domingo , 5 mayo 2024
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Gobernación Mpal. del Carmen clausura las oficinas de Oceanografía

Más de un millón 200 mil pesos es el adeudo que mantiene con la Comuna de Carmen la extinta empresa Oceanografía, ante ello, autoridades de Gobernación Municipal colocaron sellos de clausura en las oficinas principales de la Petro empresa, la cual enfrenta laudos, embargos y demandas mercantiles, además del repudio de los ex-obreros que no han sido liquidados conforme a ley.

Quien fijo postura es el ex-trabajador de Oceanografía, Elías Moguel Marín, quien dijo “es otra macha más al tigre”, la empresa debe ser declarada en quiebra y asegurar los pocos bienes que no han sido saqueados por el Servicios de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), así como de los que se nombran administrador, no dejar sin sumar al sindicato Pitágoras o Joven como se dicen.

El cierre de las oficinas administrativas ha impedido que los trabajadores activos puedan ingresar para realizar el cambio de guardia del personal de vigilancia, además de que se pueda ingresar a la zona de dársenas, donde se ubican los barcos de la compañía, por lo que los obreros deben ingresar por otros patios a los navíos.

Roger Formoso Zavala, coordinador de Catastro, explicó con los procesos jurídicos para el reclamo de un millón 200 mil pesos por concepto de predial de cuatro predios de la empresa Oceanografía en diferentes puntos de la ciudad.

Dicho impuesto no ha sido cubierto por Amado Yáñez Osuna desde el segundo año de administración del ex alcalde, que fue sentenciado por el delito de peculado por el desvió de 9.2 millones de pesos, ahora también sale a relucir los actos de corrupción para encubrir que no se cumpliera con la licencia de funcionamiento y el pago del impuesto predial.

Por su parte, Billy Serrano Espinosa, coordinador de Gobernación, señaló que los sellos que se colocaron en las puertas y accesos de los cuatro edificios propiedad de Oceanografía, se debe a que también carecen de licencia de funcionamiento desde 2013, por lo que deberán realizar el trámite de regularización y en su caso, pagar las multas correspondientes, aunque el funcionario omitió informar sobre el monto que podría ser aplicado.

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