miércoles , 26 agosto 2026

¿Basta con sustituir a Rubén Rocha Moya?

Dulce María Sauri Riancho (*)

Fuente: Diario de Yucatán

En Sinaloa hay poderes. La cuestión es si pueden.

Mérida, 26 de agosto, 2026.- “Rocha fue imprudente”. Expresión con la cual la presidenta Sheinbaum calificó la conducta del gobernador de Sinaloa. Pero ¿qué es prudencia, conducta prudente, desde la perspectiva presidencial? Ensayo unas respuestas.

Prudencia sería permanecer guardado en su natal Badiraguato, con la promesa-compromiso de protección a su persona y sus intereses. Su contraprestación sería el silencio, sacrificio menor frente a las iras del vecino del norte que lo reclama.

Prudencia hubiera sido entender que su principal aportación al morenismo sería dejar de intervenir en los asuntos políticos de la entidad. Darle espacio a la secretaria general de Gobierno para que pudiera, al menos en la forma, desempeñar su papel de gobernadora interina.

Rubén Rocha no fue prudente. Decidió dar por concluida su licencia mediante una carta y un tuit. Llegó a restablecer las cosas como estaban.

La presidenta se dijo no informada de su determinación. El mismo asombro expresaron Gobernación y la dirigencia de Morena. Con fórmula del viejo estilo: fue una decisión de “carácter personal”.

Cierre de filas

Solo que el regreso duró poco. Después del desconcierto inicial vino el cierre de filas del oficialismo alrededor de la presidenta. Real o cosmético, fue suficiente para provocar una segunda licencia.

Y aquí las palabras importan. Entre “indefinida” y “definitiva” media un océano de posibilidades.

Una licencia indefinida puede durar 40 días, seis meses o prolongarse prácticamente hasta el final del mandato. Pero sigue siendo temporal. Mientras conserve ese carácter, Rocha mantiene jurídicamente la posibilidad de regresar a la gubernatura. No es una hipótesis: acaba de hacerlo.

Una licencia definitiva sería otra cosa. Significaría cerrar la puerta. Rocha declinaría, por voluntad propia y sin posibilidad de retorno, volver a ejercer el gobierno.

La diferencia es fundamental porque Sinaloa ya ensayó durante más de tres meses la primera fórmula. La secretaria general de Gobierno quedó al frente del Ejecutivo. ¿Qué cambió en la estructura política del estado?

Rocha regresó y, en cuestión de horas, diputados y magistrados volvieron a girar alrededor de su persona.

Mismo bloque políticos

La licencia no desmontó la estructura política que construyó y con la que gobernó. La mayoría legislativa pertenece al mismo bloque político; figuras relevantes han transitado entre los poderes. El regreso del gobernador mostró la continuidad de sus relaciones con el Congreso y el Supremo Tribunal.

La licencia indefinida administra la crisis. Y deja en manos del propio Rocha decidir cuánto dura esa administración.

Existe una salida intermedia: su separación definitiva. En ese caso, correspondería al Congreso local designar a quien concluya el periodo. Desaparecería el riesgo de otro regreso y Sinaloa llegaría así a las elecciones de 2027.

Pero ¿quién elegiría al sustituto? El mismo Congreso cuya mayoría pertenece al bloque político que ha acompañado al gobernador.

¿Basta con sustituir a Rocha o hay que reconstruir el poder en Sinaloa?

Poder es sustantivo y es verbo. Designa instituciones, pero también la capacidad de decidir y hacer cumplir las decisiones.

En Sinaloa hay poderes. La cuestión es si pueden.

Formalmente existen Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pero ¿pueden actuar con autonomía suficiente frente a las alianzas e intereses que configuraron la presente crisis? ¿Puede el Congreso producir una solución que trascienda al grupo gobernante? ¿Puede la sustitución de una sola persona modificar una estructura política que permaneció intacta durante su ausencia?

Queda la desaparición de poderes.

