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Por:SemMéxico
- Entre 2018 y 2024 la 4T sustituyo los programas de género e igualdad por una política populista
- Su adhesión a la corriente del transactivismo queer impide medir por sexo las brechas de desigualdad
- Se desmantelaron los avances y todo se redujo a cambios legislativos sin materialidad en la vida de las mujeres
- Programas antipobreza desequilibrados, ambiguos, opacos, asistenciales, utilizados clientelarmente
Sara Lovera y Elda Montiel
SemMéxico, Cd. de México,18 de marzo, 2025.-En México hay un retroceso inédito en el avance de las mujeres replicaron al Gobierno Federal decenas de grupos feministas este día en la CSW69 de Naciones Unidas en Nueva York donde se hace un balance sobre la situación mundial de las mujeres.
En un informe “alterno”, documentado, acusaron al gobierno de la 4T de sustituir los programas institucionales de género y para el avance de la igualdad por una política populista con programas antipobreza desequilibrados, ambiguos, opacos, asistenciales, utilizados clientelarmente sin perspectiva de género que en 6 años desmanteló todo lo avanzado.
Denunciaron que las mexicanas viven en peligro por la militarización, y la inseguridad. Afirmaron que en ese gobierno aumentó la violencia feminicida en 4 por ciento; se cerraron instituciones creadas para prevenir la violencia y las de capacitación; disminuyó el presupuesto y a cambio institucionalizó del transactivismo queer, que no sólo contribuye al borrado de mujeres, sino que impide medir las brechas y confunde el principio de igualdad de derechos humanos progresiva y universal para todos y todas.
Las organizaciones, replicaron al informe de la 4T que entregó ONU documentando su inconsistencia, opacidad y sin indicadores de impacto. Reconocieron que hay acciones oficiales sin sustento porque no ocupó los datos precisos del INEGI en la ENOE, lo que hace del informe oficial poco confiable.
Las organizaciones que elaboraron el informe son redes nacionales como el Frente Feminista Nacional, MIRA Pensadoras Urbanas, Cátedra de Derechos Humanos-UNAM, entre otras, que dieron seguimiento al cumplimiento de la Plataforma de Acción de Beijing PAB que México firmó en 1995 con otras 189 naciones. Consideraron que en aspectos sustantivos México incumplió y luego desvió los objetivos de esa plataforma al borrar de sus acciones la transversalidad de género.
Destacaron que esa política populista, de programas “antipobreza”, carecen de padrones desagregados por sexo , no tienen sin indicadores de impacto que midan el cierre de brechas de desigualdad entre mujeres y hombres.
Denunciaron que las instituciones que deberían velar por el avance en la igualdad sustantiva como el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), ahora Secretaría de las Mujeres (Semujeres), y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)— “se alinearon a la corriente del transactivismo queer, posición institucional que contribuye al borrado de mujeres, lo que se contrapone al principio de igualdad de derechos humanos progresiva y universal para todos y todas”.
Los términos generales del informe, presentados en transmisión a distancia son parte de todo el informe dividido en 6 secciones, como recomendó ONU Mujeres, cuya metodología también criticaron, por confusa. El 69.º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas CSW69 concluirá el 21 de marzo.
En el panel de presentación destacaron algunas cuestiones:
*A partir del 2018 hay incumplimiento y un retroceso inédito en los tres objetivos de los mecanismos institucionales, como lo marca la PAB para el avance de la mujer.
* El Plan Nacional de Desarrollo PND 2019-2024 eliminó la estrategia de la política de la transversalidad de la perspectiva de género y de una visión integral de desarrollo.
*La Secretaría federal de Bienestar desapareció los programas sociales destinados a las víctimas de la violencia.
* Se carece de un diagnóstico en relación con las necesidades y el tamaño de las brechas de desigualdad por entidad que justifique el monto del destino de los recursos asignados a las entidades y su transparencia.
*Las secretarías de Estado y los institutos de las mujeres estatales y las instancias e institutos municipales de las mujeres coexisten con graves y serias diferencias entre sí.
*Entre 2019-2021 se favoreció la transformación de secretarías e institutos de las mujeres para convertirlos en espacios que desdibujan los objetivos de la PAB con nombres de diversidad social, diversidad sexual e inclusión.
* Hay Incumplimiento de la incorporación de la perspectiva de género por parte de tomadores de decisiones.
* En el ámbito municipal, en general, no se respeta la paridad.
*En el Legislativo se han logrado congresos paritarios, pero las mujeres continúan ocupando posiciones secundarias.
*Los partidos continúan sin entregar las prerrogativas a mujeres en tiempo y de manera suficiente.
