martes , 18 junio 2024
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Llamados a cuentas

Sergio Aguayo

Fuente: Diario de Yucatán

  • A la memoria del gran Ricardo Rocha

El 30 de mayo comparecieron los integrantes del gabinete de seguridad nacional ante una Comisión Bicameral. Ese hecho, inédito, se completó con la presentación del primer informe semestral sobre la seguridad.

El Congreso siempre había evadido la responsabilidad de monitorear a unas fuerzas armadas renuentes a la transparencia y a la rendición de cuentas. La anomalía terminó en la reunión presidida por los secretarios de Gobernación y Seguridad (Adán Augusto López y Rosa Icela Rodríguez) y por el presidente del Senado, Ricardo Monreal. En los flancos estaban el secretario de Defensa Cresencio Sandoval y el almirante Rafael Ojeda Durán. Los blindaba la mayoría de legisladores de Morena y aliados.

Los tres civiles defendieron con heroicidad la estrategia presidencial e hicieron lo posible por evitar las preguntas incómodas a los uniformados. Con base en fuentes abiertas y en confidencias de algunos participantes, reconstruyo lo acontecido durante las cuatro horas de una sesión privada, cerrada a medios y sin teléfonos celulares.

Los legisladores de la oposición hablaron de las consecuencias de tener a militares a cargo de la seguridad pública, de las insuficiencias de la estrategia actual y del regreso de la Guardia Nacional al control civil en 2028. Morena frenó en seco esos esfuerzos.

Los senadores Emilio Álvarez Icaza (Grupo Plural) y Damián Zepeda (PAN) pusieron sobre la mesa los temas más incómodos para los uniformados: violaciones de los derechos humanos, espionaje a civiles, viajes lujosos y el ostentoso departamento del general secretario.

La secretaria de Seguridad quiso frenar los cuestionamientos con ráfagas de lacónicos “no ha lugar”; empero, los senadores le recordaron que no podía dar órdenes en casa ajena. Creció la tensión que se diluyó cuando los funcionarios salieron por una puerta sin prensa; iban a reunirse con Elizabeth Sherwood, asesora de seguridad del presidente de Estados Unidos.

El encuentro tuvo aspectos positivos. Quien iba con ánimo más conciliatorio —me dicen— fue el general Cresencio Sandoval, quien incluso presentó información confidencial sobre el enfrentamiento con el crimen organizado. Después tenemos la difusión de un informe sobre lo acontecido entre noviembre de 2022 y mayo de 2023.

Quienes viven en democracias consolidadas probablemente sonrían ante lo magro de los avances. Para nosotros son extraordinarios porque nunca se habían hecho.

Dedico unos párrafos al informe. Es tranquilizador que la información estadística proporcionada sea sólida y en algunos puntos, incluso, supere lo presentado en las mañaneras. Hay imprecisiones menores que no afectan la confiabilidad de las cifras. También incluye pistas para una evaluación independiente de la efectividad militar. En otro momento daré ejemplos.

Dado que tienen la obligación de presentar cada seis meses un informe, hay un terreno amplísimo para la mejoría. Sería útil que tomaran en cuenta los indicadores y sugerencias hechas por los senadores de la oposición, la sociedad civil y los especialistas.

Es también urgente que llenen los huecos. Por ejemplo, hace falta una visión de conjunto sobre lo hecho y dejado de hacer durante este sexenio, es urgente que nos ofrezcan estimaciones sobre el poderío de los criminales y ayudaría saber las relaciones que se tienen con el entramado de seguridad estadounidense.

En balance, Morena puso su mejor esfuerzo por controlar el encuentro y el relato. Fracasó porque hubo diputados y senadores dispuestos a contradecir, y militares dispuestos a dialogar y a compartir información. Por otro lado, el evento deja algunas tareas a quienes desde diferentes rincones sociales estamos interesados en estos temas.

Es urgente perseverar en los intentos de convencer al estamento militar de las virtudes de la transparencia y la rendición de cuentas. Su cerrazón no frenará los cuestionamientos de víctimas, periodistas, activistas de la sociedad civil y académicos.

La mejor palanca para avanzar en ese terreno es acercarse a los legisladores y a sus partidos para recordarles que no pueden seguir evadiendo sus responsabilidades. Muchas vidas dependen de que tomen en serio sus funciones de supervisión y control de un gigantesco aparato de seguridad que seguirá presente después de 2024 porque, asumámoslo, la criminalidad está desbocada. (Colaboró Jorge Araujo Justo).— Boston, Massachusetts.

@sergioaguayo

Investigador y analista

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