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Mirada antropológica
Rodrigo Llanes Salazar (*)
A la memoria de Betty Narváez
Leydi Marlene, Rosa María, Karina, Elisa, Karime del Rosario, Guadalupe de los Ángeles, Rubí de Jesús, Marisela, Lidia Margarita, Karen Idilia, María Luisa, María Beatriz, María del Carmen, Luisa, Jenny Audelia, Aracely del Socorro, María Selene, Anselma, Clary, Janie Rosaura, Grisel Concepción, Guadalupe, Carolina, Gladys, Reina Alejandra, Frida Sofía, Marisela, María del Carmen, María Paulina, Yuriku, L.Y., Maryna, Gemma Guadalupe, María Evelia, Ledy Marlene, Prudencia, Cecilia Isabel, Wilma Socorro, Gregoria Inés, Paola Noemí, Bibiana, Karina de Jesús, María Eugenia, Carmen del Rocío, Patricia Guadalupe, Wendy Guadalupe, Nelly Rafaela, Teresa, Alejandrina Guadalupe, Abril, Martha Eugenia, Beatriz Guadalupe, Margely, Aracelly, Daniela, Merly Guadalupe, Emma Gabriela. Ni una más.
Todas las mujeres mencionadas arriba, junto con otras tres no identificadas, fueron víctimas de feminicidio en Yucatán de 2008 a la fecha; la mayoría de ellas fueron asesinadas por sus propias parejas sentimentales. Sus nombres, y las circunstancias en las que las asesinaron, fueron leídos el pasado viernes 31 de marzo en la Plaza Grande de Mérida, hacia el final de la “Marcha del silencio” convocada por el asesinato de Emma Gabriela Molina Canto y los feminicidios en el Estado.
Hace menos de un mes escribí en este mismo espacio sobre el problema del feminicidio en Yucatán (6 de marzo de 2017). Entonces, compartí la exigencia de la organización “Yucatán feminicida” de que el Congreso del Estado homologue el delito de feminicidio estatal con el federal, con el objetivo de que se contemplen más elementos para la tipificación de dicho delito.
No hubiera querido volver a escribir sobre el tema. Mucho menos tener que hacerlo pronto. Pero hoy resulta necesario hacerlo.
La “Marcha del silencio” del viernes fue un velorio colectivo. Fue convocado por organizaciones muy diversas en su ideología y en su agenda política. Pero la indignación, el coraje, el sentido de impunidad y de desprotección de los ciudadanos, especialmente de las ciudadanas, nos unió.
A las seis de la tarde, a la caída del sol, en el “remate” del Paseo de Montejo nos reunimos cientos de personas, la mayoría vestidos de negro, de luto, portando velas, veladoras, flores y mantas. En el “remate”, Nancy Walker, activista en contra de la violencia de género y defensora de los derechos de las mujeres, denunció la impunidad y condenó la indiferencia.
“Nos duele la indiferencia”, expresó Nancy. Esa indiferencia ante los gritos de dolor, ante las denuncias por la violencia de género, ante los presupuestos robados que no llegan a proteger a las mujeres y sí a enriquecer a políticos y sus cómplices. Pero “con el sufrimiento no se puede negociar”, nos recordó Nancy.
Alrededor de 2,000 personas marchamos en silencio, de luto, por las calles 58 y 60. En la vanguardia de la marcha se exponían mantas en las que se leían consignas como “La sociedad yucateca exige justicia. Castigo a autores intelectuales y materiales” y “La justicia no se implora, es derecho irrenunciable”.
Al llegar a la Plaza Grande, dos integrantes de la organización Yucatán Feminicida leyeron la lista de las 58 víctimas de feminicidio. Esta lectura me resultó aterradora.
Recordé en ese momento “La parte de los crímenes”, la atroz sección de la novela “2666” de Roberto Bolaño que trata sobre los feminicidios de Ciudad Juárez (nombrada Santa Teresa en la novela).
En esta parte Bolaño describe los detalles de la serie de feminicidios cometidos entre 1993 y 1997; repasa con frialdad, propia de los expedientes de este tipo, los datos de edad, estatura, oficio, ropa, nombre y causa de la muerte de cada una de las mujeres.
En ese momento tuve la escalofriante sensación de que en Yucatán no estamos tan lejos de Ciudad Juárez como pensamos. Pero el pase de lista de las víctimas de feminicidio en Yucatán no era fría como la descripción en serie de Bolaño. Por el contrario, estuvo acompañada de gritos que demandaban “ni una más” y “justicia”, así como de lágrimas de las y los asistentes. También estuvo acompañada de las emotivas interpretaciones de Regina Carrillo de los temas “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, de Fito Páez, y “Todavía cantamos”, de Víctor Heredia.
Cantos de dolor. Al escuchar la línea “una cuchillada del amor” resultaba imposible no pensar en las espeluznantes maneras en que fueron acuchilladas muchas de las mujeres mencionadas por parte de sus parejas. Pero también cantos de coraje y esperanza.
Y habló Ligia Canto; habló por sus hijas y por las víctimas de feminicidio.
Dijo: “el asesinato de mi hija fue la crónica de una muerte anunciada. Fue un feminicidio, no hay duda, esto fue un feminicidio planeado de manera tan fría que no es posible que a mi niña le hayan dado 10 puñaladas, no es posible que lo hayan hecho además a las puertas de su casa y que sus hijos lo hayan presenciado, y hayan escuchado los gritos de su madre. Ni una más, justicia”.
En ocasiones anteriores he insistido en la importancia de la ley para erradicar la violencia de género, particularmente el feminicidio.
Sin duda es necesario contar con la tipificación del feminicidio como un delito grave en nuestro código penal, así como con un protocolo de investigación, tipificación y atención de dicho delito.
A raíz de estos cambios legales se han reconocido recientemente los primeros feminicidios en el Estado. Sin embargo, la ley no es suficiente, sobre todo si recordamos que buena parte de nuestras conductas se encuentran influidas por normatividades distintas a la de la ley del Estado, como las de la familia, la escuela y el trabajo.
Lo más grave del caso de Gabriela y de las víctimas de feminicidio es que existe una normatividad, distinta a la ley del Estado, que hace posible los feminicidios. Una normatividad en la que la mujer sigue siendo considerada un objeto de servicio y de placer para el hombre que provee y que goza, en la que la mujer tiene que aguantar la violencia del hombre, en la que la mujer es considerada un objeto y propiedad del hombre.
Muchas veces esta normatividad rebasa a la ley del Estado, como cuando una mujer o sus familiares van al Ministerio Público a denunciar la violencia de género y los servidores públicos responden: ¿para qué denuncias, entonces quién te va a mantener?
Lo que urge es transformar esa normatividad. La ley es una herramienta para hacerlo, siempre y cuando tenga como su objetivo la plena protección de los derechos humanos y la vida digna y libre de las personas. Pero no es la única. La organización y movilización de la sociedad es fundamental. Y en este caso resulta urgente la investigación y el castigo a los autores intelectuales del feminicidio de Gabriela, el castigo a las redes de complicidad, que por acción u omisión están provocando tanto sufrimiento en nuestra sociedad. El Estado y la sociedad toda no pueden seguir dejando desprotegidas a las víctimas de la violencia de género. Ni una más.— Mérida, Yucatán, México.
rodrigo.llanes.s@gmail.com
Investigador del Cephcis-UNAM. Presidente del Colegio de Antropólogos de Yucatán