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Por:SemMéxico
Redacción*
SemMéxico, Ciudad de México, 5 de abril, 2024.-En este siglo XXI pletórico de retos, la democracia participativa exige no sólo la emisión del voto, sino también la legitimidad y la participación igualitaria de las mujeres.
La reforma político-electoral de 2014 impulsada por el Presidente Enrique Peña Nieto, hizo suya la demanda de millones de mujeres y creó un sólido marco jurídico con leyes generales de partidos, de instituciones y procedimientos electorales que sustentan la paridad, un progreso de extraordinario valor con el que muy pocos países cuentan, progreso que debemos aprovechar al máximo.
La reforma acelera el proceso para fortalecer la participación paritaria de mujeres y hombres en los espacios de representación política, que desde luego incluye a las mujeres indígenas, quienes gracias a la modificación del Artículo 2° Constitucional Presentación tienen frente a sí la oportunidad de participar directamente en las decisiones sobre el rumbo de sus comunidades.
Es necesario enfatizar que la paridad no es una cuota de representatividad política, sino un principio esencial que debe transformar la vida del país para establecer contextos igualitarios en todos los órdenes. Necesitamos una redistribución de responsabilidades entre mujeres y hombres porque, si bien somos biológicamente diferentes, somos social, política, económica y culturalmente iguales y, por ello, tenemos los mismos derechos.
La igualdad de trato y de oportunidades en materia política debe verse reflejada en un rotundo incremento de mujeres en los espacios de decisión, entre ellos y de manera destacada, en los cargos de representación popular.
La Agenda 2015 – publicada por Inmujeres- rindió homenaje a las pioneras del sufragio femenino en México durante el siglo XX, a quienes abrieron el camino de las mujeres en la política. Son las precursoras cuyos valores profesionales, éticos y laicos iniciaron el largo proceso de ciudadanización femenina contribuyendo con su participación política y partidista, social y militante, a la democracia nacional y al buen gobierno.
Ellas, nuestras ancestras, construyeron el andamiaje jurídico de la ansiada ciudadanía femenina, todavía incompleta, e impactaron con su quehacer las condiciones políticas, sociales y culturales que permitieron llegar a la paridad política de la que hoy gozamos.
¿Cómo llegaron a dirigir municipios desde los años treinta? ¿Qué hicieron? ¿Cuál es su huella? La indagación para este homenaje resultó fascinante. Reveló perfiles democráticos y el compromiso de muchas con la justicia social, que las llevó a abrir hospitales, a crear escuelas mixtas y escuelas para mujeres; a impulsar el progreso con la construcción de caminos, con la defensa de las tierras y el levantamiento de los primeros censos. A estas mujeres, entre quienes no faltó alguna que cargó pistola para gobernar, también les correspondió en muchos casos ser pioneras en las artes y las ciencias.
Desde sus curules, las primeras legisladoras pusieron los cimientos de la promoción y defensa de los derechos humanos, modernizando las relaciones en el matrimonio. A ellas debemos las leyes del divorcio, los primeros pasos para detener la violencia contra las mujeres, la promoción de familias democráticas, la defensa de las trabajadoras, y cómo usar la “a” en la vida cotidiana para nombrar a las mujeres y sus profesiones, actividades y oficios, fundamento del cambio cultural que necesitamos para vivir iguales y libres.
Sin la participación de centenares de mujeres a lo largo de este proceso de apropiación de espacios de toma de decisiones, un proceso no exento de obstáculos, resistencias e incomprensiones, no habría democracia.
La investigación constata que las mexicanas no han cesado de horadar en el enmarañado mundo de la política, resignificando el voto universal, comprometidas con nuestros derechos y en cuya causa acumularon méritos y realizaciones.
Sacarlas del anonimato en el que las ha sumido la historia, las posiciona como valiosos ejemplos de participación y vocación democrática. Muchas de ellas permanecen invisibles y otras fueron definitivamente olvidadas; hacerlas presentes fue nuestro propósito.
Su búsqueda llevó la investigación a los archivos de municipios, de cámaras legislativas locales y del Congreso de la Unión; también a textos elaborados por los municipios sobre sus personajes ilustres, a bibliotecas de dependencias oficiales, al Archivo General de la Nación y a testimonios de familiares y cronistas.