Es la más poderosa arma jurídica de que dispone el régimen político mexicano para enfrentar una crisis extrema en una entidad federativa. Fue utilizada 66 veces en nuestra historia; la última, en Hidalgo, en 1975. Su ley reglamentaria nació de la Reforma Política iniciada en 1977. No es, por tanto, una reliquia del viejo presidencialismo sin reglas, sino una figura constitucional extraordinaria que sobrevivió a la apertura democrática precisamente porque fue reglamentada.

Poderes desaparecidos

El Senado determina si se han configurado las causas para declarar desaparecidos los poderes. De ser así, designa un gobernador

provisional a partir de una terna propuesta por la Presidencia de la República.

No se sustituye solamente al gobernador: desaparecen Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

El provisional debe convocar a elecciones de gobernador y Congreso y designar provisionalmente a los magistrados del Tribunal Superior. Tiene hasta tres meses para convocar y las elecciones deben realizarse dentro de los seis meses siguientes.

El número mágico es 9. Nueve meses.

Y el calendario ofrece una circunstancia excepcional. Sinaloa tendrá en junio de 2027 elecciones para renovar gobernador y Congreso. Una elección derivada de la desaparición de poderes sería extraordinaria por su origen, pero podría confluir con la renovación ordinaria que de cualquier manera corresponde al estado. El/la nuev@ gobernador@ constitucional iniciará su mandato el 1 de noviembre.

La excepcionalidad tendría así una fecha de salida: devolver la decisión a los sinaloenses.

En estos días volvió a invocarse la desaparición de poderes. En junio de 2021, Morena y sus aliados la exigían para Tamaulipas, cuyo Congreso había rechazado el desafuero de su gobernador. En 2026 es Sinaloa y quienes la demandan son partidos opositores a Morena.

Mal haría la presidenta Sheinbaum en desecharla solo porque la proponen sus adversarios. También se equivocaría si la considerara simplemente porque resuelve un problema político. La desaparición de poderes es una medida extrema. La cuestión es si la situación de Sinaloa también lo es.

Porque detrás de estas discusiones sobre licencias, artículos constitucionales, mayorías legislativas y candidaturas hay una sociedad que vive otra realidad.

Cambio de vida

Desde el 25 de julio de 2024, cuando Ismael “El Mayo” Zambada fue secuestrado y entregado a las autoridades estadounidenses, la violencia cambió la vida cotidiana de miles de sinaloenses. Familias que modifican horarios y recorridos; comercios que bajan cortinas; jóvenes cuya noche termina antes de comenzar; padres pendientes del teléfono hasta que regresan sus hijos. La violencia no necesita presentarse todos los días en la puerta de una casa para gobernar su vida. Basta el miedo.

También están quienes han perdido familiares, patrimonio, negocios, empleos o simplemente aquella normalidad que solo se aprecia cuando desaparece. Para ellos, “licencia indefinida” no es una categoría constitucional. Es la prolongación de una incertidumbre que el poder político no ha podido terminar.

Recuperar la certeza

Han pasado gobiernos en funciones y gobernadores con licencia; operativos, anuncios, reuniones y estrategias. Pero el ciudadano común necesita algo mucho más elemental: recuperar la certeza de que quien manda es el Estado y no quienes tienen las armas.

Ahí adquiere otra dimensión nuestra pregunta.

¿Basta con sustituir a Rocha o hay que reconstruir el poder en Sinaloa?

Si el problema es solamente el gobernador, que se vaya definitivamente y que el Congreso designe a su sustituto.

Si el problema alcanza a la capacidad efectiva de los poderes constitucionales para gobernar con autonomía frente a las redes políticas y los fuertes intereses vinculados al crimen organizado, entonces hay que considerar la tercera alternativa.

¿Es un riesgo la desaparición de poderes? Por supuesto. Pero también lo es prolongar indefinidamente una solución que no resuelve la crisis, sino que la administra.

Más vale una colorada —la desaparición de poderes— que diez descoloridas disfrazadas de licencias indefinidas.

Sinaloa no necesita otra pausa. Necesita recuperar el poder de vivir sin miedo.— Mérida, Yucatán

dulcesauri@gmail.com

(*) Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán

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