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Posible lavado de dinero
El notario Carlos Evia Salazar, sentenciado por un juez en 2011, y quien de acuerdo con la ley no debería de seguir ejerciendo, ha sido acusado recientemente de colaborar directamente con la llamada “mafia inmobiliaria”, al dar testimonio público de una operación de compraventa a todas luces ilegal y presuntamente vinculada al lavado de dinero.
Se trata, como ya adelantamos en otras entregas de este caso, de la supuesta venta del predio de la calle 22, número 148, de la colonia San Pedro Cholul, propiedad de William Uribe Canul, que sin su consentimiento fue vendido por una persona que se hizo pasar por él con documentos falsos, a una exfuncionaria del Poder Judicial que, en represalia, lo demandó por la vía civil y penal. En 2008, Evia Salazar no acató la resolución del Juzgado 2o. de lo Familiar que lo condenó al pago de una pensión alimenticia a su esposa e hija, entonces menor de edad.
Por ese hecho, el Juzgado 8o. Penal giró una orden de aprehensión en su contra, pero éste utilizó varios recursos legales para combatir el acuerdo, hasta que la justicia federal le negó un amparo y dejó firme la resolución judicial.
El 5 de diciembre de 2011, el Juzgado 8o. dictó formal prisión al notario, lo que de acuerdo con el artículo 67 de la Ley del Notariado del Estado de Yucatán, es causa suficiente de suspensión del ejercicio de sus funciones de notario. Pero eso no fue así. El 17 de julio de 2017, Evia Salazar prestó su fe pública para la legalización de la compra de un predio, en la que un sujeto que se hizo pasar por el propio Uribe Canul con una licencia de automovilista falsa, vendió ese predio a Jazmín Patricia Osorio Ortiz, quien hasta 2015 fungía como proyectista de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia, Migdalia Rodríguez Arcovedo.
De acuerdo con el expediente del caso, en poder de Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, en la escritura elaborada por Evia Salazar —en la Declaración, primera parte, inciso dos— se establece que el objeto de la venta es un “solar sin casa”, con 509 metros cuadrados de superficie.
Sin embargo, el notario incluyó en la misma escritura un avalúo hecho por un corredor público sobre una propiedad completamente distinta.
Medidas
Según ese avalúo, el predio tendría además 136 metros cuadrados de construcción, con sala, comedor, uno y medio baños y tres recámaras.
Como ya informamos, al momento de la supuesta venta a Osorio Ortiz ese terreno solo tenía una pequeña piscina a medio construir.
Cuando Uribe Canul descubrió el intento de despojo de su predio, lo “autoinvadió”, junto con su esposa y sus tres hijas y se instaló allí en un camper. Luego, con muchas dificultades, levantó una recámara y un baño.
No obstante, en la escritura, el notario hace constar que ese avalúo fue realizado por el corredor público Efraín Díaz y Díaz, “designado de común acuerdo por ambas partes”.
En entrevista con Central 9, publicada el 8 de agosto, el corredor declara que personal a su cargo hizo ese avalúo, a petición de “gente de la oficina del notario, sobre el predio que ellos señalaron”. El perito valuador no está obligado a pedir a identificación a quienes habitan el predio o solicitan el avalúo, ni a comprobar el nombre del dueño, dijo Lic. Díaz Díaz en la entrevista, porque, entre otras cosas, “no se trata de un acto vulnerable. En estos casos el avalúo solo sirve para el pago de impuestos”.
Identificación
Otra grave irregularidad detectada es la aceptación por parte del notario para que la supuesta compradora, Yazmín Osorio Ortiz, se identifique con una licencia de automovilista vencida.
En el expediente del juicio ordinario civil, que ventila la acusación de Uribe Canul contra Osorio Ortiz y el propio Evia Salazar —que pide la nulidad de la escritura, y que se lleva al cabo en el Juzgado Segundo Civil— se incluye la copia certificada de la licencia de Yazmín Osorio con vigencia hasta el 18 de octubre de 2013, lo que viola la Ley del Notariado.
La persona que se hizo pasar por Uribe Canul también se identificó con una licencia de manejo ante el notario que, según el abogado de Uribe, Jorge Ramírez Blanco, está notoriamente alterada: el código de barras del anverso y del reverso están recortados y los números telefónicos de Uribe Canul y de su esposa no corresponden con los de su licencia original.
El evidente desaseo del trabajo notarial de Evia Salazar se evidencia aún más en la contestación que éste envía al juzgado que lleva el caso y en la que asegura que Osorio Ortiz se identificó el día de la supuesta compraventa con una credencial para votar, y no con una licencia de manejo vencida, como aparece en su propio testimonio.
Pero la anomalía más grave es la relacionada con la falta de cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
De acuerdo con esa ley, los notarios tienen prohibido dar fe de la constitución o transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles, por un valor superior o igual al equivalente de 8,025 veces el salario mínimo del Distrito Federal, alrededor de $706,200, y que estas operaciones se paguen con monedas y billetes.
Pago
Sin embargo, en la supuesta operación de compraventa del terreno de San Pedro Cholul, la compradora Osorio Ortiz, dice la escritura, pagó la cantidad de $980,000, “que fue saldada en cuatro pagos en efectivo, siendo en presente fecha (17 de julio, cuando se firma la escritura) que se cubre el último pago de $246,000”. Toda la cantidad se pagó “en moneda mexicana de curso legal”, añade la escritura atestiguada por Evia Salazar. De acuerdo con el Abog. Ramírez Blanco la ley dice que en operaciones de esta magnitud, el pago en efectivo solo puede ser de $586,000 y el resto debe pagarse mediante cheque, transferencia bancaria o cualquier otro documento en que conste la operación.
En su escritura el notario acepta que se hicieron cuatro pagos, dice Ramírez Blanco, “pero no le consta” y el último de esos pagos, aunque debió hacerse forzosamente por medio de un documento, Evia Salazar, indica el abogado defensor, acepta en la escritura que se hizo en efectivo, lo que de ser cierto violaría la ley y convertiría esa compraventa en una operación de lavado de dinero. (Continuará).— HERNÁN CASARES CÁMARA
Fuente: Diario de Yucatán
