jueves , 28 marzo 2024
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Finales y principios

Informes e instalaciones

Dulce María Sauri Riancho (*)

Publicado en Diario de Yucatán

Para Roger Aguilar, a quien el destino llevó por el sendero de la Eternidad

Coinciden en estos días los seis y los uno. Sexto y último informe de gobierno del presidente de la república y del gobernador de Yucatán. Instalación y puesta en marcha de las legislaturas federal y del estado, primeras en reflejar los cambios acontecidos a raíz de los resultados de la votación del 1 de julio. Compartir fechas no implica las mismas condiciones entre quienes finalizan sus encargos y tampoco entre quienes inician un camino de tres años.

Sexto Informe. El 1 de septiembre, el secretario de Gobernación acudió a la sesión del Congreso General a entregar el último informe de la administración encabezada por Enrique Peña Nieto. Hasta 2006, el día más importante del Congreso era justamente cuando el presidente de la república asistía a rendir el informe del estado que guardaba su administración. Rodeado de solemnidad y arropado por la mayoría de su partido, la ceremonia transcurría sin incidentes, en medio de aplausos de sus correligionarios. Los cambios que relevaron al Presidente de esta obligación constitucional comenzaron a gestarse desde 1988, cuando las oposiciones de entonces, unidas en el Frente Democrático Nacional de Cuauhtémoc Cárdenas, alcanzaron un número relevante de curules, casi la mitad, de las diputaciones. Fue ocasión de la primera interpelación al Ejecutivo federal, precisamente realizada por el diputado Muñoz Ledo, quien hoy preside la Cámara de Diputados. En los años siguientes, el otrora solemne evento derivó en cuestionamientos agresivos, ingeniosos, irónicos, de todo hubo. Hasta que en el último informe de Vicente Fox, en el contexto del cuestionado resultado de la elección presidencial de 2006, el Ejecutivo no pudo entrar al recinto parlamentario; tuvo que quedarse en la antesala, donde dio cumplimiento a su obligación constitucional sin abordar la tribuna del pleno. El “Día del Presidente” hizo agua. Pero lo más importante fue que el ruido y la jeringonza desatada en torno al Informe hicieron irrelevante la función de fiscalización del Congreso sobre los actos del Ejecutivo. La Constitución fue reformada para eliminar la presencia física del presidente en las instalaciones del Congreso. Ahora el péndulo parece regresar a los tiempos de la presidencia omnímoda. Con una cómoda mayoría que lo arrope, ya se habla de que Andrés Manuel López Obrador habrá de acudir el próximo año al Congreso a rendir su primer informe. Pero mientras, la obligación a cumplir por los legisladores federales consiste en analizar a detalle los resultados de seis años de administración a punto de concluir. Si bien el Informe destaca logros y avances y sus opositores, deficiencias y vicios, es indispensable el análisis objetivo y sereno de los resultados alcanzados. Al fin y al cabo es la base desde la cual habrá de construir el próximo gobierno su propio proyecto. Si la mayoría de Morena desdeña o minimiza la función fiscalizadora, poco ayudará a consolidar avances o a corregir yerros. La tentación de “descubrir el hilo negro” es muy grande en la novel mayoría. Pero no sería útil para la sociedad. Incluso para destruir y anular, hay que saber de qué se trata. Nada peor que la ignorancia o el fanatismo para enfrentar los problemas del país, independientemente del partido que lo gobierne.

El domingo 9 de septiembre, el gobernador de Yucatán también rindió su postrer informe.

Al igual que el Ejecutivo federal, lo envió al Congreso del estado y después, desde el recién inaugurado Hospital Materno-Infantil, dio un detallado mensaje transmitido por los sistemas de radio y televisión y por internet. Lejos quedaron aquellos días de flores y flechas lanzadas al cielo en escenarios arqueológicos. La sobriedad de Zapata Bello se impuso durante toda su gestión, hasta el final de su mandato. “La forma es fondo”, diría el clásico.

Primer año. La LXII Legislatura del Congreso de Yucatán inició funciones el 1 de septiembre, al igual que los 106 ayuntamientos. Sus 25 integrantes pertenecen a siete partidos políticos, signo de los tiempos de pluralidad que se han prolongado en nuestra entidad.

Sin embargo, diez de ellos son del PRI, lo que le da a mi partido mayoría relativa y la presidencia de la Junta de Gobierno. El PAN, partido de Mauricio Vila, tiene seis legisladores y Morena, partido del presidente de la república, cuatro. A diferencia de otras partes del país, donde las mayorías opositoras al gobernador dominan el congreso local provocando enfrentamientos desde su misma instalación, en Yucatán la nueva realidad política se impuso sin estridencias ni descalificaciones. Hay y habrá debate, tal como quedó constancia en la primera sesión, en la que Seyé y las corridas de toros fueron protagonistas.

Esperemos que con la misma enjundia, los legisladores analicen el sexto informe de Rolando Zapata. Lo necesita el estado y lo merece el esfuerzo desplegado durante seis años.

Primeros pasos de los legisladores federales. Nueve yucatecos iniciamos como diputados (seis) y como senadores (tres). Cuatro somos del PRI; tres, del PAN y los dos restantes, del Verde. Tenemos, al igual que nuestros compañeros, la obligación constitucional de revisar con atención el último informe de Enrique Peña Nieto. Pero también decidimos dar un primer paso en el sentido de demostrar que la unión hará nuestra fuerza en las gestiones que tengamos que emprender para lograr el bienestar de Yucatán. Así, el jueves 6 pasado presentamos una proposición con punto de acuerdo para que la Comisión Reguladora de Energía revise las fórmulas y recalcule las tarifas de energía eléctrica para uso comercial e industrial en el estado.

Asimismo, exhortamos al Centro Nacional de Gas Natural para que impulse la construcción de la infraestructura necesaria para que haya suficiente abasto de este energético limpio y menos caro. Se antepuso el interés de Yucatán a la pertenencia partidista. Que así sigamos.— Mérida, Yucatán.

dulcesauri@gmail.com

Licenciada en Sociología por la Universidad Iberoamericana, con doctorado en Historia. Ex gobernadora del Estado y diputada federal del PRI

 

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