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Mérida, Yucatán. – Un trágico accidente en el Periférico Norte ocurrido a finales de abril, cerca del puente de Altabrisa, ha escalado hasta convertirse en un símbolo de dolor y controversia judicial. En el corazón de esta tragedia se encuentran Ángel de Jesús “N”, de apenas 18 años, y su esposa embarazada, Fabiola. La noche del 29 de abril, sus vidas cambiaron irrevocablemente cuando la motocicleta en la que viajaban fue impactada violentamente por una camioneta SUV.
El golpe fue devastador: Ángel falleció horas después en un hospital debido a la gravedad de sus heridas. Fabiola quedó hospitalizada en estado crítico; además de sus propias lesiones, sufrió la pérdida de su bebé nonato como consecuencia del traumatismo. Informes preliminares y testimonios familiares indican que el conductor del vehículo, identificado como Víctor Manuel “N”, no respetó una señal de tránsito. Según reportes, tras el impacto, el conductor intentó darse a la fuga, pero fue detenido por testigos presenciales. La familia enfatiza esta doble pérdida, un dolor que se agudizaría con los eventos subsecuentes.
Pocos días después, una audiencia judicial resultó en la liberación de Víctor Manuel “N”, una decisión que detonó la inmediata indignación familiar y pública. La familia de Ángel expresó su consternación, relatando que las justificaciones ofrecidas para la liberación les parecieron insuficientes y ofensivas. Según su testimonio, se argumentó que el imputado era “hijo de familia” (dependiente económico), y que se comprometió a entregar su visa y pasaporte como medida cautelar, sin presentar una garantía económica significativa.
Estas razones contrastan fuertemente con la gravedad de los hechos y con los criterios legales del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dicho código considera el riesgo de fuga –evidenciado por el presunto intento de abandono del lugar– como un factor clave que podría justificar la prisión preventiva, una medida excepcional pero aplicable ante riesgos procesales. La familia incluso expresó temor por posible “mano negra” o tráfico de influencias en el manejo del expediente.
Esta percepción de injusticia impulsó la campaña #JusticiaParaÁngel en redes sociales, donde ciudadanos, amigos y activistas comparten la historia, expresan solidaridad y presionan a las autoridades para que reconsideren la decisión y garanticen la rendición de cuentas. La familia ha escalado su reclamo, haciendo un llamado directo al Gobernador de Yucatán para solicitar su intervención y asegurar que se haga “realmente justicia”.
Mientras Fabiola enfrenta una larga y difícil recuperación física y emocional, el caso legal sigue su curso en medio de la incertidumbre y una serie de preguntas sin respuesta sobre la actuación judicial inicial. La falta de una comunicación oficial clara ha minado la confianza pública, alimentando la demanda de transparencia y de que el proceso se conduzca con estricto apego a la ley, sin sospechas de favoritismo o impunidad. La sociedad yucateca permanece atenta, esperando que las autoridades actúen con la diligencia, imparcialidad y transparencia que la gravedad de esta tragedia demanda.
