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•Tras la aprobación del paquete de reformas a las leyes en materia electoral, se inició la cuenta regresiva para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo deseche
Mérida, Yucatán, a 2 de marzo de 2023.– El vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Luis Guillermo de San Denis Alvarado Díaz, dio a conocer que en Yucatán unos 40 ó 50 empleados del servicio profesional electoral se quedarían sin trabajo tras la publicación de las reformas a las leyes secundarias en materia electoral, conocido coloquialmente como “Plan B”, en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
«Si tomamos en cuanto lo que dicen los artículos transitorios de la ley, se habla que casi el 84% del servicio profesional electoral estaría retirándose y en el caso de Yucatán sería entre 40 y 50 empleados. Además, tiene que haber una reestructura necesariamente administrativa, determinadas desde nuestras oficinas centrales del INE, que tendrá que ser aprobada por el Consejo General en agosto», explicó.
El funcionario electoral señaló que ya comenzó una carrera contra el reloj para que las reformas sean desechadas por la Máxima Tribuna de la República. «Desafortunadamente, los legisladores la aprobaron sin discusión alguna. Esperamos que, entre tantas irregularidades, eso haga que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puedan suspender los efectos de esta ley y darles certeza a los ciudadanos para los próximos procesos Electorales», afirmó.
Sin embargo, el Consejo General del INE presentará la controversia constitucional como sucedió en diciembre pasado cuando se publicó en el DOF dicha reforma. Incluso, hay la posibilidad que cualquier trabajador del organismo electoral pueda poner, ya sea un juicio electoral o el amparo en contra de la aplicación de la ley, pues «impacta de manera directa en el trabajo que realizan quienes conforman un servicio electoral profesional de carrera».
De aplicarse el “Plan B”, abundó, las consecuencias económicas serían un pago de tres mil millones de pesos por concepto de liquidaciones para todo el personal, según cálculos del consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello. «Creemos que, en el caso particular de la ley, viola muchas normas constitucionales. En el Instituto, hay personal administrativo como servicio profesional electoral, con mucho conocimiento porque ya estábamos esperando que se hiciera esto (la aprobación de las reformas) de impugnar la ley».
La falta de profesionales electorales, traería otras consecuencias como la conducción y preparación de las elecciones. «Este fuerte impacto a la democracia, la certeza, los procesos y el profesionalismo… Y eso es lo que el ciudadano no debe permitir ni perder de vista, las cosas que realizábamos tenían una rigurosidad, vigilancia, seguimiento, había tiempo, había calidad y ahora nos están obligando hacer las cosas sin calidad, con prisas y mal hechas», concluyó.
