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Dulce Maria Sauri Riancho
Fuente: Diario de Yucatán
Tres acontecimientos de la semana pasada han puesto en el centro del debate público a los derechos humanos y la acción de la justicia.
Primero, Jesús Murillo Karam fue vinculado a proceso por los delitos de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia, todos ellos relacionados con los sucesos del 26 de septiembre de 2014, fecha en la que desaparecieron en la ciudad de Iguala 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos”, ubicada en Ayotzinapa.
Segundo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció que el próximo lunes 5 de septiembre procederá a discutir el proyecto de resolución de la acción de inconstitucionalidad sobre la prisión preventiva oficiosa, presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) todavía bajo la presidencia de Luis Raúl González Pérez y por un tercio de senadores, ambas en 2019. Tercero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos debatió el pasado 25 una resolución por la que condena al Estado mexicano a eliminar la prisión preventiva oficiosa, después de conocer el caso de dos personas sujetas a proceso por homicidio durante más de 19 años (17 de ellos en prisión) sin recibir sentencia definitiva.
El Informe de la Comisión para la Verdad de Ayotzinapa fue presentado el 18 de agosto pasado ante los medios de comunicación. En una primera aproximación poco aporta distinto a las versiones anteriores sobre estos trágicos acontecimientos, más que reconocer oficialmente que los estudiantes habían perdido la vida en los días inmediatos a su desaparición. Los actores materiales de la ejecución de estos graves hechos fueron en este último informe los mismos que en la investigación de la entonces PGR y en la propia presentada por la CNDH en 2018 .
Se muestran diferencias en cuanto a los lugares donde los jóvenes fueron ultimados, que descalifican al basurero de Cocula como el sitio único de su incineración. La perversa asociación entre los grupos delictivos de la región y las policías municipales fue refrendada. Sin embargo, tres hechos posteriores modificaron las condiciones del denominado “crimen de Estado”.
En primer término, el centro de la investigación que debió girar en torno a los autores de asesinatos y desapariciones fue desplazado hacia las autoridades que lo investigaron, concretamente en el ámbito federal, y a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) encabezada por Murillo Karam. Este giro de la acusación hacia la “omisión” —por no hacer— fue acompañado en el reciente Informe por un relato de confabulación para construir una “verdad histórica” que pretendió ocultar las verdaderas responsabilidades por parte de las autoridades federales (Policía Federal, Ejército y Marina, PGR, principalmente).
La “prueba” más fuerte de esa estrategia perversa descansa en una supuesta reunión de altas autoridades (supongo que incluye al presidente de la república Enrique Peña Nieto y a los entonces secretarios de Defensa Nacional y Marina, además de Gobernación), que, si sucedió, tal vez haya sido similar a las que sostiene el gabinete de Seguridad previas a las conferencias “mañaneras” del presidente López Obrador (por cierto, ¿sabremos algún día de la reunión de la mañana del 17 de octubre de 2019 en Palacio Nacional, cuando se debió revisar la operación para detener al hijo del Chapo Guzmán en Culiacán? ¿Será esta reunión la base para una acusación de omisión o incompetencia de las autoridades responsables, el próximo sexenio?).
El segundo acontecimiento en torno al Informe fue la detención del exprocurador Murillo Karam, con prisión preventiva justificada desde el miércoles pasado a pesar de sus 74 años y su delicado estado de salud. Tal pareciera que proceder contra su persona permitirá al presidente sobrellevar el quinto año de gobierno sin mostrar resultados tangibles.
Jesús Murillo no huyó, ni se amparó; fue detenido en la casa que vivió por años. ¿Víctima propiciatoria para ocultar las promesas incumplidas de inicio sexenal, cuando el subsecretario Encinas les aseguró a padres y madres de los jóvenes de Ayotzinapa que “vivos se los entregaría”? Giros del destino en su involuntaria ironía es que Jesús Murillo, senador, fue uno de los principales promotores de la gran reforma en materia de justicia penal en 2008, con el principio de presunción de inocencia en el centro del nuevo sistema.
El tercer hecho que, desde mi perspectiva, abre una nueva dimensión a la investigación de la tragedia de Iguala, es la inculpación del entonces coronel y hoy general José Rodríguez Pérez en el asesinato de seis estudiantes que, se presume, habían quedado vivos después de la matanza de la noche del 26 de septiembre.
Sobre esta grave imputación nada se dijo el día de la presentación del 18 pasado. Quizá la reacción decepcionada ante la falta de novedades en el esclarecimiento de los hechos de la noche de Iguala llevó a desvelar un aspecto del Informe, que pareciera hubieran querido soslayar, durante una “mañanera”.
La cadena de mandos en esta imputación alcanza al general de división Alejandro Saavedra Hernández, entonces jefe de la zona militar correspondiente a Guerrero y actual alto funcionario de la secretaría de la Defensa Nacional. Por el bien de las fuerzas armadas de México espero que estas graves acusaciones sean sólidamente sustentadas ante los tribunales por parte de la Fiscalía General de la República.
Siempre, pero hoy más que nunca, el prestigio de militares y marinos, su eficiencia y obediencia incondicional al comandante en jefe que es el presidente de la república, ha llevado a su participación en múltiples actividades de la administración pública, a grado tal que el presidente López Obrador se propone entregar a la institución de carácter civil creada para salvaguardar la seguridad pública, que es la Guardia Nacional, a la administración y mando del Ejército. Inconstitucional pero ahora, además, inconveniente y riesgosa ante las graves imputaciones de Iguala, es la maniobra política que se apresta a realizar el Ejecutivo federal al iniciar el actual periodo de sesiones del Congreso de la Unión al enviar un conjunto de iniciativas de ley para hacerlo posible.
La SCJN se apresta a discutir la pertinencia de declarar inconstitucional ¡a la misma Constitución! Desde 2011, las ratificaciones de las convenciones de Derechos Humanos realizadas por el Senado obligan al Estado mexicano a preservarlos en todas sus leyes, incluyendo la Máxima.
La presión del gobierno sobre la SCJN ha sido intensa. Hasta han tenido la osadía de anunciar que si se aprueba la eliminación de la prisión preventiva oficiosa ¡fracasará su estrategia de seguridad!
Por otra parte, el inicio de la discusión en la CIDH ha marcado la posibilidad inminente de declarar contraria a las convenciones interamericanas de derechos humanos a la figura del arraigo y a la de prisión preventiva oficiosa. En la discusión del próximo lunes conoceremos argumentos, convicciones y compromisos de ministras y ministros con la justicia y los derechos humanos…o con el habitante de Palacio Nacional. Estaremos pendientes.— Mérida, Yucatán
dulcesauri@gmail.com
Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Ex gobernadora de Yucatán