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Los traficantes de tierras y especuladores conocidos como la “mafia agraria”, que por años ha venido operando en Yucatán afectando a miles de familias, recibió un duro golpe por recientes resoluciones del Tribunal Unitario Agrario (TUA), que afectan su millonario e ilegal negocio, dando esperanza a las familias a quienes han afectado en su patrimonio.
Dicho Tribunal emitió dos acuerdos del Distrito 34, con sede en Mérida, relacionados con el ejido de Kanasín y el llamado Grupo Tabasco, que tuvo como una de sus cabezas visibles a José Manuel Saiz Pineda, quien fuera tesorero del gobierno tabasqueño y luego procesado judicialmente por peculado y otros ilícitos.
Una de las resoluciones, es la referente que declara nula la asamblea en que el ejido de Kanasín cedió tierras a Saiz Pineda y Antoni Israel de Guadalupe Osorio Loría, la cual ha quedado firme y ha causado ejecutoria. Los mencionados personajes vendieron los “derechos” a otra empresa, siempre al margen de la ley y fue transfiriendo la superficie en la que hoy están asentadas 7,500 familias, muchas de las cuales establecidas desde hace más de 40 años, y que no cuentan con títulos de propiedad debido al contubernio entre el ejido de Kanasín con empresarios y políticos.
Lo único que prueba la posesión de sus lotes son oficios firmados por anteriores directivas del comisariado ejidal.
La importancia de las sentencias del TUA es que, al declarar nula la asamblea en que se cedieron tierras a los empresarios ya citados, todas las operaciones siguientes a ese acto –incluyendo la venta y reventa de los terrenos a otros grupos empresariales– se desploman, es decir, ya no tienen efecto legal.
El segundo caso causó ejecutoria el lunes pasado y quedó archivado, luego de que transcurrió “en exceso el término para interponer medio de impugnación alguna”. El tribunal giró oficio al Registro Agrario Nacional (RAN) para que dé cumplimiento a los términos y cancele la inscripción anterior.
La sentencia correspondiente al expediente de 2013 aún no causa ejecutoria porque, según se averiguó, la parte demandada interpuso un recurso que está en desahogo.
Las sentencias echan por tierra el móvil de una operación por la cual el llamado Grupo Tabasco, según versiones públicas, pagó 6.5 millones de pesos al Comisariado Ejidal de Kanasín en 2010; no obstante, durante los juicios salió a la luz que en realidad el ejido recibió 17 millones de pesos por la cesión de más de 628 hectáreas.
Personas conocedoras del modus operandi de la mafia agraria incrustada en este sector, señalan que surgen empresarios o un grupo empresarial interesado en ciertas tierras, se acercan al comisariado ejidal y convencen a éste, con dinero, para que organice asambleas en las que se modifica el destino de grandes áreas de terreno.
De esta forma ya se pueden vender las tierras a particulares, que previamente son declarados “avecindados” o ejidatarios en procesos también amañados.
Este es el caso en los fraccionamientos Del Arco y Vista Alegre en la que afloró otra expresión de la mafia agraria que tiene en zozobra a cientos de vecinos que, como en el caso de Kanasín, habitan en sus propiedades desde hace muchos años.
En este último caso asoma la complicidad de especuladores y traficantes de tierras con empleados –algunos ya fuera del servicio público– del TUA, del Registro Agrario Nacional (RAN)y de la Procuraduría Agraria.
En un acuerdo sin precedente, el Tribunal Unitario Agrario con sede en Mérida exhibió numerosas irregularidades de ejidatarios de Chuburná, coludidos con personal de las mencionadas dependencias, para reclamar como suyas las tierras de esos fraccionamientos con el único propósito de exigir dinero a los colonos.
Con ese acuerdo, el Tribunal decidió agrupar en un solo paquete los 203 juicios a que se enfrentan los colonos, lo cual permitirá a éstos defenderse de un juicio basado en hechos evidenciados como ilegales.
En la audiencia inicial de ley comparecieron de nuevo las autoridades ejidales en turno y también estuvo presente Osorio Loría, con sus asesores jurídicos correspondientes.
Lizaola Hernández reclamó la posesión de poco más de 18 hectáreas y Zapata Medina hizo lo propio por una hectárea y 19 áreas. En ambos casos están dentro de la parcela 395 vendida al Grupo Tabasco.
Después de invocar preceptos legales y jurisprudencias, la magistrada Ochoa Muñoz también declara la nulidad de la asamblea ejidal de diciembre de 2010 únicamente en lo que se refiere a la parcela 395.
Por lo tanto, también se declaran nulos dos títulos de propiedad expedidos el 25 de septiembre de 2012 por la delegación del RAN a favor de Saiz Pineda y Osorio Loría, así como de todos los documentos que de ellos se deriven.
También se reconoce la posesión y titularidad de esas superficies a favor de los demandantes y se solicita al RAN que expida los certificados relativos.
Se hace hincapié en que, una vez que la sentencia cause ejecutoria, se deberá remitir copia certificada al Registro Público de la Propiedad para que haga las anotaciones correspondientes a la parcela 395.
Este acuerdo, como ya indicamos, aún no ha causado ejecutoria por un recurso que está en estudio.
Hace unas semanas, familias de Kanasín acudieron a la sede del tribunal para externar su apoyo a la magistrada Ochoa Muñoz en sus denuncias contra la operación de una mafia agraria en Yucatán.
