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Por: SemMéxico
- No existen ni local ni federal, medidas específicas para protección para juezas o actuarias o funcionarias
- Urgen medidas de protección desde lo más obvio: México Evalúa
Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 19 de enero, 2024.- Las mujeres que se desempeñan en la procuración de justicia, como juezas y actuarias, se enfrentan a agresiones que van de las amenazas a ellas y a sus hijas e hijos, insultos por su condición de mujer hasta la agresión física que puede llegar incluso a la violación, de acuerdo al reporte de una encuesta realizada por “México Evalúa”.
Lo más preocupante es la normalización de la violencia en general y de la de género, en particular. Destaca, que, a nivel nacional, tanto en el ámbito local como federal, no exista un solo poder judicial que desarrolle medidas específicas para sus funcionarias.
“México Evalúa” considera que el personal judicial requiere que se asegure un marco básico de protección a la integridad personal, de acuerdo en un Estado de Derecho.
Destaca que aunque en la mayoría de las entidades sus órganos de mayor jerarquía aún no están ocupados paritariamente, gran parte de los cargos judiciales si son ejercidos por funcionarias.
A diferencia de los hombres, para los que las agresiones se centran en lo físico, en el caso de las mujeres las agresiones físicas van acompañadas de expresiones denigrantes, insultos y amenazas principalmente de índole sexual.
Las juzgadoras y, sobre todo, las actuarias salen a la calle a ejercer su labor, día a día.
En particular, las actuarias llegan a ser acosadas por las partes o por las propias personas de la zona en la que hacen sus notificaciones o diligencias. Este riesgo aumenta en regiones donde hay presencia de grupos criminales como en Guerrero y Morelos, por ejemplo. En estas zonas los actos de acoso pueden darse por parte de “halcones”: las personas que fungen como espías de grupos del crimen organizado.
Por ejemplo, a una actuaria, que vestía una falda durante una diligencia, le dijeron: “A la próxima, envíen a la ejecutora y no a una ‘puta’”. En otra situación, en pleno proceso de un desalojo, algunas personas desnudaron a una funcionaria antes de intentar lincharla.
En otro caso, la persona agresora obligó a la funcionaria a entrar a su domicilio, la golpeó, le quitó su teléfono y abusó sexualmente de ella. Otro relato describe cómo una actuaria, junto con la parte actora, fue detenida por elementos de la policía comunitaria cuando iba a realizar una notificación, pero a ella, además, la intentaron acariciar con sus armas.
La información recabada mediante encuestas y entrevistas a personas actuarias y juzgadoras de 19 entidades del país forma parte de un estudio del programa de Transparencia en la Justicia de “México Evalúa”. Revela que existen actos de agresión y/o amenaza contra el personal juzgador que afectan de manera más desproporcionada a las mujeres que a los hombres.
A nivel local, el 57 por ciento del personal actuario y notificador, y el 43% del juzgador –juezas y magistradas– es mujer. A nivel federal, según el directorio del Consejo de la Judicatura Federal, el porcentaje de actuarias es del 44% y el de juzgadoras –juezas y magistradas– del 28 por ciento.
De acuerdo a las estadísticas hombres y mujeres actuarias están expuestos al mismo tipo de riesgos, pero el modo en que se expresan para cada grupo es distinto. En el caso de los jueces y magistrados, las agresiones apuntan más a la afectación física y patrimonial.
Los ataques hacia las mujeres juezas y magistradas tienden a generar una afectación de carácter más psicológico, y apuntan a vulnerar aspectos que estereotípicamente se consideran más preciados para las mujeres: la familia y la integridad moral.
A las mujeres las amedrentan con dañar a sus hijas e hijos. A una actuaria le dijeron que iban a desaparecer a su hija, de quien sabían que tenía cierta condición de vulnerabilidad. A otra actuaria embarazada la encerraron en una papelería, junto con el abogado de una de las partes y un policía. Además de encerrarla, le dedicaron burlas relacionadas con su embarazo. A otra funcionaria federal le quemaron su casa, con sus hijos dentro.
