miércoles , 23 junio 2021
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Cabal salud del fuero | Los juicios políticos

Dulce Ma. Sauri*

COLUMNAS

Fuente: SemMéxico

SemMéxico, Cd. de México, 5 de mayo 2021.- “El Presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar” —Art. 61 constitucional “Al gobernador de Tamaulipas se le quitó el fuero”. “El diputado no fue detenido porque tenía fuero”.

La semana pasada las noticias legislativas estuvieron dominadas por el interés en los juicios de procedencia para poner a disposición de las fiscalías a dos diputados, un senador, al fiscal de Morelos y al primer mandatario tamaulipeco.

El desconcierto estuvo alimentado porque en numerosas ocasiones el presidente López Obrador hizo referencia a su iniciativa para “eliminar” el fuero de las y los servidores públicos, incluyendo al propio titular del Ejecutivo federal. Pese a los dichos presidenciales, el “fuero” subsiste.

En su andar legislativo, en dos ocasiones la reforma constitucional fue y vino de una cámara a otra, hasta que finalmente quedó expresada en la disposición: “Durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana”. (Art. 108, segundo párrafo).

El aplauso presidencial por esta modificación que permite acusar de cualquier delito impidió comprender que acusar no es lo mismo que procesar. En realidad, el fuero o inmunidad “goza de cabal salud” en la legislación mexicana. Me explico:

Existen dos tipos de acusaciones hacia las y los servidores públicos durante el tiempo de su encargo. Una es el Juicio Político, que se presenta cuando alguno de ellos en ejercicio de sus funciones incurre en actos u omisiones que redunden en daños al interés público. En este caso, si procede, hay un doble castigo: la destitución de su puesto y la inhabilitación por determinado número de años para desempeñarse en cualquier puesto de la administración pública.

Como su denominación indica, el Juicio Político es esencialmente eso: político. A lo largo de los años, muchas solicitudes se han presentado — tantas que hubo necesidad de instalar una subcomisión de Examen Previo para estudiarlas— pero muy pocas han procedido, pues antes de Rosario Robles (2020) habría que remontarse a 1926, cuando el gobernador de Jalisco, José Guadalupe Zuno (futuro suegro del Lic. Luis Echeverría) fue destituido de su cargo.

No sucede así con lo que se conoce como Declaración o Juicio de Procedencia, que es iniciado generalmente por una instancia de procuración de justicia —Fiscalía General de la República (FGR), fiscalías de los estados— con el propósito de levantar la inmunidad procesal de la o el servidor público y ponerlo a disposición de los juzgados y tribunales penales.

Esta legislatura ha registrado varias solicitudes para “levantar” el fuero. En abril de 2019, un diputado federal fue acusado de homicidio involuntario al haberse involucrado en un accidente de tránsito donde perdió la vida una persona. Aplicado el procedimiento, pasó al pleno donde por amplia mayoría se le despojó de la protección constitucional.

A finales de este año comenzaron a acumularse solicitudes: un senador, acusado por la Fiscalía de Chihuahua; un diputado federal cuyo desafuero es demandado por la Fiscalía General de Ciudad de México; el fiscal de Morelos, acusado por la FGR de diversos delitos; el gobernador de Tamaulipas, a solicitud de la misma FGR y en fecha muy reciente, la solicitud de la Fiscalía de la CDMX para poder procesar al diputado federal acusado de violación de menores.

De los cinco procesos en marcha, dos fueron resueltos el último día de sesiones del periodo ordinario. El dictamen de la Instructora presentado a consideración del pleno fue en el sentido de proceder a levantar la inmunidad constitucional del gobernador de Tamaulipas, al considerar que existían en el expediente presentado por la FGR elementos suficientes para imputarle responsabilidad en ilícitos de carácter fiscal. Hubo 302 votos a favor del desafuero; 134, en contra y 14 abstenciones, incluyendo un legislador de Morena. En lo personal, mi voto fue en contra por considerar que no se habían cumplido las etapas procesales y se habían desestimado sin evaluación pertinente las pruebas presentadas por la defensa.

Lo relevante de este caso es que nunca antes, un juicio de procedencia había culminado con el desafuero de un gobernador. Lo más cercano fue el proceso contra el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, hoy presidente de la república, en 2005.

Entonces, la Asamblea Legislativa desconoció la determinación del pleno con los mismos argumentos que hoy lo hace el Congreso de Tamaulipas. Es que el párrafo quinto del artículo 111 constitucional señala un tratamiento especial para las y los funcionarios de los estados, al especificar que “en este supuesto (la aprobación, DMSR), la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda”.

Existe una ambigüedad en esta consideración que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendría que resolver, si se presentara una controversia constitucional al respecto. Por lo pronto, el Congreso tamaulipeco ya “blindó” a su gobernador. No quiero imaginarme lo que podría suceder si la FGR intenta ejecutar una “orden de aprehensión” de Francisco García Cabeza de Vaca en el territorio que todavía gobierna. El otro proceso revisado en el pleno de la Cámara, las acusaciones contra el senador de Chihuahua fueron desechadas por la Instructora y su dictamen, avalado por la mayoría de Morena. Por cierto, el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal continuó en funciones después de haber sido desaforado.

Finalmente, la entonces Procuraduría General de la República retiró su acusación de haber violado un amparo, después de un periodo de turbulencias que, sin duda, abonaron a su popularidad. López Obrador sólo se separó de su cargo al iniciar la campaña presidencial de 2006.

En atención al espacio, abordaré en fecha posterior el tema del fuero presidencial que no solamente subsiste, sino que ha sido reforzado con un procedimiento de excepción, distinto al que se sigue para todos los altos funcionarios de la federación. Hoy por hoy, el fuero goza de cabal salud. — Ciudad de México.

*Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

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