Juan Hernández*
Fuente: El Sol de México
La reforma a los artículos 82, 116 y 122 pasó en comisiones por 26 votos contra cinco. Juan Carlos Romero Hicks señala cuatro violaciones constitucionales. COLEFOM, junto con más de 100 federaciones y organizaciones migrantes, ya se reunió con legisladores. Los diputados votan la próxima semana.
Joe Barba nació en San Diego, hijo de padres mexicanos. Es mexicano por nacimiento, como lo establece el Atículo 30 constitucional, y estadounidense por haber nacido allá. Desde San Diego ha hecho por México lo que pocos hacen desde dentro: sostiene un club de Silao, Guanajuato, y coordina la Federación de Migrantes, que reúne clubes de una variedad de estados mexicanos. Cada septiembre organiza las fiestas patrias en California. Si la reforma ya estuviera vigente, Joe no tendría los mismos derechos que sus padres.
Lo que se vota
La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el dictamen el martes 8 de septiembre por 26 votos contra cinco. La iniciativa exige que quien aspire a la Presidencia, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno capitalina renuncie a cualquier otra nacionalidad. El PAN abandonó la discusión, informó El Heraldo de México. El priista César Alejandro Domínguez reclamó que se restringen derechos sin un diagnóstico suficiente, según Contralínea.
La duda ya salió de la oposición. Manuel Velasco, coordinador del Verde en el Senado, admitió que algunos de los suyos están en contra y mencionó a Luis Armando Melgar, de acuerdo con La Crónica. El 16 de septiembre, el mismo diario contó al menos cinco legisladores del Verde y del PT en resistencia, y ahí se les cae la mayoría calificada.
Esta semana conversé con Juan Carlos Romero Hicks, guanajuatense, exrector de nuestra universidad, exgobernador, exsenador y hoy diputado local. Para él, la iniciativa atenta contra cuatro principios constitucionales. Coincidimos en dos que he sostenido desde hace meses en este espacio. Los otros dos yo no los había planteado con esa claridad.
Certeza jurídica
Romero Hicks lo plantea así: “No se pueden cambiar las reglas de un lugar o un momento a otro”. Millones organizaron su vida bajo una regla vigente durante décadas. Cambiarla a medio camino deja sin piso a quien la respetó. Hay, además, un problema de trámite. La renuncia a la ciudadanía estadounidense se resuelve en Washington, con una cuota y con plazos ajenos a nuestro calendario electoral. La iniciativa no dice quién certifica esa renuncia ni ante qué autoridad.
Progresividad
Aquí coincidimos, y es lo que sostuve por escrito ante los senadores el 8 de septiembre. “No se pueden invalidar derechos adquiridos, solamente se puede avanzar”, me dijo. Se llama principio de no regresividad y viene del Artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: toda medida deliberadamente regresiva se presume violatoria y corresponde al Estado justificarla. México amplía los derechos de la diáspora desde 1998, cuando entró en vigor la ley que impide perder la nacionalidad, y siguió con el voto desde el exterior. Hasta hoy, nadie ha presentado un caso documentado de deslealtad y, sin ese caso, no hay nada que justificar.
Irretroactividad
Una norma no puede aplicarse en perjuicio de una persona, y menos para quitarle el derecho a competir en una elección. Quienes tomaron otra nacionalidad lo hicieron al amparo de una garantía que el propio Estado mexicano les ofreció. Cambiarles ahora las consecuencias es cobrarles por haber confiado. Dirán que la reforma entra en vigor hasta 2028 y que no afecta a nadie que esté en el cargo. La regresión no se mide por quién la sufre hoy, sino por el derecho que se cancela mañana.
Pro persona
Este principio viene de la reforma de 2011 al Artículo Primero constitucional. Romero Hicks lo dice de la siguiente manera: “Todo lo que beneficia a la persona es la interpretación que le corresponde, y no lo contrario”. Cuando caben dos lecturas, manda la que protege. Y advierte lo que sigue: si el caso llega a la Corte Interamericana, en San José, después de años de litigio en tribunales mexicanos, la reforma se rechazaría por ser, en sus palabras, una regresión autoritaria.
El turno es de los legisladores
COLEFOM no esperó a que alguien lo invitara. El lunes y el martes, sus dirigentes, entre ellos Efraín Jiménez, se sentaron frente a legisladores federales para llevar la voz de más de 100 federaciones y organizaciones de Estados Unidos, Canadá y México. Vicente Ortiz, de la Asociación de Jaliscienses Unidos, lo resumió a Excélsior: “Están haciendo ciudadanos mexicanos de primera y de segunda”. Consiguieron la reunión antes del voto, y eso lo ganaron ellos.
Yo voy más lejos. Pido que la iniciativa se retire. Los casi 40 millones de mexicanos en el exterior piden más participación en su México, no menos.
A Joe Barba nadie le preguntó. Falta una semana para el voto y todavía se puede escribir a un diputado o a una federación. (Los correos electrónicos son públicos). No reformemos la Constitución para quitarle derechos a quien nunca ha dejado de ser mexicano.
*Especialista en migración y relaciones Estados Unidos-México
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