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Angélica de la Peña (*)
Fuente: El Sol de México
No es la primera vez que señalamos que la militarización de la seguridad pública es una decisión incorrecta para corregir el reclamo justo de nuestro derecho a transitar con seguridad por cualquier calle o camino, de cualquier poblado o municipio del país.
Y no es que se esté descubriendo el hilo negro, sin embargo la seguridad pública es diametralmente distinta a la seguridad nacional.
Se entendería esta última circunscrita a las Fuerzas Armadas. Aunque también hay un debate ético respecto de que un país pacifista, debería prescindir de las fuerzas militares.
No existen corporaciones policiales especializadas para cada cometido. No es lo mismo enfrentar a la delincuencia organizada transnacional como los cárteles mexicanos, o que una colonia, barrio o poblado cuente con una policía preventiva confiable y eficaz. Hoy la seguridad pública en los tres órdenes de gobierno, salvo honrosas excepciones, es un horroroso desastre.
Y de los últimos tres gobiernos federales no hay manera de defenderles, igual de pésimos. La ruta delineada por Calderón para enfrentar al narco dio como resultado el crecimiento de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, tortura, trata de personas y desplazamientos forzosos. Peña Nieto en lugar de consolidar las policías civiles, formadas en investigaciones del contexto del delito para prevenirlo, no sólo repitió lo hecho por su antecesor: si Calderón se fue con una decena de estados con presencia militar, Peña lo autorizó en 28 entidades federativas.
Pero el sexenio de López Obrador es el caso más grave por su demagogia y por timar a las organizaciones de derechos humanos, muchas de ellas, por cierto, confiaron en que con este presidente cambiarían las cosas. Terminó haciéndolo peor que el panista al que traía de ojeriza, sin tapujo entregó totalmente la seguridad pública a los militares, y disminuyó las partidas hacia los estados afectando principalmente a los municipios.
Es en este marco que se concreta una investigación de estos tres sexenios con la edición de Permiso para Matar, asesinatos y desapariciones por agentes federales y estatales. Jacobo Dayán, Daniel Moreno y Paris Martínez presentan esta investigación que reúne lo que señalan como un grupo específico de crímenes de lesa humanidad cometidos por fuerzas de seguridad federales o estatales, contra víctimas inocentes o indefensas.
Permiso para Matar está subdividido por siete capítulos, que no son casos aislados, el Estado lo permitió o lo perpetró, ahí están los registros oficiales de 426 víctimas desaparecidas por policías o militares, las víctimas mujeres crecen y tiene que ver por su condición de género e igual las cifras de niñas y niños; y qué une a los ex presidentes, enemigos en el discurso y cómplices en la guerra.
Más de 1,500 casos de asesinatos o desapariciones forzadas cometidas por fuerzas de seguridad federales o estatales, también el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional; todas víctimas inocentes sin orden de arresto.
Estos casos se suman a otras investigaciones que ya están en el despacho de la Corte Penal Internacional. Todas coinciden en que no son casos aislados, sino un comportamiento con patrones donde la autoridad da la orden y denota las características de crímenes de lesa humanidad en el contexto del Estatuto de Roma en su Artículo 7. En Palacio Nacional deberían preocuparse y ocuparse.
(*) Defensora de derechos humanos