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•El organismo autónomo considera que el decreto aprobado por el Congreso del Estado pone en riesgo el derecho a la legalidad y seguridad jurídica, al principio de división de poderes y de independencia judicial
Mérida, Yucatán, a 1 de abril de 2024.– Por considerar inconstitucional el proyecto de proyecto de reforma a la Constitución Política Estatal y a la Ley Orgánica del Poder Judicial Local para que los integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado del Estado de Yucatán (TSJEY), la CODHEY promovió un mecanismo de control constitucional local en contra del proyecto aprobado por mayoría en el Congreso del Estado.
Hoy lunes, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) promovió un mecanismo de control constitucional local en contra del proyecto que aprobaron por mayoría los legisladores del PAN, PRI, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y dos integrantes de la bancada de Morena.
En un comunicado, se informó que la Codhey actuó en pleno ejercicio de su autonomía constitucional y por considerar de interés social que en Yucatán deben prevalecer los derechos humanos, el estado de derecho y el equilibrio entre las relaciones de los poderes públicos.
El mecanismo, denominado Control Previo de Constitucionalidad, tiene por propósito obtener la suspensión oficiosa del procedimiento legislativo, para frenar la publicación del decreto impugnado, y posteriormente que el Tribunal Constitucional Local se pronuncie sobre el fondo del asunto, es decir, la inconstitucionalidad del mismo, por considerar que el decreto aprobado por el Congreso del Estado adolece de vicios graves de inconstitucionalidad que ponen en riesgo el derecho a la legalidad y seguridad jurídica, al principio de división de poderes y de independencia judicial, tal y como lo manifestaron las diputadas Gabriela González y Fabiola Loeza Novelo, de Movimiento Ciudadano y Morena respectivamente, y el legislador perredista Eduardo Sobrino Sierra en la sesión del pasado 28 de marzo.
En la CODHEY, se informó, “estaremos pendientes que se garantice la protección de los derechos humanos y lo no regresividad de los mismos, y coadyuvaremos para el fortalecimiento de las instituciones en nuestra entidad, desde una perspectiva de prevalencia del estado de derecho que fortalece nuestra democracia y sistema Federal”.
El mecanismo fue presentado ante el propio Tribunal Superior de Justicia, por ser la máxima autoridad judicial del Estado y conoce de este tipo de asuntos, implica una revisión previa sobre la probable inconstitucionalidad del decreto aprobado por el pleno del Congreso, hasta antes de que cobre vida jurídica, es decir, antes de su publicación.
