Palabra de Antígona / Mujeres y privatización

Sara Lovera

Fuente: El Sol de México

Mérida, 21 de octubre de 2026.- Conceptualmente, el gobierno de la República explica una y otra vez, en las últimas semanas y frente a la crisis del IMSS, que el desmantelamiento del sistema de distribución de medicamentos y del Seguro Popular evitó la tendencia privatizadora de la salud que buscaba el «neoliberalismo».

Habló de «corrupción», ambición y derecha. Desmanteló la entrega de vacunas a niñas y niños recién nacidos, que suman un millón 67 mil cada año, según los datos más recientes del INEGI.

La abogada Mireya Toto asegura que ese desmantelamiento podría constituir un crimen de lesa humanidad, al no vacunar a tiempo a millones de criaturas, lo que ya ha generado algunas epidemias, como la del sarampión.

El desabasto de medicamentos afectó la vida de muchas familias, sobre todo de las más pobres, así como la atención de enfermedades como los cánceres que afectan a las mujeres y a la infancia. Es mentira eso de los medicamentos «gratuitos» en el IMSS, IMSS-BIENESTAR, ISSSTE o los servicios de Salud: hay familias obligadas a desembolsar hasta 2 mil 679 pesos en farmacias privadas y consultorios adyacentes a ellas.

Es decir, estamos ante un fenómeno, ¿no privatizador o sí privatizador?, heredado por este gobierno, que no sabe qué hacer frente a él. No he leído algo tan ridículo como la propuesta de ir a los hospitales con libreta en mano para ver qué falta. En ocho años, la 4T fue incapaz de hacer un diagnóstico del desastre en salud. Asa Cristina Laurell, quien renunció al IMSS en 2020, dijo claramente que estaba en camino un «golpe» al sistema de salud.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) mostró que, desde 2022, las farmacias privadas ofrecían 10 millones de consultas al mes, con una ganancia promedio de 500 millones de pesos mensuales —50 pesos por consulta—. En abril de 2026, ya eran 14 millones de consultas y 20 mil consultorios privados distribuidos en el país. A las ganancias por consulta de los particulares hay que sumar la venta de medicinas, los servicios de laboratorio y otros ingresos.

Según un estudio de Deloitte de abril de 2026, la medicina privada está posicionada como una alternativa para millones de pacientes y ha asumido el papel del Estado al ofrecer atención médica básica, cercana, flexible y oportuna.

Según este informe, existen más de 62 mil establecimientos de este tipo. El 20% opera como minisúper y cuenta con alrededor de 50 mil 30 puntos de venta de medicamentos y artículos de salud. En la práctica, sustituye al sistema del Estado y alcanza ventas por 19 mil 800 millones de dólares.

Si esto no es un proceso privatizador y una crisis, ¿qué es? Entre sus consecuencias, ampliamente estudiadas, está la sobrecarga que recae en las mujeres cuidadoras, quienes se hacen cargo de niñas y niños, adolescentes y personas mayores, fatigadas y sin oportunidades de desarrollo. Vivimos una incongruencia conceptual y una falta de empatía de género.

El estudio sobre el crecimiento de las farmacias privadas con consultorios que ofrecen atención básica habla de las debilidades estructurales del sistema de salud, que han colocado a México entre los 38 países de la OCDE con la cobertura de salud más baja. Tres de cada 10 mexicanos no tienen acceso a servicios médicos.

¿No lo aquilata la actual administración? Esta realidad es clara para las y los trabajadores del IMSS y los derechohabientes. Es una situación costosa para quienes no pueden surtir sus recetas, no acceden a la atención de emergencia o no encuentran laboratorios; también para quienes destinan más de 50% de su bolsillo a la atención médica pagada, como señala el INEGI. Y las «ayudas» o becas se diluyen.

El 17 de enero de 2020, ante las acciones de desmantelamiento del sistema de distribución de medicamentos y vacunación, renunció la doctora Miriam Esther Veras Godoy, evaluadora internacional de la OPS. Su renuncia anunciaba el desastre; nadie la recuerda, ¿verdad? Aunque argumentó problemas de salud, se fue indignada y, así, la 4T se deshizo, sin pena ni gloria, de la funcionaria más importante en el manejo de vacunas y medicamentos. En el gobierno claro que saben lo que pasa, pero decidieron justificarse con aquello de la soberanía y el neoliberalismo. Realmente privatizaron. Veremos.

*Periodista, editora de género en la OEM y directora regional de Semlac.