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Es crucial que las nuevas bancadas de Mujeres tengan como prioritario legislar en torno a los derechos sexuales y reproductivos. Particularmente por la despenalización del Aborto en Jalisco y México. No dejen a las defensoras solas y exponiendo su vida por algo que es una responsabilidad del Estado: Garantizar una vida libre de violencia para las mujeres.
Luego de las movilizaciones de agosto pasado por la despenalización del aborto, en México repuntaron las violencias contra defensoras de derechos sexuales y reproductivos. La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México contabilizó al menos ocho agresiones contra ellas. Con amenazas de muerte e intimidaciones directas, grupos fundamentalistas intentan inhibir su labor. Es el caso de las defensoras Guadalupe Ramos y Sandra Cardona, que se mantienen bajo amenaza por defender el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos.
Guadalupe Ramos Ponce es coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) en el estado mexicano de Jalisco, desde hace 18 años, organización promotora de los derechos de las mujeres, así como sus derechos sexuales y reproductivos. La defensora ha sido víctima constante de agresiones, entre las que se cuentan campañas de desprestigio y escarnio público, particularmente por parte de grupos conservadores. El último episodio fue protagonizado por el cardenal emérito Juan Sandoval Íñiguez, quien a través de un video denostó a Guadalupe Ramos y a dos reconocidas defensoras, Karen Luna, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), y María de la Luz Estrada Mendoza, de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), después de su participación en el Diálogo en Torno al Derecho a Decidir, que se llevó a cabo el 26 de septiembre en el ITESO Universidad Jesuita de Guadalajara.
CLADEM alertó sobre el alto nivel de riesgo por ésta “campaña de odio”, promovida por Sandoval Iñiguez, que implica la defensa del derecho de las mujeres a decidir, y urgió al estado mexicano a investigar y reconocer la agresión que padecieron las tres activistas, Karen, Guadalupe y María de la Luz, así como adoptar las medidas necesarias para su protección.
Los recientes ataques contra Guadalupe Ramos se dan en el contexto de un movimiento internacional originado en Argentina, identificado como la Marea Verde, y el hashtag #8A, que demanda la legalización del aborto, en concordancia con la defensa de los derechos humanos de las mujeres y que de haberse concretado el proyecto, sería el tercer país después de Cuba y Uruguay, en permitir el aborto en las primeras 14 semanas sin restricciones y en todo el territorio. Es en este marco que repuntan las agresiones contra defensoras de derechos sexuales y reproductivos en México. Las defensoras mexicanas han sido amenazadas de muerte, denostadas e intimidadas de forma directa y a través de correos electrónicos o redes sociales, como el caso de la activista Sandra Cardona, integrante de la Red Necesito Abortar, en Monterrey, Nuevo León quien a través de correos electrónicos ha recibido amenazas de muerte, después de solidarizarse con la oleada argentina. “Te estoy vigilando, sé quién eres y dónde vives Sandra Cardona, te sigo en lo que haces. Deja de matar niños o las muertas van a ser otras. Somos varios”.
En México, la inacción de las autoridades es común en los casos de agresiones contra defensoras; en lo que respecta a las defensoras de derechos sexuales y reproductivos, el Estado mexicano ha sido incapaz de blindarlas de los ataques de grupos fundamentalistas, pese a que, como ha señalado la Organización de las Naciones Unidas, el actuar de estos grupos representa una de las principales amenazas contra el sistema de derechos humanos y especialmente contra los derechos de las mujeres y personas LGBTI.
Ejemplo de ello es el intento de asesinato que, el 13 de marzo de 2018, padeció la defensora Sandra Peniche Quintal, directora de la Clínica Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, con sede en Mérida, Yucatán. En una carta pública, la RNDDHM sostiene que “la agresión física contra esta defensora pudo evitarse”, ya que las autoridades estatales y municipales y la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán estaban al tanto del constante hostigamiento y acoso que la defensora sufría por parte de grupos provida, más nunca intervinieron.
