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El Congreso del Estado concluyó la revisión y fiscalización de las cuentas públicas de la pasada administración estatal y de las municipales, al aprobar los dictámenes con observaciones realizadas a los 11 Ayuntamientos del Estado, así como a las Secretarías de Salud (Sesa) y de Educación (SEQ), a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), VIP Servicios Aéreos Ejecutivos (Saesa), y a la Administración Portuaria Integral (API), por recursos financieros y obras no solventadas.
Los cinco entes públicos presentan en su totalidad 106 recomendaciones de control interno y 53 recomendaciones al desempeño, a cuatro de ellos se le emitieron 11 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y al otro se le hicieron llegar tres solicitudes de intervención del órgano de control.
En lo que se refiere a observaciones no solventadas, la Sesa tiene pendientes en materia financiera por tres millones 131 mil 155 pesos y 706 mil 52 pesos en obra pública; la Sesa registró recursos no solventados por 84 mil 936 pesos, CAPA tiene observaciones no solventadas por la cantidad de un millón 63 mil 227 pesos en materia financiera y 57 mil 915 en materia de obra pública.
La API tiene pendiente solventar la cantidad de 37 mil 468 pesos en materia financiera, mientras que VIP Saesa no pudo comprobar 28 millones 391 mil 984 pesos en este mismo rubro.
El diputado Emiliano Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, informó que la Auditoría Superior del Estado (ASE) presentó diversas denuncias contra ex funcionarios de los cinco entes públicos estatales.
La Sesa presentó un importe en proceso de denuncia por 332 millones 271 mil 781 pesos relacionados a adquisiciones no identificadas, servicios contratados no identificados, falta de mantenimiento e impermeabilización de hospitales en nueve municipios, simulación de adquisición de equipo e instrumental médico de diversos hospitales, compras falsas de material médico, falta de mantenimiento de equipos de aires acondicionados, techos, reparación de plantas y aguas residuales de hospitales, entre otros de los hospitales.
La CAPA tiene una denuncia contra ocho ex funcionarios por un importe de 506 millones 914 mil 400 pesos correspondientes a un préstamo a largo plazo, que se volvió una deuda que la paraestatal tiene que pagar; el dinero llegó, pero inmediatamente fue transferido a las cuentas de la Sefiplan, constituyendo un presunto desvío de recursos.
En VIP Saesa existe una denuncia en contra de 10 ex funcionarios por 619 millones 813 mil 710 pesos por el arrendamiento de dos aeronaves, cuya contratación del servicio fue adjudicada directamente sin alguna justificación.
En el caso de las cuentas públicas de 2016 de los Ayuntamientos, se determinó que ocho de ellos presentaron importes financieros y de obras públicas por solventar por la cantidad de 183 millones 772 mil 393 pesos, de los cuales 124 millones 723 mil 81 pesos corresponden a recursos financieros no solventados y 59 millones 49 mil 311 pesos se refieren a obra pública no solventada.
De manera detallada, el Ayuntamiento de Benito Juárez tiene 73 millones 237 mil 103 pesos por solventar en materia financiera y 717 mil 550 pesos en materia de obra pública; Felipe Carrillo Puerto tiene observaciones por 140 mil 292 pesos en materia de obra pública; Isla Mujeres, por 442 mil 881 pesos pendientes por solventar en obra pública; José María Morelos, en materia financiera la cantidad de un millón 76 mil 706 pesos; Othón P. Blanco, la cantidad de 48 millones 493 mil 681 pesos.
El Ayuntamiento de Solidaridad tiene observaciones en materia de obra pública no solventada por 57 millones 630 mil 77 pesos; el de Tulum tiene pendiente 54 mil 789 pesos en materia de obra pública y en materia financiera un millón 915 mil 589 pesos. Mientras que el Ayuntamiento de Bacalar tiene pendientes por solventar 63 mil 720 pesos en materia de obra pública.
De acuerdo con los informes avalados por el Pleno, todos los Ayuntamientos recibieron recomendaciones de control interno, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, solicitudes de intervención del órgano de control y recomendaciones derivadas de las auditorías al desempeño.
La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta informó que la ASE presentó diversas denuncias contra ex funcionarios públicos de los Ayuntamientos de Cozumel, dos ex funcionarios denunciados; Felipe Carrillo Puerto, seis ex funcionarios; Isla Mujeres, cinco ex funcionarios; Lázaro Cárdenas, cuatro ex funcionarios; Solidaridad, siete ex funcionarios; Tulum, cinco ex funcionarios, y Puerto Morelos, cinco ex funcionarios denunciados.
Con relación al informe de la Auditoría Casuística y concreta a los ingresos del municipio de Benito Juárez, únicamente se pudo obtener información del ejercicio fiscal 2016 derivado del resolutivo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la controversia constitucional 112/2017, promovida por el propio Ayuntamiento.
En el informe presentado por la ASE se establece que la gestión financiera de recursos municipales no se ajustó totalmente a la legalidad y se determinaron presuntos daños y perjuicios en el patrimonio, por las observaciones no solventadas siguientes: Observaciones de gestión financiera por un importe de 218 millones 806 mil 456 pesos, observaciones de omisión de registros contables patrimoniales por la cantidad de mil 480 millones 17 mil 874 pesos, y observaciones por contribuciones no cobradas en los términos de las disposiciones fiscales por un importe de 125 millones 628 mil 583 pesos.
A ello se agrega que en la Sesión Ordinaria número 28, el Pleno de la XV Legislatura aprobó los dictámenes de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2016, elaborados por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, en los que se detectaron estas anomalías que ya fueron denunciadas por la ASE para el caso del Poder Ejecutivo.
En lo que concierne a la cuenta pública 2016 del Poder Judicial, la ASE realizó observaciones en materia financiera por presuntos daños y perjuicios al patrimonio por un importe de 27 millones 340 mil 265 pesos, y en materia de obra pública por un importe de un millón 819 mil 252 pesos.
En la cuenta pública 2016 del Poder Ejecutivo se detectaron presuntos daños y perjuicios al patrimonio en materia financiera por un importe de 305 millones 766 mil 498 pesos, mientras que en materia de obra pública se detectaron presuntos daños y perjuicios al patrimonio por un importe de 47 mil 227 pesos.