*El Registro Nacional de Personas Sancionadas no logra su cometido. Se siguen postulando personas sancionadas que, incluso, han reincidido varias ocasiones.
*Las noticias escritas por mujeres periodistas cuestionan dos veces más los contenidos estereotipados, discriminatorios y violentos. Es una oportunidad para transformar la narrativa mediática. Sin embargo ejercen su labor en condiciones de desigualdad laboral
*La violencia pretende inhibir su labor periodística: Durante el sexenio de 2018 a 2024 cinco mujeres periodistas fueron víctimas de feminicidio y tan solo en 2024, 204 mujeres periodistas fueron violentadas, es decir, una cada dos días, ejecutado por los funcionarios de gobierno y todos estos actos están impunes.
*A más participación de las mujeres, la violencia en sus diversos tipos se incrementa y de manera exponencial en el ámbito digital.
En el panel Nahela Becerril Albarrán explicó los términos del informe y cómo decenas de feministas han documentado el retroceso.
Lourdes García del Frente Feminista Nacional concluyó que no hay cumplimiento cabal de las esferas del PAB.
Magdalena García señaló que el informe oficial no ocupó los datos precisos del INEGI en la ENOE
Azucena Ávila dijo que la pobreza creció y la salud sexual reproductiva no avanzó, a pesar de que se ha despenalizado el aborto en 22 entidades, no hay respeto a la ley u no existe perspectiva de género.
En educación un avance con la reforma en 2019 al integrar la perspectiva de género en los planes de estudio, que no aplican las maestras y porque que no tienen formación en igualdad de género.
En erradicación de la violencia Marilu Servin destacó las leyes del 2024 sobre violencia vicaría, 2020 violencia política en razón de género, 2021 violencia digital/mediática. Pero la violencia contra las mujeres aumento en los últimos 5 años 4 por ciento
A pesar de que se emitieron 41 Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres en 26 declaratorias, son insuficientes por lo que proponen fortalecerlas y tipificar el feminicidio como delito a nivel nacional.
Margarita Oceguera Rodríguez dijo que el avance en paridad con las reformas 2019-2020 y la tipificación de violencia política en razón de género la respuesta fue resistencias y obstáculos. A nivel municipal la paridad no se respeta. En los congresos hay paridad pero las mujeres no ocupan lugares de decisión
Lo más destacado del informe de las organizaciones feministas mexicanas
Tras señalar que su aportación es de feministas al modelo económico vigente del Bienestar , es necesario un proceso de desarrollo que considere la igualdad entre mujeres y hombres y la capacidad de regeneración del planeta para garantizar la sostenibilidad de la vida humana y la del planeta mismo.
Grave la alta frecuencia desestacionalizados— de los dos últimos sexenios, ya que la información presentada en el Examen no permite identificar la reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres en el empleo, los ingresos, los emprendimientos y empresas o la incorporación de trabajadoras del hogar a la seguridad social.
Piden garantizar que las Reglas de Operación de los programas sociales incorporen la perspectiva de género, con información desagregada por sexo, para el seguimiento y evaluación sobre el impacto en las brechas de desigualdad social y de género.
Retomar los compromisos de la PAB en torno a la responsabilidad de los mecanismos para el adelanto de las mujeres, de recoger y analizar periódicamente indicadores pertinentes desglosados por edad y sexo.
Detalle del Informe
El informe alterno realizado por las organizaciones feministas lamenta el cambio de criterio de ONU Mujeres en la metodología de 12 esferas a seis que en su opinión desdibuja y aleja del sentido político de las estrategias y medidas aprobadas en la PAB, avaladas por miles de mujeres y por 189 Estados Parte, lo que le resta claridad en los compromisos institucionales de los gobiernos en cada rubro.
Ellas hicieron un trabajo documental y de análisis se ha realizado en dos ocasiones: Informe Alterno Beijing+20 (2015) e Informe Alterno Beijing+25 (2020), con la participación de defensoras y activistas por los derechos humanos de entidades del país.
Se reconocen los logros que se han tenido en el ámbito legislativo y se revisan los desafíos, dificultades y resistencias que se tienen para aplicar las medidas instrumentadas por el Estado, que buscan erradicar la discriminación, la violencia y la desigualdad de las niñas y las mujeres.
El análisis está centrado en la administración federal de 2018-2024, en el último periodo que el gobierno mexicano informa no hubo acercamiento ni consultas con las organizaciones de la sociedad civil y feministas.
El Examen se centra en avances de gestión institucional y no refleja resultados e impactos de las políticas en el acceso a derechos de las mujeres en las distintas entidades, municipios y comunidades del país, regiones que tienen progresos disímiles, debido a las características de su población, infraestructura y cultura, entre otros aspectos.
