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Mérida, 6 de mayo de 2026.- Tras casi una década de búsqueda de justicia, el caso de María Inés contra el rejoneador Rodrigo “N” se ha convertido en un crudo testimonio de las fallas en el sistema judicial de Yucatán, a pesar de la víctima haber denunciado una sistemática violencia verbal, psicológica y física que escaló hasta una denuncia por feminicidio en grado de tentativa, bajo la acción penal 114/2023, el proceso actual se encuentra marcado por irregularidades que favorecen al presunto agresor.
Colectivas feministas e integrantes de la Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (AMISY), han alzado la voz para señalar que el Poder Judicial ha incurrido en una grave revictimización, principalmente al rotar el caso entre tres juezas distintas —Suemy Lizama Sánchez, Blanca Bonilla y Mónica Acosta García—, lo que entorpece la continuidad del proceso y el acceso a una sentencia pronta.
La indignación aumentó luego de que, tras ser detenido el pasado 11 de agosto en San Luis Potosí y trasladado a Yucatán, Rodrigo “N” no fuera imputado por tentativa de feminicidio, sino por el delito menor de violencia familiar. Pese a que el señalado justificó su inasistencia a 10 audiencias previas alegando problemas de salud, las autoridades le han permitido llevar el proceso en libertad.
Ante el evidente desgaste y la imposibilidad emocional de María Inés para hablar públicamente debido al trauma sostenido, AMISY y otras activistas levantan la voz exigiendo que se deje de proteger al agresor y que la justicia estatal actúe con verdadera perspectiva de género, pues el tiempo y la burocracia parecen estarse utilizando como herramientas para silenciar a la víctima.