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- Anexo 13: inflado con recursos para programas asistenciales y sin perspectiva de género
- Propician las políticas públicas actuales el borrado de las mujeres
Guadalupe López García
SemMéxico, Ciudad de México, 31 de octubre del 2022.- El monto contemplado para 2023 del Anexo 13, correspondiente a la igualdad entre mujeres y hombres en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), es una simulación que esconde la irresponsabilidad del gobierno federal en el compromiso para el que fue creado ese apartado, afirmaron integrantes de la Alianza de Redes Feministas Nacionales.
En conferencia de prensa, al dar lectura al Pronunciamiento respecto al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2023, indicaron que la propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el Anexo 13 -entregada el 8 de septiembre pasado a la Cámara de Diputados- contempla $ 346,077,017,893, lo que equivale a 14 pesos por día para cada mujer.
Manifestaron que desde el sexenio anterior y lo que va del presente, la SHCP ha “inflado” ese agregado “con recursos de programas asistenciales o de tipo administrativo, que en nada contribuyen a disminuir las desigualdades entre mujeres y hombres. Año con año, le han ido sumando programas sociales sin perspectiva de género, hasta tener en este PPEF 2023 un Anexo 13 que claramente no cumple con el propósito de disminuir las desigualdades entre mujeres y hombres”. Si se eliminaran esos rubros, se destinaría solo un peso diario por cada mujer.
La pretensión del actual gobierno federal es crear dependencia con “ayudas económicas” ínfimas y clientelas electorales, con una visión asistencial y no de derechos humanos ni para disminuir las desigualdades y las violencias, lo que se refleja en la desaparición de programas orientados a atender las necesidades de las mujeres, entre ellos el Programa para la transversalidad de la perspectiva de género, dirigido a fortalecer las instancias de las mujeres en las entidades y municipios del país, acotaron.
Las políticas públicas han cambiado su enfoque y su objetivo, propiciando el borrado de las mujeres y destinándoles “migajas” del recurso federal, acotaron Lourdes García, Joss Gámez Mendoza, Magdalena García, Yndira Sandoval, Patricia Olamendi, Leticia Burgos, Yan María Yaoyólotl, Elisa Blengio, Pilar Alberti, Elsa Padilla Galván, Martha González Rentería, Sara Gabriela Aragón y Marina Reyna, entre quienes dieron lectura al pronunciamiento y las que estuvieron presentes en la conferencia virtual.
Entre los casos mencionados, expusieron que a diez años de que la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, la Cámara de Diputados no ha asignado presupuesto para su implementación ni para los fondos que establece.
Asimismo, los recursos en el ámbito de la salud han disminuido drásticamente, poniendo en riesgo la vida de las mujeres. El dinero destinado a prevenir la mortalidad materna disminuyó de 2018 a la fecha en 50 por ciento, al igual que para enfermedades de transmisión sexual, las cuales han aumentado en entidades como Quintana Roo. Las muertes por cáncer de mama y cérvico uterino han aumentado en 35 por ciento.
Destacaron que representantes del partido Morena han mostrado una “vergonzosa dependencia” al poder Ejecutivo y una incapacidad de cumplir sus obligaciones, además de que se han encontrado con muros que impiden el diálogo con el gobierno federal y en la Cámara de Diputados. Recordaron que la actual legislatura de la paridad evidencia su déficit de legitimidad, al destinar un presupuesto ínfimo e insuficiente a los programas destinados para la igualdad entre mujeres y hombres.
La Alianza feminista demandó designar un presupuesto público suficiente que reconozca la contribución de las mujeres a las cuentas nacionales y a sostener la vida de las familias, las comunidades y el país y que dé cumplimiento a las leyes que protegen los derechos de las mujeres y para erradicar las violencias, además de los tratados y convenciones internacionales en las materias firmados por México.
Del mismo modo, que la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados pida a la SHCP depurar el Anexo 13 para transitar hacia la transversalización de la perspectiva de género en todo el presupuesto federal, tomando en cuenta la experiencia de las organizaciones feministas, además de fiscalizar los recursos y dar a conocer los avances al término de cada periodo legislativo.
Solicitó destinar y garantizar presupuestos progresivos para el buen funcionamiento de refugios especializados para mujeres víctimas de violencia, a sus hijas e hijos, considerando el incremento proporcional y correspondiente al efecto inflacionario, vigilando y asegurando que el presupuesto sea entregado oportunamente.
En la sesión de preguntas y respuestas, Patricia Olamendi dijo que es una instrucción y una política del presidente Andrés Manuel López Obrador de que todos los programas etiquetados para mujeres desaparezcan, de que no haya colaboración ni espacios de diálogo con organizaciones de la sociedad civil ni que se les asignen recursos, desde que inició su mandato con la circular uno. Es una política del gobierno en contra del movimiento feminista y del avance de los derechos humanos de las mujeres que atenta contra su vida, su libertad, su seguridad y que pone en grave riesgo no solo la generación actual sino las futuras, añadió.
Magdalena García insistió en que las autoridades no entienden lo que es la perspectiva de género. Piensan que con que se mencione “mujeres” o los programas antipobreza es suficiente. Estimó que no se puede seguir manteniendo las políticas de austeridad y que este gobierno es uno de los más neoliberales que ha tenido México.
Las expositoras hablaron del seguimiento a los presupuestos en observatorios y contralorías y las iniciativas que han presentado en parlamentos abiertos desde hace tiempo. Al respecto, Lourdes García indicó que se ha encontrado que no hay un ejercicio pulcro del presupuesto con obras que no existen y gastos que no se ejerce de manera adecuada.
Yndira Sandoval comentó que esta disminución presupuestal deja a las mujeres en una “orfandad institucional”. El presupuesto está puesto en la militarización y en una política que criminaliza y mina todo el territorio nacional, además del aumento de los asesinatos de mujeres todos los días, recalcó.
Al respecto, Olamendi citó que los asesinatos de las mujeres en 2021 fueron 7 mil, cuando en América Latina y El Caribe fueron menos de 3,400. Hay 253 mil carpetas de investigación por violencia familiar, imposible de atender. La violencia contra las mujeres no se atiende, no se cuestiona, se minimiza. El principal programa para atender la violencia no tiene presupuesto. Esto da cuenta de que la violencia contra las mujeres no está en la agenda del presidente, además de que ninguna de las gobernadoras ha presentado un programa al respecto, señaló.
Pilar Alberti mencionó que se ha anunciado un crecimiento económico del 4 por ciento, pero no se sabe a dónde va ese dinero. Se está apoyando en cuestiones de empobrecimiento y de bienestar, pero no la médula que son los derechos humanos de las mujeres; en concreto, los cuidados, los cuales no se quieren reconocer, por lo que la iniciativa correspondiente se quedó estancada en el Senado. Si las mujeres no están en la economía, la democracia y el país no avanzan, cerró.
SEM/glg/MG