Entre los principales señalamiento está el haber minimizado el incremento de feminicidios y desapariciones dejando a las madres y familiares la obligación de asumir la responsabilidad de búsqueda, que además de ser estigmatizados se ponen en riesgo de agresiones de grupos criminales y de las fuerzas públicas del estado.
La ausencia de políticas públicas integrales para atender a las mujeres víctimas de violencia y garantizar sus derechos ha sido asumida por la sociedad civil. Un ejemplo es la Red Nacional de Refugios (RNR) que trabaja con financiamiento del Estado pero en los últimos seis años ha enfrentado una sensible disminución del presupuesto y el retraso en la entrega de recursos.
Entre los avances más significativos se pueden mencionar las leyes contra la violencia y la representación político-electoral paritaria. En 2019 se dispuso en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la “paridad de género en todo”, aumentó la representación de mujeres y por primera vez en 2024 se eligió una mujer en la presidencia.
No obstante, la paridad se ha quedado en el ámbito descriptivo, sin impactos sustantivos en la disminución de las desigualdades y la violencia de género. Por el contrario, se incrementaron 9.3% los asesinatos de mujeres que participaron en los procesos electorales de 2018, 2021 y 2024 (Laboratorio electoral 2019, 2021 y 2024).
La política populista para la igualdad priorizo los programas asistenciales que responden al modelo antipobreza de “Mujeres en el desarrollo”, basados en transferencias monetarias directas, necesarias para las poblaciones más pobres, pero que no generan cambios culturales hacia la igualdad entre mujeres y hombres.
Se eliminaron programas fundamentales como las estancias infantiles para trabajadoras.
Se han reducido los presupuestos en temas prioritarios, como la atención a las víctimas de violencia, la salud sexual y reproductiva, la educación, la ciencia y la protección del medio ambiente, con afectaciones en el cumplimiento de derechos fundamentales de la población en general, y particularmente de niñas y mujeres.
El modelo de desarrollo social del Bienestar regresa a la neutralidad las políticas en aplicación de presupuesto y en los marcos normativos.
La categoría de “personas” —con el argumento del uso de un lenguaje incluyente— borra a las mujeres de las leyes, como sujetas de derechos, y las estadísticas. Como feministas defendemos los derechos de las mujeres basados en el sexo, por ser el origen de la discriminación y la violencia contra nosotras.
La infraestructura turística y de energía fósil en la región del sureste del país agudizan los efectos negativos del cambio climático y profundizan las desigualdades sociales, étnicas y de género.
La militarización de la seguridad pública ha conllevado efectos dañinos en la vulneración de los derechos y las libertades.
Es irregular y de cobertura mínima la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, operada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), un “mecanismo de adopción voluntaria para los centros de trabajo públicos, privados y sociales”. De 7,056,499 establecimientos, solo se habían certificad 634 centros de trabajo beneficiando a casi un millón de personas de las cuales el 47.4 % son mujeres.
El programa Jóvenes construyendo el futuro con el mayor presupuesto del Anexo 13 en 2024, que da capacitación a jóvenes tiene una participación del 58% pero sin información desagregada y sus reglas de operación carecen de perspectiva de género.
La incorporación de las trabajadoras del hogar al IMSS con la ratificación de México en 2020 del Convenio 189, en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “otorgándoles protección para enfermedades, maternidad, guarderías y prestaciones sociales, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.” De 2019 a febrero de 2024, el Programa Piloto registró 62,831 personas, 42,506 mujeres y 20,325 hombres. Los datos oficiales no permiten identificar la evolución del proceso, por lo que es necesario presentar la información en gráficas con datos anuales —o de alta frecuencia desestacionalizados— de los dos últimos quinquenios.
El borrado jurídico de las mujeres, el lenguaje utilizado por las SCJN advierte la adoptación gubernamental de la corriente del transactivismo queer con el pretexto de ser inclusivo utiliza la palabra persona en lugar de hombres y mujeres. En términos legales, este criterio borra a las mujeres como sujetas de derechos y en los datos estadísticos e impide medir y conocer las brechas de desigualdad en relación con los hombres de todos los grupos sociales.
Lo que no se utilizó
En el caso del empleo, existen indicadores disponibles que pudieron haber sido utilizados pero no se aplicaron. Se advierte que la tasa de participación económica de las mujeres pasó de 45.1% en el primer trimestre de 2020 a 46.3% en tercero de 2024. Este último fue el valor más alto registrado por en el Examen para ofrecer una mirada más detallada de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
Sin embargo concluye que hubo una aportación sustantiva a la economía familiar de las empresarias, las trabajadoras subordinadas no asalariadas y las trabajadoras por su cuenta, durante la pandemia.
