jueves , 23 mayo 2024
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Los militares, un nuevo poder fáctico

la “Cuarta Transformación” espía a ciudadanos mexicanos, tal como lo hacía el gobierno de Peña Nieto: con el malware Pegasus, al margen de la ley, sin rendición de cuentas, abusivamente.

Por Denise Dresser (*)

Fuente: Diario de Yucatán

Bastó una periodista profesional para constatar que el emperador está desnudo. Bastó una mujer con temple para dejar al Presidente destemplado.

En una mañanera histórica, Nayeli Roldán confrontó a López Obrador sobre el espionaje ilegal del Ejército, sacándolo de sus casillas, y orillándolo a mentir sobre algo que está empeñado en encubrir.

Como lo han documentado rigurosamente “The New York Times”, “Animal Político”, “Proceso” y “Aristegui Noticias”, la “Cuarta Transformación” espía a ciudadanos mexicanos, tal como lo hacía el gobierno de Peña Nieto: con el malware Pegasus, al margen de la ley, sin rendición de cuentas, abusivamente.

Y con un agravante más: el espionaje ya no está en manos de civiles sino de militares, que actúan a su libre albedrío, por encima del Presidente. Él ni siquiera parece saber qué están haciendo, pero los defiende. Paso tras paso, construye su propia versión del Gobierno Espía, y permite el surgimiento de un Estado Militar.

Los hechos son incontrovertibles, aunque el Presidente niegue, evada, o intente desacreditar a periodistas que lo exhibieron.

Existe documentación sobre cómo el Ejército recurrió a Pegasus para intervenir los teléfonos celulares de quienes denunciaron las ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares en Nuevo Laredo.

Ese mismo equipo Pegasus que el gobierno había negado tener. Ese mismo Pegasus que había sido usado para espiar a Carmen Aristegui, al Centro Tlachinollan, y a un grupo de activistas y periodistas en el sexenio pasado.

Ese mismo Pegasus, cuya utilización ilegal AMLO había criticado como “inmoral”, hace apenas unos años, antes de que el otrora luchador social se pasara al lado oscuro de la fuerza. Atrás quedó la promesa de campaña sobre el fin del espionaje.

Ahora lo ilegal se vuelve legítimo, el espionaje es rebautizado como “inteligencia/investigación”, el CISEN es reemplazado por un órgano secreto llamado Centro Militar de Inteligencia, los defensores de derechos humanos son cómplices del narcotráfico, y los periodistas que exhiben el escándalo lo hacen por corruptos.

Pero los señalamientos de Nayeli Roldán expusieron, una por una, las contradicciones de un Presidente que no sabía cómo responder. Dijo que la “inteligencia” llevada al cabo por el Ejército no es ilegal, y Nayeli le recordó que la Sedena no tiene facultad para espiar.

El Presidente argumentó que “nosotros no espiamos a nadie”, aunque en este sexenio ya se ha verificado lo contrario, en el caso de Ricardo Raphael, y tantos más.  Afirmó que el espiado —Raymundo Ramos, defensor de derechos humanos— “tiene vínculos con el narco”, aunque esa aseveración no se ha comprobado, y es difamatoria.

No sabía contestar a la pregunta sobre la diferencia entre “inteligencia” y “espionaje”, rechazó que el general Audomaro Martínez, titular del Centro Nacional de Inteligencia, rindiera cuentas sobre el espionaje en la mañanera, y —sabiéndose acorralado— recurrió al guión gastado de siempre: agredir a la reportera, desacreditar a los medios que le molestan, y tratar de minimizar el mensaje, matando al mensajero.

Más allá de las maromas mañaneras, la seriedad del tema debería sacudir al Congreso, impactar a la sociedad, y llevar a la Suprema Corte a imponer controles, ahora que discutirá acciones de inconstitucionalidad contra la militarización.

Con o sin el conocimiento del Presidente, las Fuerzas Armadas están espiando a civiles. Con o sin el conocimiento del Presidente, las Fuerzas Armadas están violando la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Seguridad Nacional, donde claramente se establece que las labores de inteligencia deben quedar a cargo de autoridades civiles, y que toda intervención de celulares debe tener autorización de un juez.

Desechable el argumento de que el fin justifica los medios y todo se vale para enfrentarse al crimen.

Al infectar el celular de Raymundo Ramos y otros, el Ejército no estaba recolectando inteligencia para combatir al narcotráfico; estaba espiando a civiles para protegerse a sí mismo. El legado más duradero de López Obrador será el más tóxico. Un nuevo poder fáctico que se erige —supremo e intocable— arriba de todos los demás, incluyendo a AMLO.

Porque es grave que el Presidente sepa del espionaje del Ejército y lo justifique. Pero sería aún más grave que no lo hubiera sabido, y que las Fuerzas Armadas actúen como quieran, cuando quieran. En pocas palabras, militarización mata transformación.— Ciudad de México.

Correo: denise.dresser@mexicofirme.com

*) Periodista

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