Con todo y todo, apenas conseguimos nombrarlas, dar detalles milimétricos de su militancia, de su lucha por hacer efectivos los derechos políticos de las mujeres. Este trabajo, pues, es el primer paso de una investigación mucho más profunda que debe continuar para valorar en su justa medida el múltiple universo de presencias y voces de mujeres que innegablemente han enriquecido la política mexicana.
La Constitución nos excluyó
26 de enero de 1917 el Congreso Constituyente de Querétaro, en su 63ª sesión, con 166 votos a favor y 2 en contra, aprueba el texto del Artículo 34 Constitucional, que excluye a las mujeres de participar políticamente
12 de febrero de 1947 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al Artículo 115 de la Constitución, que otorga el derecho a las mujeres de votar y ser elegidas en comicios municipales.
Obreras y campesinas sus congresos
Los tres congresos de obreras y campesinas realizados entre 1931 y 1934 constituyen, de algún modo, la continuidad de los congresos realizados en la década anterior, cuando se fundaron las primeras organizaciones de carácter feminista, que entre sus demandas incorporaron el derecho de las mujeres a la ciudadanía política, petición que ampliarían las nuevas agrupaciones de mujeres en la década de 1930.
En general, los tres congresos son reflejo del clima político de la época, así como de las relaciones de las activistas con el Partido Nacional Revolucionario (PNR) donde militaban y, además, pugnaban por lograr espacios políticos al interior y el reconocimiento de sus demandas específicas.
También en los tres congresos está presente el debate sobre la doble militancia y la formación de organizaciones autónomas.
Un punto destacado en la agenda fue el derecho al sufragio femenino que contó con la aprobación unánime de las asistentes. El Primer Congreso de Obreras y Campesinas se realizó en la Ciudad de México del 1 al 5 de octubre de 1931; el segundo se inauguró el 25 de noviembre de 1933 y el tercero tuvo su sede en Guadalajara, Jalisco, y se llevó a cabo del 13 al 16 de septiembre de 1934.
Los tres tuvieron delegaciones de mujeres de organizaciones sociales, políticas y feministas de varios estados de la República, quienes demandaron la creación de fuentes de trabajo, apoyo a las madres solteras, “castigo para los esposos que golpean a sus mujeres” y facilidad para los trámites de divorcio, entre otros puntos.
En los congresos se produjo una agria polémica entre las militantes del PNR y las comunistas, motivada por la propuesta de María Ríos Cárdenas y Florinda Lazos León (PNR) de crear la Confederación Femenil Mexicana “completamente desligada de los hombres”; mientras Concha Michel, Refugio “Cuca” García y Consuelo Uranga, del Partido Comunista Mexicano, se mostraron contrarias a esa propuesta que consideraron “separatista”.
Las comunistas estaban convencidas de que las mujeres deberían actuar políticamente en colaboración con los hombres porque “la labor de convencimiento de la mujer debe hacerse dentro de los sindicatos mixtos”.
Los ecos de esta polémica continuarían en el tiempo. Estos tres congresos lograron una importante movilización nacional que permitió sentar las bases para la construcción del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que daría paso a la mayor organización conocida hasta hoy. Mujeres de más de 800 núcleos, especialmente de maestras en toda la República en los años treinta, consiguieron construir una agenda de reivindicaciones vigente hasta nuestros días.
30 de marzo de 1936 el Partido Nacional Revolucionario (PNR) lanzó en el estado de Veracruz las candidaturas para diputadas locales de María Tinoco, como propietaria, y Enriqueta Limón de Pulgarón, como suplente; sin embargo, su registro no fue aceptado por el Departamento Electoral Nacional, ya que la Ley Electoral no incluía ningún capítulo sobre las mujeres.
El voto municipal
El voto municipal 1947 El fracaso del Frente Único pro Derechos de la Mujer (FUPDM) significó un alto en el camino. La sucesión presidencial, de Lázaro Cárdenas a Ávila Camacho, frente a la amenaza de la Segunda Guerra Mundial, no ofrecía oportunidades al sufragio femenino.
