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Mirada antropológica
Rodrigo Llanes Salazar (*)
“Al momento de enterarme de que una fotografía personal e íntima era ahora de dominio público quise morir y me sentí más vulnerable que nunca”, escribió Ana Baquedano, estudiante de Psicología, en el Diario hace dos años (10-7-16).
En el artículo titulado “Yo soy más, vivo después de mi foto”, narra su experiencia como víctima de la “pornovenganza”: una foto que se había tomado a los 16 años y que había enviado a su entonces novio, fue publicada sin su consentimiento años atrás en “Yucatercos”, una página de internet que exhibía fotografías pornográficas de yucatecas y que era la punta del iceberg de toda una red de extorsión y pornografía infantil.
Para muchas jóvenes, no suele haber una buena vida después de la foto. Cuando alguna foto o video con contenido sexual son difundidos por WhatsApp, en redes sociales como Facebook y Twitter o en páginas de internet como Yucatercos, las consecuencias para ella suelen ser devastadoras: generalmente son consideradas unas “zorras” que “no se dan a respetar”; su cuerpo y su persona se vuelven motivo de morbo y/o de burla; son acosadas en la escuela y en internet; y pueden sufrir una profunda humillación, miedo y depresión que, en el peor de los casos, culmina en el suicidio.
Pero no tiene que ser así. Las consecuencias de la pornovenganza, o la difusión de textos, fotos o videos sin el consentimiento de la persona incluida en ellos, no tiene por qué ser el miedo, la humillación o la depresión. A partir del caso Yucatercos, Ana Baquedano emprendió una labor de activismo en la que ella ha hablado sin miedo sobre sexting y pornovenganza.
Las víctimas de pornovenganza “no tienen ningún tipo de representación”, me comenta Ana. Si bien en Yucatán hay activistas que luchan por los derechos de los niños, contra la violencia de género o por los derechos de la población LGBTTTIQ+, no hay quienes estén defendiendo los derechos de las víctimas de pornovenganza.
Ella ha decidido abrazar esa causa: ha emprendido campañas sobre el tema, impartiendo conferencias en secundarias, preparatorias y universidades, y, con la ayuda de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Yucatán, ha elaborado una iniciativa de ley para penalizar la pornovenganza, que ahora se encuentra en el Congreso local.
El “sexting”, la práctica de enviar textos, imágenes o videos sexualmente explícitos a través de teléfonos móviles y/o plataformas de internet (Hugh Curnutt, “Sexting”, 2017), se ha convertido en una práctica común en la vida de los jóvenes. Si bien las tecnologías de información y comunicación, como los teléfonos inteligentes y las tabletas electrónicas, permiten el envío instantáneo de textos, fotos y videos, algunos estudiosos del tema del sexting consideran que, en el fondo, la esencia de la práctica, el deseo de compartir tu sexualidad con otra persona, es una actividad tan antigua que se remite por lo menos a las cartas eróticas o a las imágenes sexuales tomadas con los daguerrotipos en el siglo XIX.
Como ha observado el profesor Andrew J. Harris, de la Universidad de Massachusetts Lowell, lo que llamamos “sexting” abarca en realidad un amplio espectro de conductas con motivaciones muy distintas: el coqueteo de “alta tecnología”, personas que envían fotos o videos porque buscan atención, intercambios consensados entre parejas, jóvenes que se toman fotos o videos en alguna fiesta, mujeres que lo hacen por presiones de sus parejas, personas que se ven obligadas a hacerlo por extorsión, o que simplemente lo deciden como una forma de expresión de su sexualidad (“The New York Times”, 27-3-11).
Así, el sexting es un conjunto de prácticas relacionadas con la expresión de la sexualidad que, cuando se realizan con el consentimiento de todas las personas implicadas, no tendrían por qué ser penalizadas. Lo que debe ser castigado es la pornovenganza o la difusión sin consentimiento.
De acuerdo con Ana Baquedano, en las conferencias que ha impartido en escuelas, en el marco de la estrategia de seguridad “Escudo Yucatán”, el tema suele provocar interés e incluso morbo. “Generalmente la gente que habla de estos temas son adultos, gente que nunca ha hecho sexting”, me comenta. Ella, en cambio, es una estudiante de poco más de veinte años que ha sido víctima de pornovenganza.
