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Martha Tagle
Fuente: El Sol de México
Mérida, 10 de septiembre de 2026.- Dicen que amor que no se refleja en la cartera no es amor; en la vida pública, derecho que no se traduce en presupuesto corre el riesgo de quedarse solamente en el discurso. El 8 de septiembre, cuando esta columna esté circulando, Hacienda entregará por la tarde el Paquete Económico 2027.
Ahí veremos dónde está el amor al pueblo y qué lugar ocupan realmente sus derechos. También comenzará la verdadera glosa del Segundo Informe, porque el presupuesto revela para qué y para quién se ejerce el poder. No basta con distribuir recursos: hay que saber si éstos construyen instituciones y servicios que garanticen derechos o si, presentados como beneficios concedidos por el gobierno, se utilizan para generar dependencia y clientelas políticas.
El Informe destacó aumentos salariales, menor pobreza laboral, programas sociales y hospitales. Hay avances, pero rendir cuentas exige mirar lo que falta. Cuando los apoyos se personalizan como dádivas o sustituyen políticas estructurales, el presupuesto deja intactas las causas de la desigualdad y puede convertirse en instrumento electoral.
La presidenta informó que 2 millones 873 mil mujeres de 60 a 64 años reciben la Pensión Mujeres Bienestar como reconocimiento a una vida de trabajo y cuidados. Es necesaria, pero no resuelve la desigualdad. Las mujeres llegan a esa edad con menores salarios y pensiones, menos patrimonio y seguridad social, peor salud, más responsabilidades familiares y, muchas veces, después de enfrentar violencias.
Estas desventajas se acumulan durante toda la vida por la división sexual del trabajo, la discriminación y los cuidados desiguales. Una transferencia alivia sus consecuencias, pero no transforma las condiciones que las producen.
Los datos lo muestran. La participación laboral femenina fue de 45.9%, frente a 74.1% de los hombres en el segundo trimestre de 2026. Menos de tres de cada diez nuevos empleos formales fueron para mujeres. Ellas destinan 40 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado; los hombres, 19. Esto limita ingresos, autonomía económica y participación pública.
La agenda pendiente está en la vida cotidiana: infancias que necesitan escuelas seguras; jóvenes sin lugar en la universidad y acceso a una educación que les dote de herramientas para enfrentar los retos del presente; salud accesible; apoyos para la autonomía de las personas con discapacidad.
El Presupuesto 2026 creó el Anexo 31, “Consolidación de una Sociedad de Cuidados”, con 466 mil 675 millones de pesos. Fue un avance, pero más de 80% se concentra en la beca Rita Cetina, servicios de salud del IMSS y la pensión para personas adultas mayores. No son recursos adicionales ni constituyen un sistema integral. El Anexo 13 para la igualdad alcanzó 599 mil 145 millones, pero 86% se concentró en Bienestar, Educación e IMSS; la Secretaría de las Mujeres recibió apenas 0.4%.
Becas, pensiones y transferencias son indispensables, pero no sustituyen guarderías, estancias, centros de día, servicios comunitarios, apoyos para la vida independiente, licencias ni medidas de respiro. Tampoco redistribuyen los cuidados entre Estado, mercado, comunidades, familias, mujeres y hombres.
Es previsible que el nuevo paquete vuelva a exhibir grandes cifras sin una reforma fiscal progresiva ni recursos suficientes para construir ese sistema. El presupuesto demostrará qué está dispuesto a hacer. Ahí sabremos si las personas y sus derechos están en el centro o solo en el discurso.