Sin embargo, en la década de los cuarenta surgen tres nuevas organizaciones de mujeres: el Comité Coordinador para la Defensa de la Patria que aglutinó a una minoría de las integrantes del Frente; el Bloque Nacional Revolucionario creado por las feministas radicales, y por último, las secciones femeninas del Partido de la Revolución Mexicana (PRM).
El Comité, encabezado por la profesora Efraína Rocha, muy cercana al gobierno, realizó labores por la paz y contra la guerra.
El Bloque, bajo la guía de Estela Jiménez Esponda, trató de mantener el programa original del Frente, así como la lucha por el sufragio femenino. Una de sus integrantes, doña Esther Chapa Tijerina, considerada la más persistente luchadora de izquierda en pro del sufragio femenino, envió durante 22 años, al inicio de cada periodo legislativo, una carta a los diputados solicitando el derecho al voto para las mujeres.
Margarita Robles Mendoza, por su parte, se presentaba con frecuencia en las escalinatas del edificio legislativo de Donceles, portando en pecho y espalda carteles que exigían el sufragio universal femenino.
En 1941 surgió el Comité Interamericano de Mujeres Pro-Democracia encabezado por Amalia González Caballero de Castillo Ledón, quien se perfiló como abanderada del sufragio para las mujeres, así como de la creación de un Departamento Autónomo de la Mujer y el Servicio Civil Femenino de Defensa.
La presencia de Amalia González Caballero de Castillo Ledón en el Comité Interamericano, la participación de las integrantes del Ateneo de Mujeres, además de iniciativas internacionales fueron la plataforma para que en 1945 un grupo de mujeres comprometiera al candidato presidencial Miguel Alemán Valdés a enviar una iniciativa al Congreso.
El 27 de julio de 1945, en un mitin realizado en la Arena México con la presencia de unas 5 mil mujeres organizadas de todos los sectores e ideologías, el candidato se manifestó en favor de la incorporación de las mujeres a la vida pública. En diciembre de 1946, el presidente electo, a unos días de tomar posesión, envió al Congreso la iniciativa para modificar la fracción I del Artículo 115 Constitucional que permitía la participación política de las mujeres en el ámbito municipal.
La reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 17 de febrero de 1947. Fue el primer paso. Las mujeres comenzaron a intervenir activamente en la vida política de los municipios; se nombró a las dos primeras delegadas políticas en el Distrito Federal y las primeras magistradas, funcionarias públicas y embajadoras. De ahí surgió la Alianza Nacional Femenina. El sufragio universal sería el siguiente paso.
Los partidos y las mujeres
El 5 de abril de 1936 el Partido Nacional Revolucionario (PNR) permitió que las mujeres militantes votaran para las nominaciones partidistas al Congreso, las legislaturas estatales y las gubernaturas.
El PAN en Asamblea Nacional decidió formar su Sección Femenina, y el 6 de noviembre de 1939 la Sra. Amelia Sodi fue electa como su primera Presidenta Nacional.
El 18 de enero de 1946, cuando el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) cambió su nombre por el de Partido Revolucionario Institucional (PRI), estableció en sus documentos constitutivos que fortalecería la participación femenina.
Primera Diputada Federal
Aurora Jiménez Quevedo de Palacios (Tecuala, Nayarit, 1926-1958) Un triunfo electoral contundente convirtió a Aurora Jiménez Quevedo de Palacios en la primera mujer en arribar a la Cámara de Diputados Federal por el recién creado estado de Baja California en 1954, sólo ocho meses después de haberse aprobado el sufragio femenino en el país.
El 4 de julio de ese año, con 28 años de edad, Aurora ganó las elecciones extraordinarias con la sorpresiva cantidad de 35 mil votos. El 7 de septiembre subió la escalinata de la sede de la Cámara de Diputados ubicada en el antiguo Teatro Iturbide en el Distrito Federal, donde la esperaban diputados federales, periodistas y políticos quienes tenían una gran expectativa de conocer a la primera mujer que ocuparía una curul.
Con su triunfo se rompió la hegemonía masculina en el Poder Legislativo Federal. Aurora era la esperanza de aquello que señalaba la Constitución de Baja California: “Ojalá que este nuevo campo que se abre al sector femenino no quebrante la paz de los hogares y que el concurso de la mujer en cuestiones políticas ayude a depurar las faltas hasta hoy conocidas y a realizar una mejor selección de los funcionarios por medio del voto popular”.
