¿Son injerencistas?

Sergio Aguayo (*)

Fuente: Diario de Yucatán

Mérida, julio 15, 2026.- En su recomendación del 2 de julio sobre el caso Ayotzinapa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se lanza contra las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que han acompañado a los familiares de los normalistas desaparecidos; las acusa de recibir financiamiento de fundaciones extranjeras con “intereses injerencistas”. Es una crítica absurda en un mundo en que, el éxito de una causa requiere de los apoyos externos.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH o Pro), que está entre los señalados por la CNDH, ha acompañado desde un primer momento a las madres y padres de Ayotzinapa y como tal ha sido un visitante asiduo de Palacio Nacional. En 36 ocasiones estuvo reunido con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y en siete con la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Por qué entonces la CNDH lo acusa junto con otras OSC?

Una posible razón es que la CNDH quiere sumarse a los esfuerzos que está haciendo la 4T por presentarse como la heroica defensora de una patria atacada por la potencia que exige la entrega de Rubén Rocha y sus asociados. Es una descalificación condenada al fracaso porque desde hace medio siglo la defensa de múltiples derechos se ha construido sobre los entendimientos con el exterior. Lo confirmo con el exitoso feminismo mexicano.

La académica y feminista Marta Lamas atribuye los éxitos de ese movimiento a tres factores: 1) las protestas en la plaza pública; 2) el trabajo de académicos y activistas de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que generan y difunden el conocimiento que las recubrió de legitimidad y, 3) la existencia de funcionarios y políticos dispuestos a escuchar y respaldar sus demandas en causas tan concretas como la interrupción legal del embarazo (GIRE, 30 años, México, 2022).

Añado dos factores adicionales. El primero es la diplomacia feminista. Desde el principio, ellas establecieron vínculos personales e institucionales con sus contrapartes en otros países, con gobiernos extranjeros y con organismos multilaterales. Los acuerdos que aprobaban los gobiernos en la Organización de las Naciones Unidas eran después difundidos y defendidos ante las autoridades mexicanas.

El segundo fue su capacidad para allegarse recursos necesarios a fin de sufragar el trabajo de activistas, académicas y organizaciones de la sociedad civil en campañas específicas. El apoyo financiero de fundaciones que la CNDH condena ha sido legal, legítimo y transparente, obtenido tras rigurosos procesos de selección y supervisión, y siempre declarado ante las autoridades hacendarias.

Si el feminismo mexicano es el movimiento más exitoso del siglo XX en nuestro país, se debe en parte a que el apoyo externo lo puso al servicio de una estrategia multidimensional que ha ido y venido entre la protesta, la propuesta y el cabildeo. Ese modelo ha servido a los activistas del medio ambiente, de la diversidad sexual y a las víctimas de la represión estatal y/o de la violencia criminal.

Desde el primer día, las madres y padres de Ayotzinapa salieron al mundo y pidieron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Poco después, lograron que el presidente Enrique Peña Nieto aceptara la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que tantas jaquecas ha provocado a tres presidencias.

En múltiples ocasiones recibieron el respaldo del Poder Ejecutivo. Fue Andrés Manuel López Obrador quien solicitó en 2021 a la vicepresidenta Kamala Harris las grabaciones de las conversaciones entre Guerreros Unidos y/o las dependencias de seguridad federales, estatales y municipales. Ese material llevó a un choque con los militares que terminaría descarrilando el compromiso de Morena con la investigación sobre Ayotzinapa.

Se multiplican los indicios de que los gobiernos de la 4T han perdido la brújula sobre qué hacer con las víctimas. Están profundamente divididos. Este martes, Alejandro Encinas, representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), calificó a la recomendación de la CNDH de “nuevo tropiezo” y enumeró deficiencias, sesgos, epítetos y mentiras. Eso habla bien de él, y mal, muy mal de Rosario Piedra Ibarra.

En diciembre próximo cumplirán 20 años las guerras del narco. Multipliquemos los memoriales y las conferencias; en México y el resto del mundo.

(*) Analista político