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Mirada antropológica
Rodrigo Llanes Salazar (*)
“Estamos en nuestras tierras, en nuestro territorio… Ellos llegan y nos invaden”, me comenta X, habitante de Santa Gertrudis Copó que encabeza una lucha de más de dos meses por el rescate de sus espacios comunitarios y quien pidió el anonimato por temor debido a amenazas e intimidaciones.
Santa Gertrudis Copó, una exhacienda henequenera, después un ejido y actualmente una comisaría del municipio de Mérida, se enfrenta a los problemas que muchas otras comunidades, comisarías y ejidos alrededor de la capital del estado están sufriendo: sus tierras de alta plusvalía por los desarrollos inmobiliarios en la región están siendo compradas con muchas irregularidades.
En ocasiones, los empresarios, prestanombres e intermediarios compran a los representantes ejidales, corrompen asambleas ejidales para llevar al cabo la transacción de las tierras o simple y llanamente se apoderan de las tierras ejidales. Muchas veces estas acciones se realizan con la complicidad de las autoridades, ya sean las agrarias o incluso de más altos niveles de gobierno.
“La urbanización nos ha comido”, expresa X. Sin embargo, para los habitantes de Santa Gertrudis Copó, a pesar de que su comunidad se encuentra a un paso de Mérida —apenas es separada de la ciudad por el anillo periférico—, sienten que las autoridades los han descuidado: no cuentan con un parque ni con espacios para plantar árboles.
Esta desatención por parte de los gobiernos municipal y estatal contrasta con los lujosos desarrollos inmobiliarios que se están construyendo en las cercanías de Santa Gertrudis Copó: proyectos residenciales como Allegra y Cabo Norte que se anuncian como “modernos”, “planeados”, “seguros”, “ecológicos”, “sustentables” y “verdes”. Dicho de otra forma, Santa Gertrudis Copó ilustra algunas de las principales contradicciones del crecimiento de Mérida y del modelo de desarrollo del estado: bienestar, seguridad y sustentabilidad para unos pocos privilegiados; invasión, desalojo y desatención para las comunidades mayas.
El actual conflicto en Santa Gertrudis Copó comenzó cuando a inicios de este año comenzó a construirse un muro en el campo de fútbol de la comunidad. Entonces, jóvenes de la comunidad se manifestaron en contra. En palabras de X, “los muros no nos han separado, nos han unido”. Nunca les informaron para qué era el muro.
El problema se agravó cuando en el pasado mes de marzo los habitantes de Santa Gertrudis Copó advirtieron que en las cercanías del casco de la hacienda se levantó una malla y se instaló personal de vigilancia. También comenzó a llegar maquinaria de construcción. Los habitantes de Santa Gertrudis no fueron informados en ningún momento de lo que se planeaba construir. “Si no nos informan, nos sentimos invadidos”, me comenta X.
Lo anterior se ha realizado a pesar de que, de acuerdo con la “Declaratoria de zonas del patrimonio cultural del municipio de Mérida”, “las manzanas que rodean el casco de la hacienda” de Santa Gertrudis Copó, incluyendo “el arco de los corrales, la casa principal y construcciones de mampostería” son patrimonio cultural de Mérida.
Luego vino el desalojo. Llegaron personas que se presentaron como dueños de los terrenos alrededor del casco de la hacienda, donde había varias casas. Los presuntos dueños exigieron que los habitantes desalojaran sus casas y que serían reubicados en unas nuevas, colindantes con la privada Cocoyoles. Una de las habitantes, una señora conocida como “Boox”, no quería irse; la amenazaron diciéndole que se tenía que ir o la maquinaria pasaría encima. Fueron demolidas cinco casas. Durante el desalojo y la demolición de las casas no hubo presencia de policía que vigilara el proceso.
Si bien los vecinos fueron reubicados en seis casas, varios de ellos han expresado inconformidades, pues consideran que ahora no tienen terreno suficiente, que las casas están muy pegadas una junto a la otra; además, no tienen título de propiedad de estas nuevas viviendas.
Además de la demolición de las casas, la maquinaria también ha pasado por encima del espacio público, particularmente en los pocos espacios que quedan destinados a áreas verdes, así como en una calle significativa para la comunidad, pues es donde los abuelos transportaban las pencas de henequén.
Tras la invasión de los espacios comunitarios, el desalojo y la demolición, los habitantes de la comunidad Santa Gertrudis Copó han realizado varias manifestaciones, exigiendo una mesa de diálogo con las autoridades municipales y estatales, información sobre lo que se planea construir en la comunidad y que los presuntos dueños de los terrenos muestren sus títulos de propiedad y los permisos de construcción. Hasta ahora, todas estas exigencias han sido desatendidas. Sólo el Catastro municipal ha ofrecido información sobre los límites, superficie y valor del terreno.
