investigadora de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, y Remy Vándame, de El Colegio de la Frontera Sur, advirtieron que el corazón de la península de Yucatán está en riesgo.
Entre 2005 y 2015, en Hopelchén se perdieron casi 59 mil hectáreas de selva; hay un continuo proceso de deforestación por la expansión de los cultivos industriales. El daño al ecosistema es impresionante; la laguna Ik, que abarca poco más de 10 kilómetros de largo, está prácticamente seca por la apertura ilegal de pozos y el relleno de las zonas de agua para ampliar las áreas de cultivo que llevan a cabo los menonitas, señaló Gómez González.
En dichos cultivos se ha multiplicado el uso de plaguicidas, pues –de acuerdo con la norma europea– el agua potable supera 30 veces el límite máximo permitido de glifosato, considerado probablemente cancerígeno para el ser humano por la Organización Mundial de la Salud. En México no hay un límite máximo permitido, comentó.
Vándame destacó que la península de Yucatán es apícola; si se considera que en ella 15 mil personas dedicadas a la actividad, y 80 por ciento de la miel que se produce es aceptada en Europa por su excelente calidad. Por ello es imprescindible involucrar y consultar a la población rural sobre el proyecto agrícola en la región, no sólo de siembra de soya transgénica, sino el impulso a los cultivos industriales.
Respecto de la consulta a las comunidades indígenas –ordenada por las autoridades judiciales–, Rodrigo Gutiérrez, del IIJ de la UNAM, resumió: Es una suerte de caballo de Troya envenenado, pues a las comunidades mayas se les negó el derecho al consentimiento previo libre e informado, por lo que le resta el carácter de vinculante. Jorge Fernández, abogado de las comunidades mayas, sostuvo que la batalla jurídica está orientada a que el gobierno cumpla la decisión de las comunidades, no es una simple consulta.
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