Aurora Palacios estudió la licenciatura en derecho en la Universidad de Guadalajara. A los 21 años llegó a residir a Mexicali al contraer matrimonio. Fue parlamentaria del Instituto Mexicano del Seguro Social en 1944, docente de preparatoria en Mexicali e impulsó la creación de la Universidad de Baja California y de Sinaloa. Su carrera se vio truncada prematuramente, pues falleció el 15 de abril de 1958 en un accidente aéreo, siendo regidora de Mexicali.
El voto universal
Por fin, el 17 de octubre de 1953, con la publicación del decreto que modificó el Artículo 34 de la Constitución, terminó el proceso de 127 años desde que las mexicanas demandaron participar en la actividad pública, es decir, acceder a los puestos de elección popular y de toma de decisiones.
Ahora podían elegir y ser electas. Desde febrero de 1947, cuando se decretó la participación política de las mujeres en el ámbito municipal, continuaron el camino hacia el sufragio universal, ahora con la creación de un nuevo frente: la Alianza de Mujeres de México.
La Alianza se fundó con el impulso de diversos liderazgos dentro y fuera del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de negociaciones con las más radicales y feministas, con las intelectuales y escritoras, con los sectores priistas obrero, campesino y popular, con la fuerza de mujeres de la élite política, con la perseverancia de algunas del antiguo Bloque Revolucionario, incluso con las comunistas.
Las más constantes en este propósito fueron Amalia González Caballero de Castillo Ledón y Esther Chapa, quienes durante cinco años enviaron la petición de modificar la Constitución, sin conseguir su objetivo.
La Mesa Directiva de la Alianza de Mujeres de México (AMM) estuvo dirigida por Amalia González Caballero de Castillo Ledón, Aurora Fernández, María Lavalle Urbina, María Teresa Muro, María Gregoria Noguera, María Luisa Ocampo, Margarita Rodríguez Aguilar, Dalina Salgado y Justina Vasconcelos de Bergés;
27 militantes y dirigentes fueron responsables de ocho comisiones. Se sumaron a la AMM 29 organizaciones de todos sectores del país. Un día de marzo de 1952, las dirigentes del AMM junto con Margarita García Flores, dirigente femenil del PRI, visitaron a Adolfo Ruiz Cortines, quien llevaba cuatro meses en campaña.
Los candidatos opositores desde febrero de ese año se habían pronunciado por otorgar plenos derechos a las mujeres. Vicente Lombardo Toledano, candidato del Partido Comunista, difundió su célebre catilinaria: “Sin mujeres no hay democracia”. Miguel Henríquez Guzmán de la Federación de Partidos del Pueblo de México ofreció el voto femenino. El candidato Ruiz Cortines propuso la fecha para llevarlo a cabo: el 6 de abril de 1952. 40 años después, Margarita García Flores recordaría que ante esa premura, en dos o tres semanas debían convocar a las mujeres.
Según documentos del archivo de Amalia González Caballero de Castillo Ledón, se incluyó a todas las organizaciones femeniles del PRI, a 70 organizaciones de base, a unas 500 mujeres independientes. La asamblea estaba lista: 20 mil mujeres acudieron al Parque Deportivo 18 de Marzo. En el mitin, Ruiz Cortines, recordó Esther Talamante, llevaba dos discursos. Optó por el positivo. Enviaría la iniciativa. El Presidente tomó posesión el primero de diciembre de 1953 y el 9 del mismo mes la iniciativa ya se discutía en el Congreso. La discusión fue larga y sinuosa. Finalmente, fue publicada el 17 de octubre de 1953.
Primera vez que todas votaron
3 de julio de 1955 las mujeres acuden a las urnas por primera vez en una elección federal para emitir su voto y elegir diputados federales para la XLIII Legislatura (1955-1958). Son electas como diputadas: Margarita García Flores (Nuevo León), Remedios Albertina Ezeta (Estado de México), Guadalupe Urzúa Flores (Jalisco) y Marcelina Galindo Arce (Chiapas)
Fuente: Agenda de las mujeres, 2015 publicada por el Instituto Nacional de las Mujeres en diciembre de 2014.
