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De acuerdo a los señalamientos de la diputada de Morena, Yazmín Villanueva Moo, el problema por el que los ejidatarios de Chocholá protestaron en Palacio de Gobierno, es un claro caso de violencia política, y acusó a la Procuraduría Agraria de destituir sin motivo alguno a la comisaria Claudia Cob Durán.
El problema de los ejidatarios de Chocholá se presentó en la Tribuna del Congreso del Estado, donde los legisladores pidieron intervención de autoridades federales y estatales en este conflicto.
“El pasado 12 de marzo se efectuaron dos asambleas ejidales en dicho municipio, una en la que se ratificó a la comisaria, y otra en la que la Procuraduría Agraria la destituyó del cargo, en un proceso unilateral y orquestado por su delegado, Omar Corzo Olán”, señaló la legisladora.
Asimismo, afirmó que este proceso es para beneficio de una empresa que busca hacerse de varias hectáreas de terreno para la edificación de una cementera, situación que ha causado que los ejidatarios levanten la voz, pues también en febrero pasado se plantaron a las puertas de la dependencia federal, para exigir el cese de las acciones y pidió al gobernador Rolando Zapata Bello, intervenir para resolver estas irregularidades, pues se violentan los derechos humanos de la comisaria como la de los ejidatarios de Chocholá.
Coincidiendo con lo señalado por Yazmín Villanueva, la diputada panista Beatriz Zavala Peniche, recalcó que el asunto en cuestión es el “daño” en contra de la comisaria, Claudia Cob, pues afirmó que no es la primera vez que ocurre un caso de este tipo.
“En su momento, denuncié una agresión similar ocurrida en Conkal, cuyo caso no ha sido analizado por la Fiscalía General del Estado. No estamos poniendo en cuestión el tema ejidal, sino la violación a los derechos de una mujer, por lo que vale la pena que las autoridades estatales y federales tomen cartas en el asunto”, aseveró.
A su vez, el diputado del PRI Jesús Quintal Ic señaló que este caso ya es analizado por la Procuraduría Agraria por lo que consideró innecesaria la participación del gobierno estatal, ya que dicha instancia federal ha ofrecido solucionar los conflictos en Chocholá, en beneficio de los ejidatarios.
