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Fuente: Diario de Yucatán
Mirada antropológica
Rodrigo Llanes Salazar, Jazmín Sánchez, Ivet Reyes y Rodrigo Patiño (*)
La publicación del “Acuerdo por el que se emite la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional” en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 15 de mayo da un nuevo viraje importante a la política energética nacional.
Este evento ha provocado una ola de indignación entre diversos actores, en la que han destacado las voces de aquellos que han sido predominantes en el diseño y operación del sector (políticos, grandes empresas generadoras y consumidoras de electricidad, consultores, grandes organizaciones no gubernamentales e incluso representaciones de entidades internacionales). Los cuestionamientos de estos actores van desde el procedimiento mismo de publicación en el DOF, las violaciones de órganos reguladores y de la libre competencia, el freno a las inversiones privadas en proyectos de fuentes renovables de energía, hasta preocupaciones con gran alcance mediático porque México podría no cumplir con la reducción de emisiones de CO2 asumidas en el Acuerdo de París.
Recordemos que desde el inicio del actual sexenio, en 2018, el gobierno federal ha venido apostando a la inversión en la extracción y refinación de petróleo, incluyendo el rescate de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Para algunos críticos, la obstinación de López Obrador con la defensa del petróleo es una obsoleta fijación nacionalista y desarrollista que ya no tiene cabida en el mundo actual. En efecto, es en verdad desconcertante que, en medio de una crisis climática, el Estado mexicano esté concentrando sus esfuerzos en la generación eléctrica con combustibles fósiles.
Sin embargo, el debate en torno al reciente Acuerdo del gobierno federal muestra más la lucha político-económica por el control del mercado energético nacional y ha dejado fuera la discusión de fondo sobre las implicaciones y las profundas desigualdades originadas de una economía global basada en combustibles fósiles, así como la necesidad de construir un modelo de transición energética que vaya más allá de un “economía verde”.
Como casi cualquier decisión del actual gobierno federal, la publicación del Acuerdo ha provocado respuestas polarizadas, en las que se ha discutido poco la posibilidad de avanzar en la construcción ciudadana de modelos más justos de transición energética, para los cuales resulta necesario construir instrumentos de política pública que, retomando las tecnologías para aprovechar las fuentes renovables de energía, permitan democratizar su acceso y enfrentar la injusticia ambiental que, hoy más que nunca, es evidente.
Una de las debilidades del modelo de transición energética del Estado mexicano, derivado de administraciones pasadas, principalmente a partir de la Reforma Energética de 2013, ha sido su diseño vertical y centralizado, definido en las altas esferas económicas y políticas y no desde la participación efectiva de la ciudadanía y las comunidades afectadas. Así definido, este modelo se ha concentrado en expandir la generación eléctrica privilegiando el desarrollo de megaproyectos cuyos criterios económicos y técnicos promueven la especulación financiera, descartando o minimizando sus implicaciones sociales, culturales y ambientales en las regiones donde se implementan. El desarrollo de este modelo, tal y como ha sucedido en Yucatán, ha implicado graves problemas de derechos humanos, entre ellos, la falta de acceso a la información, la división o aumento de conflictos en comunidades donde se desarrollan los proyectos de energía, el despojo de tierras, hostigamiento y criminalización de defensores de derechos humanos y, paradójicamente, afectaciones al medio ambiente. Este modelo de transición energética también ha carecido de una planeación integral estratégica y holística, y, en cambio, se ha centrado en la ampliación de la generación eléctrica, sin incluir otros sectores importantes como el transporte y la industria que utilizan grandes cantidades de energía térmica, omitiendo además la relación de la energía con el quehacer ciudadano, el bienestar social, la alimentación, la salud, el medio ambiente o los derechos de las comunidades rurales e indígenas.
Así, el desarrollo de los proyectos eólicos y fotovoltaicos se ha dejado en manos de compañías privadas bajo una regulación poco estricta que incluye faltas y omisiones importantes al cuerpo de instrumentos de evaluación que ha crecido sin una coherencia institucional. Las violaciones a los marcos normativos institucionales y a las prácticas de regulación que se han cuestionado a partir de la publicación del Acuerdo en el DOF han tenido lugar desde el inicio del modelo de transición energética impulsado por el Estado mexicano en los últimos años. Por ejemplo, la falta de institucionalidad y de regulación se observa tanto por parte de la Secretaría de Energía (encargada de revisar las Evaluaciones de Impacto Social e implementar las Consultas indígenas), como de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat, la responsable de las Evaluaciones de Impacto Ambiental).
