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Dulce María Sauri Riancho *
Fuente: Diario de Yucatán
Relato del porvenir
Dos son los pilares que orientan las políticas y los proyectos del gobierno del presidente López Obrador.
Uno es la concentración del poder en la figura presidencial que él representa por seis años. El segundo consiste en la centralización de las decisiones y las políticas públicas en el gobierno federal.
Esta estrategia concentradora y centralizadora del poder político tiene que cambiar en la próxima administración. Las razones son claras: no es sostenible porque descansa en una persona con nombre y apellido, que concluye su mandato el 1º de octubre de 2024. Imagínense por un momento, amig@s lector@s, que alguna de las “corcholatas” lopezobradorista ganara la presidencia de la república. ¿Podría repetir comportamientos, actitudes y conductas del actual mandatario? La respuesta es un categórico No.
En estos tres años asistimos cotidianamente a los intentos de revertir una de las más importantes estrategias para el avance de la democracia en el país. Respetar la división de poderes y reconocer la importancia de la independencia del Judicial y del contrapeso del Legislativo, sin avasallar ni condenar a la irrelevancia a las minorías, costó muchos años y esfuerzos de dos generaciones, por lo menos, entre 1968 y 2018.
Surgieron los órganos constitucionales autónomos (OCA), como una manera de garantizar la aplicación de las normas en materia de competencia, de acceso a la información, estadísticas, así como la regulación sobre determinaciones de carácter administrativo como han sido los casos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Comisión Nacional de Hidrocarburos, entre otros.
Fue en 1994 —abril— cuando el Banco de México adquirió el rango de autonomía que le ha permitido contribuir significativamente a la estabilidad económica del país. Y años después, en 1999, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), conformada en 1990, también fue declarada como constitucionalmente autónoma.
Los OCA han resultado incómodos a los distintos gobiernos, en buena medida porque ejercen su independencia, de acuerdo con el mandato constitucional. Pero ninguno ha sido más cuestionado que el Instituto Nacional Electoral (INE).
Baste seguir las notas periodísticas desde 1996, año de su plena ciudadanización, para registrar que todos los partidos políticos —y también los gobiernos— en alguna etapa han manifestado inconformidad e incluso rechazo a sus determinaciones. Concentrar nuevamente el poder en la figura presidencial requiere de desdibujar, colonizar o avasallar al INE.
Lo mismo podemos decir de los otros OCA, pues sus integrantes —incluso en los órganos colegiados— son propuestas presidenciales, aprobadas por el Senado por una mayoría de 50% más uno (65, si están tod@s presentes). Sin embargo, la evolución constitucional de los OCA llevó a que en la reforma de 2014 se establecieran mecanismos para integrar las ternas de las y los comisionados de la Comisión de Competencia Económica (COFECE) y del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (IFETEL).
El presidente propone, sí, pero de entre un grupo previamente seleccionados por expert@s, no entre sus cuates o incondicionales. Tal vez por esa razón el presidente López Obrador no ha enviado su propuesta, dejando “mochos” a los consejos de estos dos órganos, que han tenido que funcionar sin la totalidad de sus integrantes.
El INE se salva porque los relevos en su Consejo General sólo corren a cargo de la Cámara de Diputados, que deberá escoger entre quintetas elaboradas por un comité de siete expertos, tal como pudimos atestiguar en el complejo proceso de 2020, cuando se eligieron 4 nuev@s consejer@s.
Concentrar el poder también requiere de eliminar cualquier fuente posible de acción distinta a los actos de gobierno. Por esa razón, el primer acuerdo emitido por el presidente López Obrador fue para prohibir cualquier relación de carácter administrativo entre el gobierno federal y las organizaciones de la sociedad. Miles de ONG se quedaron sin un financiamiento que ellas multiplicaban para atender necesidades y grupos vulnerables que las acciones gubernamentales no alcanzaban a satisfacer. Cualquier organización social (académica, de investigación, de servicios) se concibe como enemiga a arrinconar y si es posible, destruir, si éstas ejercen alguna función crítica.
En el proceso electoral de 2018 hubo una disyuntiva en la estrategia del futuro presidente. El perfil del candidato de Morena mostraba rasgos de retorno a la concentración en la figura presidencial. Incluso, la confusión interesada entre Ejecutivo y Estado permitieron obtener apoyos de quienes consideraban a la corrupción del gobierno saliente el principal origen de los problemas nacionales.
Por el contrario, avanzar en democracia exigía el fortalecimiento del Estado y de sus instituciones, abriendo cauce simultáneamente a la sociedad civil. Un Estado moderno para una sociedad moderna.
Centralizar la toma de decisiones tiene dos aspectos: por un lado, que sólo el gobierno federal defina y ejecute políticas y programas, bajo el pretexto de la incapacidad y la corrupción de los gobiernos locales, tanto estatales como municipales. Por otro, la parte más oscura radica en que todas las determinaciones son tomadas exclusivamente por el presidente de la república, por lo que las y los integrantes del gabinete tienen escasa o nula posibilidad de incidir sobre sus responsabilidades. Quizá haya algunas excepciones, como Marcelo Ebrard en Relaciones Exteriores.
Luego nos extrañamos de los tropiezos gubernamentales en cuestiones básicas como el abasto de medicamentos o la ejecución de obras, con los consiguientes retrasos.
Concentrar el poder y centralizar la administración como estrategia personal del presidente López Obrador lo ha llevado a involucrar a las Fuerzas Armadas permanentes (Ejército, Fuerza Aérea, Marina) en todo tipo de actividades de construcción, distribución de medicamentos, aduanas y puertos, libros de texto, vacunas, etc. Con su proverbial disciplina, las y los militares subsanan las deficiencias de las instituciones civiles que su Comandante Supremo, el presidente, les ordena.
La alternativa hacia el 2024 obliga a revisar la estrategia desarrollada por el presidente de la república que ha dañado seriamente la vida institucional del país. Después de él no debe haber diluvio, sino una reconsideración que permita recuperar el rumbo hacia una sociedad más fuerte y un Estado con la legitimidad y capacidades para lograr el crecimiento armónico y la sociedad del bienestar que demandamos.— Mérida, Yucatán.
dulcesauri@gmail.com
Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán