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Sara Lovera (*)
El Sol de México
Mérida, 25 de agosto de 2026.- La creciente participación política de las mujeres en México ha significado un alto riesgo para su vida. Entre 2021 y 2024, el 15 por ciento de las agresiones —algunas letales— fueron dirigidas contra mujeres en campaña, con amenazas, agresiones y asesinatos. En 2018, perdieron la vida 18 mujeres durante las elecciones.
En Guerrero, este año, Jessica Macedonio Saldaña, directora de Salud del municipio de Atlixtac, fue ejecutada en marzo pasado. El viernes 21 de agosto, en un ataque artero frente a su casa en Chilpancingo, fue asesinada Nadia Vehurini Matadama Díaz, dirigente municipal de Movimiento Ciudadano en Tlapehuala.
Según México Evalúa y Data Cívica, la violencia política en general creció en 5 años un 300 por ciento; de mil 812 agresiones, el 78 por ciento fue contra hombres y el 15 por ciento contra mujeres.
La pregunta es si una mujer debe ser privada de su vida por ejercer sus derechos, participar en su comunidad y contribuir a la vida política y democrática de México. Hace más de una década que se definió la violencia política contra las mujeres; década de creación de protocolos, de acuerdos en el INE y de modificaciones constitucionales para evitar la violencia contra su participación, ahora en paridad.
Pero, de todos los casos y asesinatos, la respuesta es la impunidad y la falta de una política integral para dar seguridad y justicia a las mujeres.
Tras el asesinato de Nadia —médica, comprometida, integrante de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses—, quien en 2021 participó como candidata suplente del PRI a una diputación local y representaba a Movimiento Ciudadano en un pueblo de 22 mil habitantes, y de quien no se conocieron más que actividades sociales, la respuesta unánime de partidos, agrupaciones de mujeres, 50+1, Mujeres en Plural y la Red a la que pertenecía es de condena, y piden una investigación desde la perspectiva de género, con respuestas ágiles y satisfactorias.
El de Nadia es el segundo homicidio de mujeres con vida pública. Se da en una entidad gobernada por una mujer, Evelyn Salgado Pineda, ocurre dentro de un proceso anticipado de campaña por el gobierno de Guerrero, cuando tres prominentes mujeres encabezan las preferencias, y cuando hay crisis en Morena. Tendremos que preguntarnos si Nadia era una mujer competitiva y a quien estorbaba.
No es posible acostumbrarnos a las agresiones, amenazas y asesinatos contra quienes hacen política, mujeres u hombres. La especificidad sexual y el asesinato de Nadia es un mensaje que busca limitar, castigar e inhibir la participación de las mujeres en política. Identificamos una corriente machista y misógina que crece en México, así como las teorías *queer*, desde lo común o desde los grupos criminales.
Solo hay que analizar el trato que se da a la presidenta de la República y a las 13 gobernadoras del país por ser mujeres, así como los casos documentados de denuncias de legisladoras y funcionarias a lo largo del país, frecuentemente involucrando a sus compañeros de partido, del Congreso, del gabinete o de su entorno cercano.
Guerrero tiene el tercer lugar en violencia política. En julio pasado eran 15 actores políticos asesinados, por lo que el caso de Nadia tendría que encender todas las alarmas. ¿Es este un aviso? ¿Muchachas, mejor renuncien?
La violencia contra lideresas genera miedo y frena a otras ciudadanas en su decisión de postularse o tomar decisiones firmes. O sea, tener derechos pero no ejercerlos. Los riesgos aumentan en municipios con presencia de intereses fácticos o criminales que rechazan la autoridad de las mujeres. Y la violencia feminicida no se resolverá con leyes punitivas ni nuevas, sino con acciones de Estado. Veremos.
(*) Periodista, editora de género en la OEM y directora de Semlac