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Opinión de Renata Terrazas publicada en julioastillero.com
Un indicador de que las cosas cambian es cuando en la arena pública se discuten temas nuevos. Hace más de cien años el voto de la mujer en México no era un tema de conversación, la posibilidad de que una mujer pudiera votar era imposible, parecía fantasía; con el paso del tiempo salieron los flagrantes opositores que consideraban que no teníamos las competencias ni facultades necesarias para tomar decisiones de esa envergadura; hoy en día no se cuestiona nuestro derecho al voto.
El derecho al voto de las mujeres es uno de tantos casos en donde lo que parece obvio en un momento pasa por ser cuestionado y se rompen los prejuicios detrás. Todo ello pasando por discusiones abiertas en la arena pública.
Algo muy parecido está sucediendo con el tema de la consulta pública. México no es un país que se caracterice por la participación de su ciudadanía en la toma de decisiones. Tenemos pocas organizaciones civiles, hay pocos consejos consultivos operando de manera óptima y más allá de los presupuestos participativos y contadas decisiones de los municipios, casi nada se somete a consulta pública.
No somos de una tradición participativa como la de muchos países europeos o la propia democracia en América que Tocqueville nos describió en el siglo XIX. Somos de una tradición más apegada a la veneración del Tlatoani en donde nos sentimos más cómodos sabiendo que hay autoridades para todo y ¡pues que ellos decidan!
Varios días ha estado en la agenda pública el tema del aeropuerto. Y no, no es que nos hayamos aburrido y no tengamos nada más relevante de que hablar. Un tema trascendental en nuestra vida democrática se está discutiendo y va más allá del aeropuerto: el derecho a participar en lo público.
En el imaginario colectivo, esta obra está vinculada al despojo de tierras; en 2006 el proyecto de construcción de un nuevo aeropuerto (NAICM) selló el nombre de Peña Nieto al de las violaciones de derechos humanos por el caso de Atenco. Doce años después resulta difícil pensar que los compromisos adquiridos entonces no se encuentren pesando a un lado de la balanza en la construcción del NAICM.
En el contexto de corrupción sistemática que vivimos en la administración de Peña Nieto, en donde varias obras de infraestructura han estado plagadas de malas decisiones, amiguismos, sobornos, conflicto de interés y corrupción, esta obra no se ve bien.
El presidente electo, López Obrador, ha decidido someter la construcción del aeropuerto a consulta. Esa sola propuesta ha hecho que los defensores del Tlatoanismo se lancen a la arena pública a ridiculizar la propuesta. Entre los argumentos encontramos: la poca preparación del ciudadano promedio, que es un tema muy técnico, que la mayoría de gente en México ni siquiera hace uso del aeropuerto, etcétera. En resumen, que carecemos de las competencias para decidir.
A este derroche de ignorancia y clasismo quiero responder con algunos comentarios. En primer lugar, cualquier decisión que involucre recursos públicos o sea sobre la cosa pública puede ser sometida a consulta por el simple hecho de ser un tema –presten atención– público. Segundo, cualquier proyecto público tiene dimensiones más allá de las técnicas, creer que el aeropuerto es única y exclusivamente un tema técnico es peligroso y ciego a sus dimensiones políticas y sociales. Tercero, si de verdad creemos que mucha gente ni siquiera utiliza el aeropuerto ni se beneficia de ello, entonces debemos replantearnos la necesidad de invertir tanto dinero en una obra que beneficia a pocos. Dado que no es así, regresamos al punto primero, éste es un tema de todos, el cual beneficia y afecta a muchos.
No quiero numerar todos esos países donde se consultan temas altamente complejos, sólo diré que existen y su viabilidad depende, en primer lugar, de que exista suficiente información entre quienes emitirán su opinión.
Es muy importante que la consulta no sea un mero trámite ante una decisión tomada ni que limite a las personas a posicionarse sobre un tema que desconocen. No se trata de poner sobre la mesa los elementos técnicos sino los económicos y sociales. ¿Por qué necesitamos un aeropuerto? ¿Qué implica en materia ambiental? ¿Qué efectos tendrá social y económicamente? ¿Qué significa no tener un nuevo aeropuerto? Entre tantas otras.
No podemos pensar en consulta sin hablar de información. Y son varias las preguntas que tenemos que hacernos públicamente para decidir de manera colectiva, no sobre la viabilidad técnica del aeropuerto sino la política y social.
Quizá pronto estemos sometiendo a consulta temas de gran envergadura que tradicionalmente se limitan o lo que un reducido grupo en la élite política y económica opina. Quizá el día de mañana sometamos a consulta aquellos proyectos y programas que tradicionalmente han beneficiado a los menos y nadie cuestione más si somos competentes para hacerlo.