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Fuente: Diario de Yucatán
Escribir en hoja en blanco derivó en la pérdida de la casa de una mujer de la tercera edad.— Se partió de supuesta deuda de $80,000 y se vende ahora en $2.5 millones
Mucho se dice que firmar una hoja en blanco es como ponerse una pistola en la cabeza. Y la historia ha mostrado reiteradamente la validez de ese dicho.
“Nunca pongan su firma en una hoja en blanco. ¡Nunca!”, recomienda un abogado yucateco con amplia experiencia.
El tema cobra relevancia por el caso de una octogenaria que, como hemos informado, perdió recientemente su casa por una supuesta deuda de $80,000 que fue creciendo con el paso del tiempo. El acreedor hizo valer un pagaré en un juicio promovido en Ciudad de México.
La afectada, Rosa Elena González Sierra viuda de Esquivel, asegura que lo que aparece en el documento de cobro es su nombre, no su firma, y que lo escribió bajo engaños, porque le dijeron que era para comprobar que había recibido un aviso dirigido a un familiar.
El pagaré, del que tenemos copia, está fechado en Mérida el 13 de julio de 2010, con vencimiento el 13 de agosto del mismo año, a favor de Darwin Froylán Quintal Fernández. Se ve escrito dos veces el nombre de la señora González Sierra, una de ellas con letra cursiva o manuscrita. La supuesta deudora dice que, en efecto, ella escribió en la parte donde ahora dice “firma”, pero era una hoja en blanco, y lo hizo con el estilo manuscrito porque así aprendió a hacerlo en la escuela; también señala que alguien puso unas líneas sobre su nombre, para simular una rúbrica.
“No dudo que el caso de la señora haya sido un descuido, una equivocación, una omisión, pero es importante tener en cuenta que nunca se debe poner una firma en una hoja en blanco”, subraya un especialista en temas de las áreas civil, familiar y mercantil.
Ya está a la venta
Darwin Quintal ya tomó posesión de la casa donde vivió doña Rosa Elena durante 57 años, en el rumbo de La Ermita de Santa Isabel. El viernes 17 pasado entró a la vivienda, al cumplirse el plazo legal para la desocupación, y al día siguiente el inmueble ya estaba a la venta en sitios de internet enfocados a negocios inmobiliarios, por la suma de dos millones y medio de pesos.
El monto de la venta representa 31 veces más que la cantidad original de la supuesta deuda, de $80,000.
El juicio ejecutivo mercantil, como ya indicamos, fue promovido en Ciudad de México. Las diligencias en Yucatán se realizaron por exhorto de las autoridades judiciales de la capital del país.
En el Registro Público de la Propiedad y el Comercio consta que Quintal Fernández tiene una propiedad en Mérida: la número 350 de la calle 71-B de la colonia Azcorra. En la escritura respectiva, la número 275 del 3 de mayo de 2010, se indica que la adquirió en compraventa con Lízbeth Verónica Sosa Suárez, por la cantidad de $230,000. Aunque no se sabe si tiene relación con este caso, hay constancias de un juicio entre ambas partes de 2010 a 2014, en el Juzgado 58 Civil de Ciudad de México.
No lo conoce
La señora González Sierra, de 88 años de edad, sostiene que no conoce a su presunto acreedor y mucho menos le solicitó dinero en préstamo.
El pagaré exhibido en el juicio fue presuntamente firmado dos meses después de la fecha que aparece en la escritura de la casa de la colonia Azcorra que perteneció a Lizbeth Sosa.
La vivienda 522 de la calle 77 de La Ermita fue hogar de doña Rosa Elena durante más de medio siglo. Aquélla la desocupó hace varios meses, antes de que recibiera la última notificación para el desalojo, por la zozobra que le generaba la posibilidad de que en cualquier momento llegara alguien para expulsarla, como consecuencia del proceso en su contra.
Era su herencia
De acuerdo con datos consultados en el Registro Público de la Propiedad por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, la casa fue adquirida por los padres de la mujer, Timoteo González Maas y Adolfina Sierra Jiménez, quienes se la otorgaron en herencia el 3 de noviembre de 1983. Esta operación consta en escritura de la cual dio fe el notario Carlos Manuel Heredia Heredia.
El predio tiene una extensión de 9.35 metros de frente por 36.90 metros de fondo. Su ubicación es buena, a media cuadra del kiosco de La Ermita.
En sentencia interlocutoria de fecha 7 de enero de 2014, derivada del juicio ejecutivo mercantil en Ciudad de México, se aprobó en definitiva el remate y adjudicación del bien inmueble a favor de Darwin Froylán Quintal.
Apoyo vecinal
Aunque saben que la batalla jurídica ya está perdida, vecinos de La Ermita que conocen a la señora González desde hace muchos años se han organizado para protestar pacíficamente por algo que consideran un despojo y una injusticia.
Según indicaron a nuestros reporteros, planean rotular mantas y carteles con leyendas como “No compres esta propiedad porque fue obtenida mediante triquiñuelas”, “Esta casa fue despojada con engaños a una mujer de la tercera edad” y “No compres lo que viene de dinero malhabido”, entre otras.
Así, subrayan los informantes, estarán en contacto mediante las redes sociales y de mensajería instantánea, de tal forma que cuando alguno vea que se presentan potenciales compradores avisará a los demás para que lleguen con las mantas y se coloquen en la acera de enfrente, de manera pacífica y sin interferir con nada. La intención, enfatizan, no es combatir una ilegalidad con otra ilegalidad, sino expresar descontento por un hecho que interpretan como una vertiente más de la mafia inmobiliaria, en este caso dirigida a personas de la tercera edad.
¿Cómo empezó?
Esta historia, relatada por la propia señora González Sierra y algunos familiares cercanos, comenzó una tarde de 2010. Doña Rosa Elena se encontraba en su casa cuando llegó una persona preguntando por su hija política. Ante la respuesta de que ésta no se hallaba en ese lugar, el visitante dijo que dejaría un sobre y pidió que se le firmara de recibido.
La señora González no firmó. Dobló la hoja y escribió su nombre. Pasó el tiempo y de pronto, en 2013, se presentó un abogado ante ella con la copia de la notificación de un juicio ejecutivo mercantil promovido en Ciudad de México por Darwin Froylán Quintal, con base en el pagaré de $80,000.
La vivienda fue embargada. Los abogados del promovente exigieron $450,000 por concepto de capital, intereses y otros gastos para resolver el problema. Más adelante, en febrero de 2018, indicaron que querían 700,000 pesos, y finalmente alegaron que su cliente no aceptaría el dinero porque tenía interés en la propiedad.
Se promovieron amparos, primero en Ciudad de México y después en Mérida, sin resultados satisfactorios para la familia. Hoy se trata de asunto juzgado.— ÁNGEL NOH ESTRADA
