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Martha Tagle
Fuente: El Sol de México
10 de noviembre de 2026.- Hace casi veinte años, un grupo de diputadas feministas nos propusimos que los derechos de las mujeres dejaran de ser promesas escritas en las leyes. Se acababan de promulgar las leyes generales de igualdad y para una vida libre de violencia, y sabíamos que sin presupuesto no habría políticas públicas capaces de hacerlos realidad.
Así nació, en 2008, el Anexo 9A, antecedente del actual Anexo 13. Participé en su construcción junto con Marisela Contreras, Elsa Conde, Yolanda Rodríguez y Susana Monreal, entre otras, con la firme convicción de que había que comenzar por etiquetar recursos públicos para reducir las desigualdades.
Hoy, mientras la Cámara de Diputados discute el Presupuesto de Egresos de 2027, esa idea cobra especial relevancia. La pregunta no es solamente cuánto dinero se destina al Anexo 13 y si cada año aumenta, sino qué políticas se financian, a quiénes benefician, si reducen brechas de desigualdad y qué cambios producen en la vida de las mujeres.
Aquella conquista fue resultado de la articulación entre legisladoras de distintos partidos, organizaciones feministas y especialistas. Queríamos que los programas y políticas públicas tuvieran recursos para garantizar derechos. No se trataba de crear una bolsa de dinero, sino de transformar las prioridades del Estado.
Un presupuesto con perspectiva de género no consiste en repartir dinero a mujeres ni en reunir programas bajo una etiqueta. Por ejemplo, una obra de transporte no es neutral si ignora los recorridos de quienes combinan empleo, escuela y cuidados. Corresponde a las y los diputados examinar las prioridades del gasto, cuestionar las propuestas del Ejecutivo y asegurar que los recursos contribuyan a cerrar las brechas de desigualdad.
Para 2027, el proyecto asigna al Anexo 13 alrededor de 636 mil millones de pesos, un incremento real de 2.1% respecto de 2026. Pero, según la Red por una Política Fiscal Feminista, tres programas de transferencias concentran 71.7% del total, mientras los recursos identificados para prevenir y atender las violencias representan apenas 0.2%.
Las transferencias monetarias pueden mejorar los ingresos de las mujeres, pero no sustituyen políticas públicas que garanticen sus derechos. Una mujer que denuncia violencia necesita protección inmediata, atención especializada, acceso a la justicia y, cuando está en riesgo, un refugio. Todo eso requiere instituciones, personal capacitado y presupuesto suficiente.
Lo mismo sucede con los cuidados. Si una madre debe abandonar su empleo porque no tiene dónde dejar a sus hijos, o una mujer dedica sus días a cuidar a una persona mayor sin recibir apoyo, no basta con entregar dinero. Se necesitan servicios, infraestructura y corresponsabilidad para que cuidar no siga significando renunciar a otros derechos.
Además, no basta con asignar recursos. Hay que vigilar que se ejerzan y evaluar sus resultados. ¿Cuántas mujeres recibieron protección? ¿Cuántas pudieron conservar su empleo? ¿Qué brechas se redujeron? Sin esas respuestas, el anexo corre el riesgo de convertirse en una suma de cifras que no transforma realidades.
El Anexo 9A fue una conquista feminista, pero nunca lo concebimos como una meta alcanzada. Fue una herramienta para transformar la manera en que el Estado decide y utiliza los recursos públicos. Aprobar un presupuesto no significa haber cumplido con la igualdad. No luchamos por ponerle etiquetas al presupuesto sino para que cambiara la vida de las mujeres.