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•Este organismo descentralizado del IEPAC brindará atención y acompañamiento a todas aquellas personas que sufran violencia política en razón de género
Mérida, Yucatán, a 29 de julio de 2023.– Integrantes de la Agenda de Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (AMISY) solicitaron al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPAC) que designé un presupuesto para la Defensoría Pública de los Derechos Políticos de las Mujeres.
-Hicimos el compromiso de acompañar al IEPAC para que haya el presupuesto necesario para que esa Defensoría trabaje. No te puedo decir: “Te doy más chamba”, y no hay presupuesto. Los programas electorales, el equipo para que esa defensoría funcione bien, se requiere de un presupuesto –señaló María Eugenia Núñez Zapata, coordinadora estatal de AMISY.
Este organismo, creado por unanimidad por el Congreso del Estado el pasado 24 de junio, brindará atención y acompañamiento a todas aquellas personas que sufran violencia política en razón de género; contará con abogadas expertas en materia electoral, capacitadas con perspectiva de género y derechos humanos, y muy importante, que sean abogadas mayahablantes.
La defensoría es un un órgano desconcentrado del Iepac, con autonomía técnica y de gestión, cuyo objetivo es otorgar gratuitamente servicios de defensa y asesoría en materia electoral, a petición de parte, a las personas que pertenezcan a grupos en situación de discriminación o desventaja histórica, así como a otras que lo justifiquen al solicitar el servicio.
La propuesta surgió de una petición de Amisy al INE, cuando lo presidió Lorenzo Córdova Vianello, tras lo sucedido con Xóchitl Flor de Lis Delgado Caballero y Blanca Carolina Vázquez Bacab, ex síndicas municipales de Kanasín y Maní respectivamente, quienes fueron víctimas de violencia política en razón de género.
-Los abogados expertos en materia electoral, en su mayoría, trabajan en los partidos políticos; no hay despachos particulares encargados para ese tipo de casos. Por eso planteamos a la diputada Vida Gómez Herrera (MC), con quien trabajamos la “Ley 3 de 3”, que se cree una defensoría jurídica para las mujeres –expuso la activista Núñez Zapata.
Las activistas también solicitaron a los consejeros electorales, que el Instituto sea garante de que la “Ley 3 de 3” se cumpla, es decir, negarle las candidaturas a quienes hayan cometido violencia política en razón de género, sean deudores alimentarios o sean acosadores sexuales, por mencionar algunos casos.
