Misoginia en 8 años de AVGM

Soledad Jarquín Edgar

Fuente: Las Caracolas

Oaxaca, 26 de junio de 2026.- El 30 de agosto se cumplen ocho años desde que la desaparecida Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres decretara la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en 40 municipios de los 570 que conforman Oaxaca.

La alerta, contenida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencias fue creada para establecer acciones emergentes, ejecutadas por los tres niveles y los tres órdenes de gobierno, de forma temporal, en un territorio determinado, con la finalidad de enfrentar y erradicar la violencia feminicida y garantizar a las mujeres, adolescentes y niñas el pleno ejercicio de su derecho a una vida libre de violencias.

Lo evidente no se puede ocultar. Ni la federación, ni las entidades federativas, como Oaxaca, ni los municipios alertados hicieron lo estrictamente posible y necesario para que la violencia feminicida mostrara un cambio real y profundo en estos ocho años. A ciencia cierta lo afirmo: no hubo acción concreta, sostenida ni permanente (al menos de forma temporal) que redujera la violencia contra las mujeres, ni tampoco generaron las condiciones y políticas públicas que disminuyeran esa violencia feminicida, como se establece en el artículo 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencias.

Lo cotidiano es que los asesinatos violentos contra mujeres, evidentemente misóginos, siguen ocurriendo, el efecto demoledor no es atendido por ninguna institución pública y la impunidad, orquestada desde las fiscalías y los tribunales, es el resultado.

Es difícil de creer, pero en el sexenio de la primera presidenta de México, es decir, de Claudia Sheinbaum Pardo, las estadísticas muestran que los feminicidios disminuyen, aunque la realidad tiene otros datos.

Desde agosto de 2018 hasta el 14 de agosto de 2026 han ocurrido, entre el gobierno del entonces priista, ahora senador de Morena, Alejandro Murat Hinojosa, y el morenista Salomón Jara Cruz, 837 asesinatos violentos de mujeres en el estado de Oaxaca y un número no determinado de sobrevivientes.

Yo no tengo duda, los directamente responsables de esta tragedia son los gobernadores tendrían que tomar al toro por los cuernos. No es su incapacidad, es su misoginia lo que impide cumplir con lo que la ley les mandata y como no lo hicieron dieron pie a la hoy célebre marca que hoy también identifica a la entidad: Oaxaca feminicida.

En su papel, las diputadas de la Comisión Permanente de Mujeres e Igualdad de Género propusieron un exhorto que fue aprobado en la sesión ordinaria del pasado martes. Con esa acción le piden cuentas al eslabón más débil, los 40 municipios, y eximen de la atención pública al jefe de jefes: don Salomón Jara. Cito un ejemplo concreto.

El gobernador de Oaxaca premió a dos ex munícipes de Juchitán de Zaragoza, municipio recurrente entre los cien más violentos del país por violencia feminicida. Me refiero a Gloria Sánchez López y Emilio Montero Pérez, una como legisladora local y luego federal y el otro como funcionario público estatal.

Y sí, hay que alarmarse y no acostumbrarse, hay que hacer algo y no sólo decir que se hace algo, aunque sea poquito, la responsabilidad de los gobiernos es dar resultados. El derecho de las mujeres es vivir libres de violencia machista.

Las cifras del gobierno federal, del Sistema Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ubicó a Oaxaca en el lugar número 11 en el periodo de enero a julio de este año, por el porcentaje de feminicidios ocurridos, aun con la rasurada que le ponen desde la instancia que reporta al Secretariado Nacional.

El Informe de Violencia contra las Mujeres del primer semestre del año, señala que en Oaxaca se cometieron 12 feminicidios. El problema es que hay otros datos. Las organizaciones, por ejemplo, Consorcio Oaxaca y GesMujer Rosario Castellanos han sistematizado la violencia feminicida desde hace años basadas en la información hemerográfica.

Consorcio Oaxaca reporta 52 asesinatos violentos en 2026, en tanto que GesMujer Rosario Castellanos plantea que son 47. En todo caso, el reporte que tiene el informe del Secretariado Ejecutivo determina como feminicidios únicamente el 23 y 25.5 por ciento, respectivamente.

Por eso llama la atención el exhorto del Congreso de Oaxaca para que las y los 40 presidentes municipales -donde la medida urgente y temporal sobrevive después de ocho años porque la violencia feminicida persiste- informen qué han hecho en esas demarcaciones con las medidas impuestas, incluyendo la gestión de los recursos financieros, humanos y materiales. Respuestas que deben ser verificables. ¿Cuándo tendrán que responder? No se sabe, solo que ya entró en vigor la solicitud de información.

Lo que sí admiten las diputadas de esa comisión legislativa es que las acciones no se han cumplido a cabalidad en estos ocho años, aunque todo indica que solo en el caso de los 40 municipios.

Porque mientras a unos les piden datos verificables, las diputadas morenitas de la Comisión, no tienen reparo alguno al señalar que el gobierno estatal, a través de la Secretaría de las Mujeres ha desplegado diversas acciones dirigidas a fortalecer las capacidades institucionales de los municipios, mejorar la atención de las mujeres en situación de violencia y avanzar en el cumplimiento de las medidas derivadas de la Declaratoria.

Ver para creer. El avance que observan las diputadas les parece aceptable, pero, no lo es. Las legisladoras refieren dos acciones de la Secretaría de las Mujeres (de Oaxaca), sin medir su efectividad, eso sí queda claro que se avanza a paso de tortuga. Uno de ellos son, hasta 2025, son 252 puntos de resguardo temporal, 44.2 % del total de municipios; así como 316 capacitaciones, si estas se aplicaron por municipio, entonces habrían estado en el 55.4 % del total de ayuntamientos.

Alejandro Murat cerró su sexenio con 718 asesinatos violentos de mujeres, de los cuales 501 ocurrieron después de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres ocurrida en agosto de 2018; en tanto, el morenista Jara Cruz, suma 336 (dato de GesMujer) o 348 (de acuerdo con Consorcio Oaxaca) asesinatos violentos. Repito la instrucción es que la mayoría de esos asesinatos sean tipificados como homicidios calificados, homicidios culposos o suicidios. Se trata de borrar las huellas de la violencia machista y reducir la acusación académica y científica que señala que el feminicidio es un crimen de Estado o un crimen político como señaló Marcela Lagarde y de los Ríos.

La feminista Norma Reyes Terán ha dicho que en tanto los municipios no cuenten con dinero, será difícil que hagan algo y ya lo van a comprobar las diputadas cuando un día de estos tengan en sus manos los informes. Reyes Terán propone que en el Ramo 33 -directo a los municipios- debería existir un fondo de aportaciones para atender la violencia feminicida, con reglas clara de operación para evitar que el dinero se desvíe o se lo embolsen y, sobre todo, con sanciones a los funcionarios corruptos, algo que hasta hoy no existe.

Por SOLJAR