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El quebranto financiero que sufrió Quintana Roo durante el gobierno de Roberto Borge Angulo se estima en al menos 10 mil millones de pesos, monto que probablemente sea muy superior si sumamos dinero de los “moches” cobrados a proveedores y empresarios. Esta gigantesca suma debía ser “blanqueada”, motivo por el que la red de allegados y prestanombres del exgobernador, hoy en la mira de la Procuraduría General de la República, tenía todo un sistema de facturaciones simuladas, préstamos y otras operaciones financieras, teniendo a su disposición notarías y hasta un banco.
Pieza clave en este entramado es Santiago Samuel Jiménez Moreno, director de Expansión de Corpogas, empresa donde convergen varios de los prestanombres utilizados para dispersar el dinero del borgismo que entraba de forma constante y que debía ser “lavado”. Por ello, en el condominio Villa Pescadores, en el kilómetro 2.2 de la Zona Hotelera de Cancún (propiedad de Ricardo Vega Serrador, también de Corpogas) tienen sus oficinas no sólo la Notaría Pública número 8, sino también la sede en Quintana Roo de Intercam Grupo Financiero.
Fundada en 1996 como una operadora de divisas por ejecutivos financieros beneficiados con el Fobaproa, a los pocos años fue ampliando sus operaciones, primero a fondos de inversión, luego a créditos de comercio exterior, hasta finalmente lograr su autorización como banca múltiple, mediante la compra de un banco regional.
Sin embargo, su principal fuerte continúa siendo el manejo de divisas y los créditos a comercio exterior, lo que facilita la justificación de flujo de efectivo y transferencias al extranjero, principales modalidades para el blanqueo de capitales por el grupo de borgistas liderados por Samuel Jiménez Moreno.
Se trata de un banco con operaciones laxas, como lo indican las 25 sanciones impuestas a Intercam por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por violaciones a la Ley de Instituciones de Crédito y sus ordenamientos, en particular por no seguir los protocolos para evitar el lavado de dinero.
Apenas el mes pasado, la CNBV interpuso una sanción de un millón de dólares a Intercam Banco, misma que fue hecha pública apenas por una horas antes que el banco recurriera a tribunales para evitar que se divulgara esta información.
Un mes después, el 2 de junio, esta dependencia castigó el brazo bursátil de esta empresa con tres multas por un total de 42 millones de pesos, la más grande impuesta por la CNBV, por diversas anomalías en sus sistemas de prevención de lavado de dinero e información sobre operaciones inusuales. Se prevé que nuevamente Intercam trate de amordazar al gobierno para evitar que se informen los detalles de las irregularidades cometidas, que incluyen no notificar de alertas por movimientos inusuales de dinero, no implementar manuales de prevención de lavado de dinero, entre otros.
Esto abre serias sospechas sobre la probidad de sus operaciones, en especial debido a que uno de los miembros del Consejo de Administración de Intercam, Carlos Enrique Valenzuela Dosal, fue “destapado” en el escándalo de los “Bahamas Leaks”, como poseedor de dos corporaciones “offshore” (empresas de papel creadas en paraísos fiscales para esconder fortunas del fisco).
En Quintana Roo, la empresa de Eduardo García Lecuona y Luis Esteve de Murga cuenta con una sucursal, la ubicada en el condominio Villa Pescadores, además de una red de cajeros automáticos para turistas incautos, en la Zona Hotelera de Cancún, la Quinta Avenida de Playa del Carmen y otros puntos estratégicos.
En esta institución, Samuel Jiménez Moreno halló el lugar perfecto para blanquear los recursos desviados de Borge Angulo, a través de la simulación de facturación y los créditos para capital de trabajo.
