Libertad de expresión, ¿bajo nuevas reglas?

Ana Lilia Moreno /México Evalúa

Fuente: El Sol de México

Mérida, 17 de septiembre de 2026.- ¿Quiénes son las audiencias? Tú, yo, nosotros. Según nuestra Constitución, quienes accedemos a información a través de los medios de comunicación tenemos derecho a que sea plural y oportuna.

También podemos exigir que los medios cumplan los compromisos que ellos mismos establecen en sus códigos de ética, incluidos sus procesos para verificar y contrastar información.

Aquí aparece una línea delicada: ¿Hasta dónde llega el derecho de las audiencias a exigir cuentas? ¿Hasta dónde deben llegar las facultades del Gobierno para supervisar y sancionar? ¿Dónde comienza el espacio que corresponde a medios y periodistas para investigar, informar, opinar y tomar decisiones editoriales bajo la protección de la libertad de expresión?

Los nuevos “Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias” muestran lo necesario que es mantener ese equilibrio en una democracia.

Tras una consulta pública al texto original, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) eliminó una facultad que se había atribuido. Anteriormente pretendía “confirmar, modificar o revocar” las decisiones de las personas defensoras de las audiencias. Quienes ostentan este cargo son profesionales contratados por los medios para propiciar un diálogo sano con los públicos, recibir y atender quejas, así como formular recomendaciones al medio.

Pese a la enmienda, los Lineamientos aún permiten la intervención de la CRT en el proceso de queja y, eventualmente, la apertura de procedimientos sancionadores. Las multas pueden alcanzar hasta 1 por ciento de los ingresos de un concesionario.

Más delicada aún es la facultad que la ley otorga a la CRT para suspender transmisiones como medida precautoria. Además, el artículo 52 faculta a la Comisión para realizar monitoreos, requerimientos o “cualquier otra actuación” que considere necesaria. El problema es que no se redactaron criterios claros para valorar la gravedad de una infracción, como la intención, la reincidencia o el daño causado. Cuando las facultades son amplias y los criterios para ejercerlas no son precisos, crece la discrecionalidad y también la incertidumbre para quienes informan. En ese espacio aparece el riesgo de una intervención excesiva, una sobreprotección a las audiencias.

Es importante saber a quién alcanzan las reglas. Los Lineamientos definen como “programadora” a cualquier persona física o moral capaz de conformar un canal. En un mundo donde televisión, radio, podcasts y plataformas digitales se parecen cada vez más, los límites de la regulación no debían quedar, como lamentablemente sucedió, sujetos a interpretaciones de quien lidere la CRT.

Según el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras, México ocupa el lugar 122 de 180 países. En seguridad de los periodistas, cae hasta el puesto 160 de 180, y uno de cada cuatro periodistas identifica la autocensura como una influencia importante sobre su trabajo. Por eso, aun cuando a juicio de la CRT la interpretación de “programadora” quedara en el ámbito de los concesionarios de TV, radio y TV de paga, preocupa que desde la Presidencia de la República se ha dicho que próximamente el Gobierno federal buscará la manera de regular la información que se difunde por medio de plataformas digitales y los medios impresos.

No sabemos qué tan factible será esto. De lo que sí hay evidencia es que cuando las reglas son ambiguas y aumentan los riesgos por ejercer la libertad de prensa, las personas eligen hablar y escribir menos. Si esa conducta se multiplica, perdemos todos.

Una sociedad que se autocensura termina por ser una sociedad menos informada, más adversa a cualquier riesgo y menos capaz de elegir lo mejor para sí misma. Algunos lectores recordarán aquella época en que se decía que México era un país donde “no pasaba nada”. No era que nada ocurriera, sino que muchas cosas no se contaban por temor a las represalias. No deberíamos volver ahí. Una sociedad mejor informada necesita reglas que den certeza para hablar, no incentivos para callar.

*Coordinadora del Programa de Regulación y Competencia de México Evalúa.