Fruto de una lucha

Rodrigo Llanes Salazar

Fuente: Diario de Yucatán

• Por momentos parecía imposible, pero, finalmente, se logró.

Después de casi tres años de lucha, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó el pasado 29 de abril que, tras una visita de verificación, constató “el retiro total de 41,570 ejemplares porcinos y la desocupación total de las instalaciones” de la granja porcícola Santa María.

Un incendio provocado en las instalaciones de la granja en abril de 2023, que tardó más de un mes en extinguirse, detonó la movilización por parte de la comunidad contra el centro de producción porcícola.

Desde entonces, vecinos de la comunidad, con el liderazgo del subcomisario Wilberth Nahuat Puc, han dado batalla en la defensa del agua, suelo y aire limpios; de la salud del pueblo, especialmente de las niñas, niños y adultos mayores; de sus derechos como pueblo maya a decidir sobre sus formas de organización y territorio; y de sus derechos al acceso a la información, a la participación pública y al acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Conocí a Wilberth hace casi tres años, en un momento en el que, como subcomisario de su comunidad, envió oficios a autoridades municipales y estatales para que intervinieran en el incendio y en el problema de salud pública que éste provocó, pues varias vecinas y vecinos de Santa María Chí reportaban dolores de cabeza, faringitis, malestar en la piel, entre otros padecimientos. Entonces, pude constatar que ninguna de las dos autoridades tomó cartas en el asunto, delegando responsabilidades entre sí o, como decía Wilberth, “pasándose la bolita”.

Hace tres años, la comunidad de Santa María Chí se organizó para hacer frente al enorme reto que tenían: una mega fábrica de alrededor de 50 mil cerdos, que contaba con el respaldo de las autoridades estatales.

La organización cobró muchas formas. Los habitantes de Santa María Chí colgaron lonas y carteles en el pueblo que denunciaban las afectaciones provocadas y reclamaban su derecho humano al agua. Así, al entrar a la comunidad, ya no sólo se huele la pestilencia despedida por los excrementos de cerdos, sino que también se ven los mensajes de una comunidad reivindicando su dignidad.

La comunidad plantó un campamento pacífico, a unos cuantos metros del acceso a la granja, el cual se convirtió en el epicentro de la lucha, lugar de encuentro de vecinas y vecinos con diversas personas aliadas de Santa María Chí: periodistas que han relatado los principales episodios de la lucha de la comunidad y registrado la operación de la granja; académicas, académicos y especialistas que realizaron análisis de calidad de agua, informando que las muestras tomadas superaban los límites permisibles para coliformes fecales, E. coli, sólidos suspendidos, entre otros parámetros; artistas y realizadores de video que pintaron un mural y han documentado el devenir de la defensa de la comunidad.

Además de alianzas con periodistas, especialistas y artistas, la comunidad de Santa María Chí ha tejido redes con otras organizaciones de la sociedad civil, como el Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán, la Contraloría Autónoma del Agua de Yucatán, la Red en Defensa del Agua y el Territorio Maya To’one ja’o’on, Utsil Kuxtal, Kanan, Artículo 19, Greenpeace, Generación Vegana, la Red Nacional de Comunidades Envenenadas en Resistencia, los consejos comunitarios mayas de diversos pueblos de Yucatán, entre otras.

Asimismo, en estos tres años, en un contexto de judicialización de la política, donde numerosos problemas sociales se dirimen en tribunales, la comunidad de Santa María Chí ha contado con el acompañamiento jurídico del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con el cual han interpuesto diversos amparos y obtenido resoluciones favorables. Aunque la Profepa ordenó la clausura de la granja porcícola en septiembre del año pasado, los juicios aún siguen en curso.

La gravedad de las violaciones a los derechos humanos de Santa María Chí provocó que la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos diera seguimiento al caso, contribuyendo así a la visibilidad del mismo. Como se informó recientemente en el Diario, el pasado mes de marzo Santa María Chí se convirtió en la primera comunidad maya de Yucatán que ha recibido la visita oficial de un Relator especial de Naciones Unidas (en este caso, el de Sustancias tóxicas y derechos humanos).

Así, la perseverante lucha de la comunidad maya de Santa María Chí, en colaboración con una red de defensa integrada por periodistas, académicas y académicos, artistas, organizaciones, colectivos, instituciones públicas y organismos de derechos humanos, ha sentado un esperanzador precedente para otras comunidades que atraviesan procesos similares de defensa.

No obstante, persisten al menos cuatro grandes problemas. El primero de ellos es la reparación de daños a la comunidad de Santa María Chí y al medio ambiente. Tanto por parte de la comunidad como de organizaciones se ha propuesto la creación de un fideicomiso —o alguna figura similar— dedicado a la restauración del sitio y a medidas de reparación de daños a la comunidad.

El segundo es que el desmantelamiento de la granja se debe de realizar desde un enfoque de derechos humanos. Como planteó Leo Heller, entonces Relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento en un informe de 2019, el desmantelamiento de los megaproyectos no siempre se ejecuta, “puesto que a los agentes les resulta más beneficioso e interesante incumplir el requisito del desmantelamiento y pagar las multas asociadas al incumplimiento, o incluso evitar el pago de multas mediante prácticas corruptas”.

Para Heller, se debe realizar una evaluación del impacto en los derechos humanos en la etapa de desmantelamiento de los proyectos, con el fin de evitar “cambios en el régimen de las aguas subterráneas y en la contaminación de las aguas subterráneas (…) el suelo y la atmósfera”. Esta evaluación “no solo incluye los efectos negativos que podría tener la eliminación de la infraestructura y los restos de la operación en la calidad del agua, sino también la forma en que determinadas partes de la infraestructura pueden utilizarse para mejorar el acceso al agua para la población que vive en las inmediaciones”.

Un tercer problema es que persiste la criminalización del subcomisario de Santa María Chí, a pesar de que no se han presentado pruebas de que haya cometido los delitos de los que le acusa. Las personas juzgadoras —y todas las autoridades competentes en el caso— deben tratar este asunto en el contexto de criminalización de personas defensoras del medio ambiente y, de acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo de Escazú, deben garantizar un entorno seguro y propicio para que el subcomisario y todas las personas de Santa María Chí puedan promover y defender los derechos humanos sin amenazas, restricciones e inseguridad.

En cuarto lugar, las autoridades deben de operar bajo el criterio de que Santa María Chí es un territorio que requiere medidas de restauración, las cuales deben de realizarse con la participación activa de la comunidad, y que, por lo tanto, no se debe autorizar ningún otro proyecto, sea un desarrollo inmobiliario, granja avícola o cualquier otro.

Ciertamente, estos retos parecen irrealizables, fantasías de una mente idealista, pero también lo parecía la clausura de la megagranja. Recuerdo una conversación con varios vecinos de Santa María Chí en agosto del año pasado, un mes antes de que la Profepa anunciara la clausura definitiva. En ella pesaba el cansancio de más de dos años de lucha, pesaba la injusticia y la impunidad. La clausura parecía imposible en ese momento, pero se logró.

Finalmente, como expresó en una ocasión el subcomisario: “lo más importante es que (el pueblo) ha conocido qué impacto tiene en el agua, aire, tierra y la salud una de las empresas en la comunidad. La mayoría de la gente ignoraba el tema”. Ahora conocen sus derechos. Reivindican su dignidad. Ese es el principal fruto de la lucha.— Mérida, Yucatán

rodrigo.llanes.s@gmail.com

(*) Investigador del Cephcis-UNAM