Las decisiones personales son políticas

Martha Tagle

El Sol de México

 “Lo personal es político” nos enseñó el feminismo hace décadas. En Sinaloa adquiere hoy un significado dolorosamente literal: las decisiones personales de quienes ejercen y disputan el poder tienen consecuencias en la vida de la gente. Tan solo en agosto, 16 mujeres han sido asesinadas en la entidad.

El regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura, después de la licencia que había solicitado, fue explicado por la Secretaría de Gobernación como una “determinación de carácter personal”. La propia presidenta Claudia Sheinbaum reconoció haberse enterado por el mensaje que el gobernador publicó en redes sociales.

Pero cuando se ejerce el poder público, regresar, irse o aferrarse a un cargo no son decisiones personales. Mucho menos cuando se gobierna una entidad que lleva casi dos años sumida en una crisis de violencia que ha costado miles de vidas y desapariciones y ha trastocado la economía, las escuelas y la vida cotidiana.

También resulta preocupante que, aparentemente, la Secretaría de Gobernación no conociera previamente la decisión. ¿Dónde está la conducción de la política interior cuando un gobernador en medio de una crisis de esta magnitud toma decisiones de esta naturaleza sin coordinación con el gobierno federal?

La reacción posterior demostró, paradójicamente, que capacidad de operación política sí existe. Presidencia, Morena, gobernadores y legisladores cerraron filas; Rocha solicitó nuevamente licencia y el Congreso local la concedió. Al momento de escribir estas líneas aún no se ha designado a quien ocupará la gubernatura. Y quizá eso sea lo de menos. Sinaloa no necesita solamente a alguien que ocupe el despacho. Necesita gobierno a favor de la gente y no de intereses personales o de grupo.

Porque mientras la política se concentra en quién llega, quién sale y quién controla el poder, la violencia continúa cobrando vidas. Desde el inicio de la crisis, en septiembre de 2024, Sinaloa acumula más de 3 mil homicidios y más de 4 mil personas desaparecidas. En lo que va de agosto han sido asesinadas 16 mujeres: siete en Mazatlán, cinco en Culiacán, tres en Escuinapa y una en Navolato.

La violencia tampoco termina en las cifras de homicidios. Ha modificado horarios, trayectos y rutinas, provocado cierres de negocios y pérdida de empleos, alterado la asistencia a las escuelas y llenado de miedo la vida cotidiana. En Culiacán, más de ocho de cada diez personas adultas se sienten inseguras. Detrás de cada indicador hay personas que han dejado de vivir como antes.

Y las mujeres experimentan además son víctimas de violencias específicas, pierden empleos, reorganizan los cuidados cuando las escuelas suspenden actividades y muchas terminan buscando a familiares desaparecidos. La violencia no solo mata: también reorganiza la vida.

La Presidenta afirmó que ningún interés personal puede estar por encima de los intereses del pueblo. Tiene razón. La pregunta es por qué esa máxima aparece ahora, ante la disputa por la gubernatura, y no ha orientado con la misma contundencia la respuesta a casi dos años de violencia.

El poder público no tiene sentido por sí mismo. Su legitimidad proviene de servir para garantizar seguridad, justicia, educación, empleo y derechos. El poder por el poder es disputa; el poder puesto al servicio de las personas es gobierno.

Las decisiones personales son políticas cuando se ejerce una responsabilidad pública. En Sinaloa sus consecuencias se cuentan en negocios cerrados, aulas alteradas, personas desaparecidas y vidas arrebatadas.