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Claudia Corichi
El Sol de México
Mérida, 26 de agosto de 2026.- Hay realidades que deberían estremecernos hasta obligarnos a actuar. Los recientes casos de niñas embarazadas en Chiapas y Tamaulipas son una expresión brutal de la violencia sexual que sigue arrebatando la infancia, el cuerpo y el futuro de miles de niñas en México; por eso representa una emergencia de salud pública y derechos humanos.
En los últimos días, en Chiapas, dos niñas, una de 13 años ingresó a un hospital de San Cristóbal de las Casas con graves complicaciones obstétricas, otra, de apenas 11 años, fue identificada con cinco meses de embarazo. En Tamaulipas, el caso de una niña de 11 años que ingresó a un hospital de Matamoros con alrededor de 20 semanas de gestación, producto de la violación de su padrastro y que pudo interrumpir el embarazo, volvió a colocar esta tragedia en el centro de la discusión pública.
El nivel de violencias que estos casos entrañan es brutal. Estamos frente a víctimas de violencia sexual, no ante maternidades que puedan ser justificadas con argumentos culturales, familiares o comunitarios, es decir, frente al abuso sexual y a la fecundidad forzada.
El problema es mucho más extendido que los casos que llegan a los medios. El informe de la Secretaría de Salud correspondiente a 2025 registró 5 mil 876 niñas de entre 10 y 14 años que se convirtieron en madres en México; en 269 casos se presentó morbilidad materna extremadamente grave.
Ningún embarazo infantil debe romantizarse. El cuerpo de una niña no está preparado para enfrentar los riesgos de una gestación y mucho menos las consecuencias emocionales de una maternidad impuesta. La maternidad infantil puede interrumpir estudios, profundizar la dependencia económica y condenar a muchas víctimas al silencio e incluso puede representarles la muerte.
La prevención exige acciones contra la violencia que se sigan de oficio, canales seguros de denuncia y capacitación para personal médico, docente y de asistencia social. En edades de juventud exige educación sexual integral, científica y adecuada a cada edad; información sobre el cuerpo, el consentimiento y las formas de violencia. Las instituciones deben ser capaces de detectar señales de abuso y actuar con rapidez, y, por supuesto, también se requiere una transformación social.
También es necesario fortalecer a las procuradurías de protección y garantizar que las escuelas, los centros de salud y las comunidades funcionen como espacios de alerta y defensa de las infancias, no de silencio. El problema no solo se limita a las zonas rurales e indígenas, pero las políticas públicas también deben considerar las barreras lingüísticas, geográficas y de acceso a la justicia; también las de los usos y costumbres que de ninguna manera justifican cualquier violación a los derechos humanos.
Prevenir significa transformar las condiciones que permiten que estos crímenes permanezcan ocultos. El miedo, la pobreza y la dependencia económica, la impunidad y la normalización de relaciones desiguales entre personas adultas y niñas siguen siendo obstáculos que México debe enfrentar.
No podemos seguir contabilizando niñas madres como si se tratara de un fenómeno inevitable. Cada embarazo infantil debe encender una alarma. La pregunta no puede ser por qué una niña quedó embarazada, sino quién la violentó, quién debió protegerla y por qué el Estado no llegó antes. Proteger a las niñas no puede seguir siendo una promesa: es una obligación.
@ClauCorichi