En México la vida no vale nada

Angélica de la Peña

Fuente: El Sol de México

Mérida, 14 de julio de 2026.- Que Roxana Berenice Guzmán Ramírez haya grabado cómo irrumpieron en su casa para secuestrarla, desaparecerla y, finalmente, asesinarla es una evidencia de la dolorosa cotidianidad que se sobrevive en nuestro país. Los asesinatos de periodistas tampoco han parado; lamentablemente, tampoco se detiene el delito de feminicidio.

Otros graves delitos, como la desaparición forzada, la trata de personas, la tortura o los homicidios dolosos, evidencian que nuestras vidas son rehenes de un estado de impunidad. He escrito en otras ocasiones sobre estos hechos y repetimos siempre lo mismo: en México persiste una impunidad lamentablemente enraizada. Esto no cambia sexenio tras sexenio.

¿Qué hacen, o, para decirlo apropiadamente, qué no hacen las autoridades para asegurarnos que trabajan con la ley en la mano, para darnos paz y tranquilidad y para que se castigue a quienes infringen la ley con una descarada alevosía? Y, sobre todo, ¿por qué no nos rinden cuentas respecto a la prevención de estos crímenes? ¿Cuál es la política pública de prevención de estos delitos?

Por ejemplo, el feminicidio: hasta mayo de este año han sido asesinadas de manera dolosa 658 mujeres, y sólo otros 267 asesinatos son considerados feminicidios, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Las organizaciones de la sociedad civil cuestionan estas cifras, pues consideran que están maquilladas.

Respecto al feminicidio, de acuerdo con los datos oficiales, solo el 15 por ciento de los casos se judicializa, y en los identificados como homicidios dolosos solo uno de cada diez se resuelve conforme a la ley. Los responsables no son identificados; por lo tanto, no hay detenidos. Los agresores pueden seguir asesinando porque no hay una ley que disuada la comisión de estos crímenes. El peligro que padecen quienes se dedican al periodismo coincide con el del feminicidio: la mayoría de estos crímenes queda sin resolver.

Las investigaciones de las fiscalías locales son deficientes y, a menos que haya presión o grabaciones que muestren cómo un comando con armas de alto poder destrozó la casa de Roxana para entrar por ella, difícilmente se evidencia el involucramiento de policías municipales con los mafiosos del estado de Veracruz.

No es una sorpresa el involucramiento indirecto, o por órdenes de agentes del Estado, detrás de la impunidad de los grupos delincuenciales. Las corporaciones saben quiénes son, dónde están y cómo mantienen a la población bajo cobro de piso o secuestro. Este cáncer ha avanzado al grado de debilitar a las instituciones, no solo de seguridad pública, como en este caso de Roxana; también afecta a las instituciones de procuración de justicia y al Poder Judicial. Alcanza a las autoridades de los tres órdenes de gobierno. La impunidad no solo es la falta de sanciones frente a hechos delictivos; es la falta de certezas jurídicas y de prevención social del delito, particularmente entre las y los jóvenes; es también la ausencia de respeto por la vida humana y el declive alevoso de un Estado de derecho.

La ley es letra muerta porque así lo han decidido quienes tienen la obligación de garantizarla.

Es necesario que no nos acostumbremos y, por el contrario, exijamos cuentas a cada autoridad. La actitud de la gobernadora de Veracruz, el estado donde ejercer el periodismo es más peligroso que en cualquier otro, es un ejemplo de lo que no debemos permitir. Porque parece que, para ella, las vidas humanas son prescindibles.

(*) Defensora de derechos humanos