Se registró un deterioro del mercado interno nacional por las políticas salariales aplicadas y, por ende, la baja capacidad de crecimiento endógeno.
Hubo un gran impacto en países sin Estado de bienestar de las crisis globales en los ingresos de todas y todos. Al tercer trimestre de 2024, el 82.2% de las mujeres y el 78.5% de los hombres obtienen un ingreso promedio nacional equivalente de cero a dos salarios mínimos; en promedio, apenas un salario mínimo para estas poblaciones.
Respecto a la inclusión financiera cuestionan la estrategia Territorial para la Reactivación de la Autonomía y el Empoderamiento Económico, que opera a través de promotoras de empoderamiento económico, ubicadas en los centros para el Desarrollo de las Mujeres (CDM). Estos espacios promueven y facilitan a las mujeres información sobre herramientas digitales, asesoramiento y orientación en emprendimientos o para conseguir empleo.
En el Examen se informa que para 2023 se activaron 188 nodos a nivel nacional que han atendido a más de 40,000 mujeres. Según datos de la ENOE (INEGI, 2023b), esa población representaba el 5.7% de empresarias (empleadoras) en el país, porcentaje no despreciable si la inclusión anual es equivalente o se acelera cada año, pero se requieren indicadores de impacto que midan el cambio en el nivel y calidad de vida de estas empresarias y que se establezcan sinergias con otras acciones.
Se advierte también una cobertura limitada de 488 créditos para 467 empresarias, las que representan apenas el 0.07% de las empresarias del país en esa fecha, según los datos de la ENOE (INEGI, 2023b).
Cuidados
Se han promovido iniciativas legislativas sobre cuidados, cuya aprobación está detenida desde hace cuatro años en el Senado de la República. En el sexenio 2018-2024 no se destinó presupuesto para iniciar este sistema; solo se contó con el Poder Judicial como aliado, con la sentencia de Amparo Directo 6/2023 que reconoció, por primera vez, el derecho humano al cuidado (cuidar, ser cuidado y al autocuidado), con especial atención a las personas con discapacidad, personas adultas mayores y con enfermedades crónicas.
En 2023 se creó el Mapa de Cuidados (MACU) para la georreferenciación de los servicios: El IMSS continuó con sus servicios de cuidado de niños y niñas, iniciado en 1973. El gasto anual destinado para ello apenas superó la inflación entre 2019 y 2023, con un decremento en 2024: Continuó el Programa de Apoyo a la Educación Indígena (PAEI) para la permanencia en las escuelas públicas de niños y jóvenes indígenas, con niveles de gasto que crecieron alrededor de la inflación.
Durante el Foro Generación Igualdad, México, junto con ONU Mujeres (celebrado en 2021), el gobierno mexicano lanzó la Alianza Global por los Cuidados (AGC) la cual significó un impulso a la reflexión sobre el tema, pero no se avanzó en la aprobación de la ley.
Los cuidados como tema central de la agenda de las mujeres fue particularmente afectado en el sexenio 2018-2024. El desdén legislativo, la desaparición, desinstitucionalización y precarización de programas con asignación de recursos con un crecimiento real apenas superior al 1% anual, hizo evidente que no existió una estrategia para aumentar ese porcentaje. México tiene la cobertura más baja de cuidado infantil de cero a 2 años en América Latina. En 2017 fue el tercero más bajo en diversos países del mundo (OCDE, 2021).
El Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras que inició en 2008 fue cancelado en febrero de 2019. El Programa de Escuelas de Tiempo Completo en México fue eliminado en 2022
México es la economía número 15 del mundo por su tamaño del Producto Interno Bruto (PIB), de alrededor de 200 países del mundo. La definición formal de desempleo es entonces la tasa de desempleo alternativa, cuyos componentes también calcula el INEGI y en la cual las mujeres superan a los hombres; particularmente por su responsabilidad en los cuidados que, como señala el Examen, las mujeres destinan a ellos 37.9 horas semanales y los hombres, 25.6 horas.
La definición de la tasa de desempleo alternativa que se presenta y las razones fundamentales de su mayor magnitud son a) que las mujeres tienen responsabilidades de cuidado y el sueldo que le ofrecen no es suficiente para pagar el servicio de este, b) el sueldo no paga tampoco los gastos básicos de transporte, comidas y cuidado personal en que se incurre con un trabajo fuera de casa, c) a su edad, ya no se les contrata.
La tasa de informalidad es alta en el país y mayor en las mujeres. Para ambos sexos, ha tenido una tendencia decreciente desde 2012. Destaca su mayor reducción en las mujeres en 2020, cuando salieron a generar ingresos para compensar los no existentes en la pandemia, como se señaló, con el respaldo estadístico expuesto.