Lucha por derechos indígenas. Frente a estos problemas, los habitantes de Santa Gertrudis Copó han comenzado una lucha por sus derechos como comunidad indígena. “Además de las leyes que nos amparan a todos los yucatecos, también somos un pueblo maya”, me comenta X. “No es lo mismo ser yucateco que ser pueblo originario”, agrega. No quieren ser considerados como una colonia más de Mérida, sino como una comunidad con usos y costumbres, tradiciones propias, orgullosa de hablar lengua maya y portar apellidos mayas.
Como comunidad maya, Santa Gertrudis Copó tiene derechos a la libre determinación o a decidir por su propio modelo de desarrollo y gestionar sus propios espacios y recursos comunitarios; a la protección de sus tierras, territorio y recursos, incluyendo los espacios comunitarios; así como a ser consultados de manera previa, libre e informada cuando se planee realizar cualquier proyecto que pueda afectarles.
Sin embargo, los habitantes de Santa Gertrudis Copó no sólo no han sido informados —mucho menos consultados— sobre los proyectos que se están planeando en su comunidad, sino que también han sufrido la discriminación de los presuntos propietarios de los terrenos y de las autoridades. De acuerdo con los habitantes de la comunidad, los propietarios llegan con una actitud prepotente e incluso les han llamado “pobretones”.
Es importante destacar que cuando hablamos de los derechos del pueblo maya en Yucatán no sólo estamos hablando de los derechos de más del 60% de la población del estado que se identifica como indígena —lo cual no es poca cosa—. Estamos hablando de temas que son preocupación de prácticamente todos los yucatecos: del modelo de desarrollo y crecimiento económico del estado, de la tranquilidad y seguridad, así como de la sustentabilidad de la región.
Cuando los proyectos como los que planean construirse en Santa Gertrudis Copó se realizan violando los derechos indígenas, se producen conflictos que irrumpen con la seguridad y tranquilidad. “Han quitado la armonía y la paz, ha sido manifestación tras manifestación”, menciona X. Se trata de una conflictividad que ha afectado a los habitantes de Santa Gertrudis Copó pero también a los trabajadores y vigilantes de la construcción, a los propietarios y a las autoridades. Estos conflictos están sucediendo en diversos puntos del estado y han escalado hasta amenazas de muerte en comunidades como San José Tibceh, en Muna, o en las recientes amenazas e intimidaciones a uno de los habitantes de Homún que se ha manifestado contra la construcción de la granja porcícola que se planea construir en el municipio.
Apenas ayer las autoridades del gobierno responsables de la consulta en San José Tibceh violaron los acuerdos previos tomados con la comunidad el año pasado y decidieron terminar la fase informativa a pesar de no haber brindado toda la información sobre el parque fotovoltaico requerida por y acordada con la comunidad; de hecho, decidieron terminar con la fase informativa justo cuando era momento de invitar a académicos y expertos independientes para hablar sobre los efectos del proyecto.
Del mismo modo, el crecimiento de Mérida y el desarrollo de obras de infraestructura —como el parque fotovoltaico en el sur del estado, la calera en Chocholá o la granja porcícola en Homún— están amenazando la sustentabilidad de la región: implican la deforestación de cientos de hectáreas y amenazas de contaminación de cenotes.
Por otra parte, si bien es cierto que proyectos residenciales como Allegra y Cabo Norte han llevado al cabo acciones de reforestación, lo que estamos viviendo es una privatización de los espacios verdes: las comunidades mayas sufren de la deforestación de sus montes y los árboles que son reforestados en los proyectos residenciales de lujo no son de fácil acceso para la mayoría de los habitantes del estado.
Estamos en plena campaña electoral y es urgente que las autoridades municipales y estatales den respuesta a las demandas de los habitantes de Santa Gertrudis Copó: que instalen una mesa de diálogo, que les brinden información completa y veraz sobre los títulos de propiedad de los terrenos y los permisos de construcción. Sobre todo, que respeten sus derechos como comunidad maya.
Sin duda alguna, los candidatos al Ayuntamiento de Mérida y al Gobierno del Estado también deben pronunciarse sobre qué medidas tomarán para evitar que problemas como los ocurridos en Santa Gertrudis Copó, San José Tibceh, Chocholá, Homún y muchas otras comunidades más no vuelvan a suceder. La protección de los derechos de las comunidades mayas es una apuesta por la seguridad, la tranquilidad y la sustentabilidad de todo Yucatán.— Mérida, Yucatán.
rodrigo.llanes.s@gmail.com
@RodLlanes
Investigador del Cephcis-UNAM
Fuente: Diario de Yucatán