Integridad, sospecha y elecciones

Dulce María Sauri Riancho

Fuente: La Aurora de México

La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear un mecanismo de “integridad en candidaturas”. La propuesta busca impedir que personas vinculadas con actividades criminales lleguen a cargos de elección popular.

El objetivo, en apariencia, sería difícil de cuestionar. ¿Quién podría defender la infiltración del crimen organizado en la política? El problema no está en el propósito declarado, sino en el mecanismo elegido.

La iniciativa crea una nueva instancia en el INE: la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, integrada por cinco consejero/as electorales. Los partidos políticos podrán entregar —de manera voluntaria y total o parcial— listas de aspirantes para que sean sometidos a un “análisis de riesgo”, realizado con apoyo de la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Estas instituciones determinarán si existe un “riesgo razonable sobre posibles actividades delictivas” respecto de las personas evaluadas.

La propia presidenta explicó el sentido político de la iniciativa durante su conferencia mañanera del 22 de mayo. Se trata, dijo, de “institucionalizar para todos los partidos lo que ya hace Morena”.

Y ahí empiezan los problemas.

Primera objeción: “tizna, que algo queda”.

Aunque oficialmente el procedimiento sea confidencial, basta una filtración para destruir una candidatura. En política, la sospecha funciona como sentencia anticipada.

No haría falta una orden de aprehensión, ni una vinculación a proceso, ni mucho menos una sentencia firme. Bastaría con que circulara la versión de que determinada persona “salió observada” por la comisión del INE para que quedara políticamente marcada.

La iniciativa institucionaliza la sospecha.

Segunda objeción: la trampa para la oposición.

Los partidos opositores quedarían atrapados en un callejón sin salida.

Si envían a evaluación a sus perfiles más competitivos, los convierten en blanco fijo de filtraciones, campañas negras y sospechas inducidas. Si no los envían, quedarán bajo sospecha pública: “algo esconden”, “prefieren protegerlos”, “no quieren arriesgarse”.

La decisión “voluntaria” termina convirtiéndose en presión política que la vuelve obligatoria.

Tercera objeción: el filtro lo controla el poder.

Las instituciones encargadas de alimentar las evaluaciones pertenecen —formal o funcionalmente— al circuito del poder federal: la UIF, el CNI, la CNBV y una Fiscalía General cuya autonomía constitucional existe mucho más en el papel que en la realidad política.

La decisión final podrá quedar en manos de los partidos, sí. Pero el señalamiento previo lo emitirán instituciones del Estado controladas o influidas desde el poder central.

Y en México, el uso político de expedientes, filtraciones y carpetas de investigación no es precisamente una novedad histórica. Pero ahora tendrá vestido institucional.

Cuarta objeción: la doble vara frente a la “3 de 3”.

La ironía jurídica resulta notable.

La llamada disposición “3 de 3” para impedir candidaturas de agresores sexuales, deudores alimentarios o responsables de violencia política o doméstica contra las mujeres terminó aplicándose bajo criterios extremadamente restrictivos. En la práctica, se exigió sentencia firme para cancelar candidaturas.

Ahora, en cambio, se pretende operar con un concepto mucho más ambiguo y discrecional: “riesgo razonable”.

Para violencia acreditada contra mujeres, máxima cautela jurídica. Para sospechas criminales, bastaría inteligencia preventiva.

Quinta objeción: la fama pública no cuenta.

En numerosos municipios del país, la población sabe perfectamente quiénes mantienen vínculos con grupos criminales. A veces lo saben los periodistas locales, los empresarios, los transportistas, los sacerdotes, los comerciantes y las propias autoridades municipales.

Pero nada de eso aparece en la iniciativa.

El modelo privilegia información reservada de inteligencia estatal, no mecanismos públicos verificables ni controles ciudadanos.

Paradójicamente, puede terminar protegiendo a quienes ya tienen arreglos dentro del sistema político.

Sexta objeción: la captura institucional.

El problema más profundo no es jurídico, es político.

Una parte creciente de la sociedad mexicana ya no confía plenamente en la neutralidad del INE ni del Tribunal Electoral. Existe la percepción —fundada o exagerada, pero políticamente real— de que ambos órganos han sido progresivamente ocupados por perfiles cercanos a Morena.

En ese contexto, trasladarles la función de “certificar integridad” convierte cualquier decisión en sospechosa.

Sin confianza institucional, cualquier medida termina perdiendo legitimidad.

Séptima objeción: la pinza rumbo a 2027.

La iniciativa presidencial no llega sola.

Coincide con la propuesta impulsada por Ricardo Monreal para anular elecciones por intervención de “agentes extranjeros”. Vista de manera aislada, podría parecer una medida defensiva de soberanía. Combinada con el nuevo sistema de evaluación de candidaturas, el panorama cambia.

Antes de la elección: sospechas sobre candidatos. Después de la elección: sospechas sobre los resultados.

La pinza empieza a cerrarse.

El verdadero laboratorio será 2027.

La gran pregunta no es sólo lo qué ocurrirá en el ámbito federal, sino en las elecciones locales de 2027.

Ese año estarán en juego más de la mitad de las gubernaturas, miles de presidencias municipales, congresos estatales y estructuras regionales de poder. Ahí es donde históricamente la presión del crimen organizado sobre las candidaturas ha sido más intensa.

¿Quién realizará las evaluaciones? ¿La misma comisión nacional del INE? ¿Habrá filtros estatales? ¿Cómo se procesarán decenas de miles de aspirantes locales? ¿Qué ocurrirá si un partido aliado de Morena —como el Partido Verde en San Luis Potosí— decide competir por cuenta propia y sus candidatos aparecen “observados”?

Ni siquiera se han planteado estas cuestiones. Pero sí existe una ironía política difícil de ignorar.

Hasta ahora, varios de los personajes mexicanos más relevantes señalados o reclamados por autoridades estadounidenses bajo acusaciones de presuntos vínculos criminales pertenecen precisamente al oficialismo o a su entorno político.

Por eso resulta inevitable la pregunta incómoda: ¿con qué autoridad moral puede afirmarse que este mecanismo institucionaliza “lo que ya hace Morena”?

¡Dios libre a las oposiciones de seleccionar a sus candidaturas con la misma eficacia con la que Morena ha filtrado las suyas!

• Ex gobernadora de Yucatán, ha sido senadora de la República y diputada federal, y líder nacional del PRI.
• dulcesauri@gmail.com