Para ella es fundamental distinguir entre el sexting y la pornovenganza. Algunas campañas sobre el tema buscan inhibir la práctica del sexting: concientizar a las y los jóvenes sobre las consecuencias de enviar textos, fotos y videos con contenido erótico o sexual. En ocasiones, esta perspectiva cae en una revictimización de las víctimas de pornovenganza: la culpa la tienen las personas que se tomaron la foto o el video, son ellas las que cometieron un error, por irresponsables, por baja autoestima o porque no se respetan a sí mismas. En cambio, ella defiende una perspectiva de no revictimizar; el sexting no tiene por qué ser un error, dice.
¿Cómo castigar la pornovenganza? Según Elisa D’Amico, una abogada especializada en privacidad y abuso de internet que ha trabajado en casos de pornovenganza, la ley “corre por detrás de la tecnología” (“Clarín”, 13-4-18). La difusión sin consentimiento de datos en redes sociales y otras plataformas digitales, ya sean sobre sexting u otros temas, representan un verdadero reto para legisladores y jueces. En los tribunales, los casos sobre pornovenganza han sido abordados desde diferentes enfoques, ya sea el de la pornografía infantil, la violación a derechos de autor, a derechos al honor y a la propia imagen, hostigamiento y/o acoso sexual o difusión ilícita de datos personales.
En México aún no existe una ley que tipifique como delito la pornovenganza. En 2016, senadores del PAN presentaron “una iniciativa para sancionar la pornovenganza con seis y hasta 12 meses en prisión y 500 días de multa, gracias a una reforma en el Código Penal Federal”. En la iniciativa, se tipifica la pornovenganza como un delito de hostigamiento sexual. Hasta abril de este año, el documento no había sido aprobado.
En Yucatán, la iniciativa de ley para penalizar la pornovenganza tiene un enfoque diferente. “La mejor oportunidad era pelear por derechos de autor”, me comenta Ana. En su experiencia, ella había tomado la foto y se la envió a su novio, quien la difundió sin su consentimiento. “Pero hay muchos otros casos donde las personas no se tomaron sus propias fotos”, agregó. Por lo tanto, abordar el tema desde el enfoque de derechos de autor no era del todo incluyente.
Por otra parte, tratar el problema como un asunto de pornografía infantil resultaba aún más complejo, e incluso desmotivador, pues las y los jóvenes que se tomaron fotos pueden considerar que ellos también cometieron un delito. Por lo tanto, con asesoría de la Secretaría General de Gobierno, con la Estrategia Escudo Yucatán y Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Yucatán, el tema se planteó en términos del derecho a la intimidad.
Así, la “Iniciativa para modificar el Código Penal del Estado de Yucatán, en materia de delitos contra la intimidad y la imagen”, propone la modificación de los contenidos del capítulo V del título decimoprimero del libro segundo del Código Penal estatal, así como las fracciones II y III del Artículo 243 Bis 2, la derogación de su fracción IV, la reforma de su último párrafo, así como la adición del capítulo denominado “Delitos contra la imagen personal” al título undécimo que contiene el Artículo 243 Bis 3.
La iniciativa de ley concibe a la pornovenganza como un “quebrantamiento del derecho a la intimidad derivado del sexteo como figura delictiva en contra de la intimidad e imagen personal, por lo que no se pretende prohibir o sancionar el sexteo en sí”. De ser aprobada la ley, Yucatán sería el primer estado en México en contar con una norma que penalice la pornovenganza.
Desde luego, las leyes no cambian inmediatamente la realidad. Resulta fundamental incluir los temas de sexting y pornovenganza en la educación sexual en las escuelas; los padres también deben de hablar al respecto con sus hijos; debemos ser conscientes de que prácticamente todo lo que compartimos por medio de internet es público.
Las campañas contra la pornovenganza deben evitar la revictimización y también erradicar muchas de las prácticas y discursos que reproducen la violencia de género. Finalmente, como afirma Ana, la respuesta no está en la tecnología, sino en los humanos: tenemos la responsabilidad de cuidar a los demás. Y también de decidir cómo enfrentar los efectos de nuestras acciones. “La foto tiene la importancia que tú le das”, me dice Ana. A diferencia de la vulnerabilidad referida al inicio del artículo, ahora siente que “nadie la puede amenazar”.— Mérida, Yucatán.
rodrigo.llanes.s@gmail.com
@RodLlanes
Investigador del Cephcis-UNAM
Fuente: Diario de Yucatán