La imagen de la mujer no se percibe como autoridad
La encuesta revela que culturalmente la imagen de la mujer aún no está totalmente asociada a la representación de autoridad. Otro elemento que llega a establecer una diferencia en la manera como se presentan los actos en contra de la integridad de las mujeres es el de la percepción de vulnerabilidad.
Hay personal que considera que esta percepción puede jugar a favor o en contra. A favor, porque funge como un factor de contención de la agresión, y en contra, porque exacerba desigualdades, sobre todo de carácter físico, que ponen en desventaja a las mujeres. “Piensan que con ellas sí van a poder”, como nos lo definió un funcionario.
Una jueza comentó que un defensor de oficio le preguntó varias veces si no tenía miedo de que la balearan por haber resuelto de la forma en que lo hizo. Desde la perspectiva de la jueza, el defensor no se hubiera atrevido a hacer el comentario (sobre todo en el tono en el que lo hizo) si ella hubiera sido un hombre
Normalización de la violencia
Preocupa la normalización de la violencia en general y de la de género en particular, ya que hay personal judicial que no reconoce la violencia y ven las amenazas y las agresiones a su integridad como condiciones de trabajo que deben aceptar, si quieren continuar en el cargo.
Una actuaria que, como medida de seguridad, compartió su ubicación en un chat de colegas, recibió un comentario de un compañero en el sentido de que no se preocupara porque en el lugar donde estaba “sólo se llevaban a las jovencitas y no a las cincuentonas”.
Estas agresiones se expresan también en medios de comunicación y redes sociales y, a decir de juezas en Campeche y Sonora, se dirigen en mayor medida a las mujeres que a los hombres, con señalamientos enfocados a cuestionar su experiencia y conocimientos para el desempeño del cargo.
En la encuesta se advierte que los resultados de esta encuesta no son representativos del total del personal de los poderes judiciales que participaron en el ejercicio. Se realizaron 50 entrevistas: siete a personas funcionarias encargadas de la seguridad de poderes judiciales, una a un representante de un sindicato de personas trabajadoras del poder judicial, tres a representantes de asociaciones de personas juzgadoras y 39 a personal jurisdiccional víctima de algún tipo de agresión y/o amenaza. De éstas últimas el 54% fue mujer.
Los poderes judiciales locales que aceptaron enviar la encuesta en línea a su personal fueron los siguientes y el número de personas que respondieron la encuesta en cada uno de ellos aparece entre paréntesis: Baja California (116), Baja California Sur (23), Sonora (83), Coahuila (10), Nuevo León (74), Tamaulipas (7), Guanajuato (217), Jalisco (25), Michoacán (116), Querétaro (56), Zacatecas (16), Estado de México (394), Hidalgo (11), Morelos (59), Puebla (5), Campeche (141), Guerrero (25), Oaxaca (35), Yucatán (70). El 42% de las personas que respondieron la encuesta fueron hombres y el 58 por ciento mujeres.
Medidas de protección desde lo más obvio
“México Evalúa” precisa que se requieren estrategias y medidas de protección desde una perspectiva de género, incluso desde lo más obvio. Refiere que a las juzgadoras federales se les brindan chalecos antibalas iguales a las de los hombres, los cuales resultan inutilizables porque no dejan espacio para los senos.
Se debe reconocer las condiciones de desigualdad y de vulnerabilidad en las que las actuarias y juzgadoras desarrollan su labor, lo que permitirá identificar las medidas que son realmente efectivas. Es importante que en el diseño se atienda lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en particular en lo que respecta a la violencia física y psicológica.
Recuerda que todos los poderes judiciales cuentan con una Unidad de Género que, en principio, tendría que estar involucrada en el diseño y desarrollo de las medidas de protección dirigidas a las funcionarias judiciales. Tales unidades debieran recabar información sobre las necesidades de las mujeres y sus propuestas para que estas sean adecuadas.
Algunos ejemplos de acciones concretas con esta perspectiva: que el servicio de escoltas para las funcionarias siempre contemple la presencia de personal femenino, el otorgamiento de chalecos antibalas para mujeres o el acompañamiento durante las diligencias.