A pesar de que la Ley de Transición Energética (2015) indica que la Semarnat debe realizar una Evaluación Ambiental Estratégica en territorios con alto potencial energético, como Yucatán, hasta la fecha esta obligación se ha incumplido. A lo anterior se suman otras oficinas federales (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Procuraduría Agraria, Instituto Nacional de Pueblo Indígenas, etc.), estatales y municipales que han tenido participaciones endebles.
El cumplimiento de compromisos internacionales que México tiene en la lucha global contra el cambio climático, como el Acuerdo de París y la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable que propone la ONU, debe ser congruente con el respeto a los derechos humanos. Recordemos que el Estado mexicano es parte de diversos tratados internacionales y que ha aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A partir de estas obligaciones internacionales, los gobiernos nacional y locales deben proteger y garantizar el derecho de los pueblos indígenas a definir libremente el tipo de presente y futuro que desean para ellos y sus territorios. Sin embargo, este derecho, que defiende otras formas de concebir la vida y que busca reparar la desigualdad que estas poblaciones han enfrentado históricamente, ha sido ignorado y reducido a procesos burdos de consultas para el desarrollo de parques eólicos y fotovoltaicos de gran escala en estados como Oaxaca y Yucatán, tal como han observado diversas entidades de la ONU.
La omisión anterior merma las opciones de futuro del planeta, imponiendo un modelo predominante que profundiza las desigualdades y que además va en contracorriente a la contribución que los pueblos originarios hacen a la producción y resguardo de la riqueza biocultural del Planeta. Esta omisión también está aunada al incumplimiento de acuerdos internacionales como la Convención Ramsar (1975) y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992), atentando también contra la protección de ecosistemas importantes en la península de Yucatán e incrementando la situación de vulnerabilidad de la población local que es predominantemente maya.
Por otro lado, si leemos con atención, el criticado Acuerdo externa una situación real referente a la limitada capacidad actual de la red eléctrica nacional para gestionar las intermitencias propias de la generación eléctrica con fuentes de energía alternativas a los combustibles fósiles. El Acuerdo no arremete de tajo contra una transición energética, pues el último punto del documento, el 10, habla sobre la Incorporación de Energías Limpias Intermitentes. Se menciona en este punto la posibilidad de mantener los contratos de interconexión de las centrales eléctricas (eólicas y fotovoltaicas) ya convenidos antes del Acuerdo. Se encuentra también la incorporación de la generación distribuida con energía eólica y fotovoltaica al Sistema Eléctrico Nacional. Este punto no puede leerse, sin embargo, como un cheque en blanco.
Es necesario exigir y vigilar que esta administración corrija el rumbo en sus prioridades respecto al sector energético y retome el rumbo de la transición energética, sin repetir errores de las administraciones pasadas de centrar, por ejemplo, la transición energética en la electricidad. Deben también promoverse acciones concretas para disminuir el derroche energético y aumentar la eficiencia de su uso, enfocar esfuerzos en el transporte (casi la mitad de la energía del país la ocupa este sector) y en sistemas térmicos industriales, incentivar el desarrollo científico y tecnológico nacional, establecer mecanismos de participación ciudadana que descentralicen el aprovechamiento y gestión de los recursos energéticos del país (por ejemplo, los sistemas de generación distribuida, techos solares, calentadores solares), atender la pobreza energética de un gran sector de la población, y alinear una transición energética justa y sustentable.
Una transición energética sustentable también debe incluir una política ambiental que promueva la conservación del manto freático y de los reservorios de carbono, como los humedales y las selvas de Yucatán, evitando la deforestación de enormes territorios de selva en buen estado para la instalación de megaproyectos fotovoltaicos o la invasión de territorios costeros por megaproyectos eólicos que comprometen su conservación. Éstas debieran ser también las preocupaciones de quienes reclaman una transición energética para México y el cumplimiento de los compromisos climáticos internacionales. rodrigo.llanes.s@gmail.com, articulacionenergiayucatan@gmail.com
Investigador del Cephcis-UNAM e integrantes de la Articulación Social de Energía Sustentable de Yucatán